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En el escándalo por los seguimientos informáticos que la inteligencia militar le hizo a cerca de 130 personalidades (entre miembros de organizaciones sociales, periodistas y políticos de oposición) siguen apareciendo nombres de ese listado. Noticias Caracol reveló que, dentro de las carpetas que policía judicial de la Procuraduría y la Dijín encontraron durante un allanamiento en diciembre de 2019 al batallón de ciberinteligencia del Ejército, ordenado por la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, había imágenes de los pasaportes con información reservada del expresidente Ernesto Samper Pizano, varios miembros de la ONG que preside, Vivamos Humanos; tres ciudadanos extranjeros y un funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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En detalle, en manos del Ejército estaban imágenes de los pasaportes de Mateo Alejandro Córdoba y Lina María Mejía, quienes pertenecen a la ONG que lidera el expresidente y que trabaja en temas de paz desde 2001. También fue recopilada información del ciudadano español Joaquín Gutiérrez García y la ciudadana argentina Cristina Alejandra Fahile. Según el noticiero, la Corte Suprema y la Fiscalía buscan establecer quiénes son, si desarrollaron actividades en favor de la paz en Colombia y por qué figuran en los rastreos de los militares. La institución castrense también tenía los datos migratorios de Antonio Pancorbo de Rato, funcionario del FMI.
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En un comunicado la ONG le pidió al Gobierno, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional que expliquen por qué los seguían. "Expresamos nuestra preocupación por la seguridad de los colectivos y asociaciones víctimas del conflicto armado, asociaciones campesinas, desmovilizados y la de todos aquellos que pueden verse expuestos a partir de la persecución a los miembros de la Corporación Vivamos Humanos. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la humanización del conflicto y la paz. Estos hechos solo ratifican el peligro permanente al que están expuestos los defensores de derechos humanos en el país.
“Aunque no es malo estar en la lista de los que son buenos, no deja de producir cierta sorpresa sobre todo que busquen mi foto en el pasaporte cuando todas las actividades de Vivamos Humanos se cumplen dentro de Colombia”, señaló el expresidente Ernesto Samper en el informe periodístico. Camila Cuasialpud, directora ejecutiva de Vivamos Humanas, señaló que “Estamos dedicados al servicio de Colombia a la construcción de paz y deberíamos tener derecho a la protección de nuestros datos personales y a nuestra información”.
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Este fin de semana, la periodista María Jimena Duzán señaló que la magistrada Cristina Lombana, quien fue miembro del Ejército y la que ordenó el allanamiento a la sede de inteligencia del Ejército en Cota, habría ocultado por cuatro meses y medio, las carpetas en donde se revelaban seguimientos de inteligencia a periodistas, políticos y representantes de Organizaciones no Gubernamentales. Duzán señaló que, hace dos semanas, cuando la revista Semana publicó las carpetas, la magistrada incorporó la información a la investigación y le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que investigara estos hechos.
Sin embargo, según Noticias Caracol, aunque el informe final sobre el allanamiento al batallón de ciberinteligencia estaría listo para marzo de 2020, no fue posible por cuenta de la pandemia del coronavirus y porque, además, la cantidad de información recopilada era demasiada, lo cual han confirmado también a este diario fuentes de policía judicial que participaron en el allanamiento. Prueba de ello, dice Noticias Caracol, es un documento del pasado 10 de marzo en el que la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría (equipo que acompañó a la magistrada a hacer el allanamiento), le pidió a la magistrada Lombana una prórroga para entregar los resultados de los archivos desencriptados.
Por estos seguimientos informáticos, el 1° de mayo pasado, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que 11 oficiales del Ejército fueron apartados de su cargo y un brigadier general solicitó el retiro voluntario. “Respetuosos de los procesos de investigación y, en aras de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, el Ejército Nacional ratifica que tomará acciones inmediatas frente a las decisiones que vayan adoptando los entes judiciales y de control”, dijo el alto funcionario desde la Escuela Superior de Guerra.
Entre las personas perfiladas están el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; el corresponsal de la National Public Radio, John Otis; el del Wall Street Journal, Juan Forero; el fotógrafo Stephen Ferry; las periodistas de Time, Lynsey Addario y de Noticias Caracol, María Alejandra Villamizar, la directora de RCN Radio, Yolanda Ruiz; el director de Univisión, Daniel Coronell; el subdirector de Noticias Uno, Ignacio Gómez; la editora de la Unidad de Datos de El Tiempo, Ginna Morelo; así como periodistas de La Liga Contra el Silencio; miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y de sindicatos como la Confederación General de Trabajadores (CGT); entre muchos otros. En varios casos, las "tareas especiales" fueron más allá de perfilamientos y el Ejército, asegura la publicación periodística, incluso intentó averiguar quiénes eran las fuentes de los comunicadores.
Asimismo, en los más de 130 perfilamientos que denunció Semana hay carpetas de figuras políticas de la oposición como los senadores Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino. Pero, según la publicación periodística, también fue objeto de estos seguimientos el exsecretario de Presidencia y actual embajador ante el Vaticano, Jorge Mario Eastman. Lo que indica que entre las personas de interés para inteligencia militar figuraban hasta funcionarios de toda la confianza del presidente Iván Duque.