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El reciente informe de Human Rights Watch (HRW) en el que indica que las muertes de 24 reclusos de la cárcel La Modelo de Bogotá en el intento de motín del 21 de marzo de 2020 habrían sido deliberadas y la publicación de El Espectador en el que se dan detalles de las necropsias volvieron a poner en tela de juicio cuál fue el actuar de los miembros del INPEC esa fatídica noche. Según el director de la organización para las Américas, José Miguel Vivanco, existe una alta probabilidad de que los ataques de los guardias hayan sido intencionales, mientras que este diario reportó que Medicina Legal señaló que 21 internos murieron de manera “violenta-homicidio”.
El Inpec, a través de un comunicado de prensa, señaló que desde que ocurrió el motín se puso a disposición toda la información “y ha brindado toda la colaboración frente a los distintos requerimientos que en el marco de las investigaciones que avanzan, adelantan la Procuraduría y la Fiscalía”, quienes, según la comunicación, son las que en últimas determinarán qué fue lo que pasó esa violenta noche cuando los presos pedían medidas de bioseguridad para evitar contagios masivos en las cárceles. Esa noche también terminaron heridas 82 personas privadas de la libertad y algunos integrantes del Inpec.
“La Dirección General del INPEC ha sido respetuosa de la actuación procesal en las investigaciones y reitera su total disposición para atender de manera expedita todos los requerimientos que las autoridades competentes realicen en el marco de las investigaciones penal y disciplinaria. De la misma manera, el Instituto considera que el pronunciamiento de la ONG, no valora las circunstancias excepcionales que se presentaron al interior del Establecimiento la noche de los hechos, las cuales comprometieron la vida e integridad personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”, añade el comunicado de prensa del Inpec.
Por último, el organismo encargado de la custodia de los 120.000 presos en Colombia y adscrita al Ministerio de Justicia recalcó que “en este momento no se pueden señalar responsables, hasta tanto no se den los resultados finales de la Investigaciones que adelantan los organismos legalmente establecidos para tal fin. Finalmente, el Instituto hace un llamado a que se respete la reserva legal de las actuaciones procesales, ya que las publicaciones de apartes descontextualizados de los informes, pueden llevar a conclusiones apresuradas de los hechos”.
Lo que señalan las necropsias
El Espectador revisó las 24 necropsias en las que se cataloga a 19 de las muertes como “violenta-homicidio” y a las otras cinco como violentas “en contexto por determinar”. Solo en tres de ellas se destacó que se trató de muertes bajo custodia estatal, un elemento grave, pues los expertos del International Rehabilitation Council for Torture Victims y del Independent Forensic Expert Group, que evaluaron las necropsias para Human Rights Watch, se mostraron preocupados de que Medicina Legal no hubiera aplicado en esta investigación el protocolo de Minnesota, un mandato internacional que detalla cómo se deben llevar las pesquisas por ejecuciones extrajudiciales.
En 12 de los informes, los peritos especificaron que no había residuos de disparo en el cuerpo. De encontrarse, habrían sido indicios de que el arma fue accionada a poca distancia de las víctimas. En el resto de reportes no se hace referencia a si había o no rastros de los tiros. Solo en la necropsia de una de las víctimas, Henry Humberto Gómez Méndez, de 46 años, condenado por feminicidio y quien murió producto de un disparo en la parte baja posterior del cráneo, se dice que existió “confrontación con guardia y muerte”. No obstante, en el examen a su cuerpo el médico forense aclaró que no se hallaron residuos de pólvora. Lea aquí el informe completo.