"Inpec debe definir lugar de reclusión de 'La Gata'"

Así lo determinó el Tribunal Superior de Cundinamarca, al considerar que el juez primero de Ejecución de Penas no contaba con las facultades para ordenar el traslado de la empresaria del chance a la costa Caribe.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca manifestó que el juez primero de ejecución de penas de Fusagasugá no tenía las competencias para ordenar el traslado de la empresaria del chance Enilce López Romero para que pagara su pena en un centro hospitalario como lo determinó el pasado 31 de diciembre.

Al resolver el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General, el Tribunal consideró que el funcionario judicial tuvo que haberle pedido al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) que definiera el lugar de reclusión de la empresaria quien debido a su grave y delicado estado de salud debe estar en detención hospitalaria.

En uno de los puntos clave de la discusión, se señala que el juez no incurrió en ninguna extralimitación cuando negó el traslado de López a un centro de reclusión ya que existen diferentes dictámenes médicos que indican que la procesada debe estar bajo constante vigilancia médica y atención especializada pues presenta diferentes problemas de salud.

“Es claro que la condenada en mención, padecía enfermedad grave que justificaba la necesidad de que continuara en reclusión hospitalaria, situación que no ha variado, por el contrario, se reafirmó con el informe de auditoría presentado por Caprecom (…) se concluyó que la sentenciada presenta grave enfermedad y que su estado de salud, en aras de garantizar su vida, requieren manejo hospitalario dado que los centros penitenciarios no cuenta nin con el personal ni con los medios para atenderlos”.

Ante esto, no se cuestiona el hecho de que el administrador de justicia aseguró que se tomó una decisión ajustada a la ley puesto que se protegió el derecho fundamental de la salud de conexidad con la idea y la procura de un tratamiento humanitario a López, quien fue condenada a 37 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto paran delinquir agravado.

Sin embargo, fue claro en determinar que es el director del Inpec y su Dirección Jurídica el que, según sentencias de la Corte Constitucional, el que debe tomar la decisión frente al lugar al que debe ser traslado de un procesado. En el caso de López se debe tener en cuenta las recomendaciones hechas por los médicos especializados de Medicina Legal que presentaron tres informes entre agosto y diciembre de 2013.

“En el caso concreto, el a quo a más de resolver que la penada López Romero continuara en reclusión hospitalario, no solicitó al Inpec determinara el sitio de reclusión, como el correspondía hacerlo al tenor del artículo 68 del Código Penal, sino que a continuación sin especifico fundamento jurídico, salvo disertación en torno sobre la unidad familiar invocado el artículo 42 de la Constitución Política y ‘como le recomendara ek medico tratante’, ordenó al Inpec que la trasladara a un centro médico de la ‘Costa Caribe colombiana’”.

Ante esto se indica que “el Inpec recobra el ejercicio de la facultad de decidir sobre el traslado, lo cual no implica per se que deba disponer el retorno de la condenada al sitio originario –municipio de Soacha-, o de señalar uno diferente al que en la actualidad se encuentra, sino la facultad de asumir una determinación que se acomode a la evolución del estado de salud de la condenada conforme a las recomendaciones médicas y demás aspectos pertinentes que ameriten racionalizar una decisión de tal naturaleza, que bien podría coincidir con la que rige actualmente”.

El Tribunal no aceptó la solicitud para revocar la decisión del juez y tampoco de ordenar la compulsa de copias para investigar a los médicos especializados que presentaron sus respectivos informes frente al estado de salud de López, quien a mediados de enero fue trasladada de la clínica cardiovascular de Soacha a la clínica Simón Bolívar en Barranquilla.