Inteligencia no tiene control sobre equipos para hacer chuzadas

Si se trata de seguimientos e interceptaciones a los miembros del equipo negociador de la paz del Gobierno, están en contra de la ley si no tienen orden judicial.

La Dirección Nacional de Inteligencia no tiene claridad sobre la ubicación y el uso de los equipos de inteligencia que hay en el país. / Archivo

Nuevamente el país se conmociona por los seguimientos e interceptaciones que habrían realizado miembros del Ejército al equipo negociador de la paz del Gobierno en La Habana (Cuba), desde un local ubicado en el sector de Galerías, en Bogotá, denunciados por la revista Semana. Aunque el Gobierno ha tratado de bajarle el tono al debate asegurando que hay fachadas de inteligencia que son legales, no se ha presentado ninguna autorización judicial para este tipo de seguimientos. Además, queda en evidencia que este tipo de actos no son cosa del pasado y que el riesgo permanece latente porque no existe registro ni claridad sobre la ubicación de los equipos de interceptación.

Asuntos que no son de poca monta, porque podría quedar en evidencia que no existe una política clara frente al manejo de las actividades de inteligencia que se realizan en el país y, lo más preocupante, es que no se estaría respondiendo a una línea de mando al momento de realizar las interceptaciones. Más complejo resulta que no hay transparencia acerca de la ubicación y el uso de los equipos de inteligencia y tampoco se cumplieron los requisitos de la cadena de custodia de los mecanismos con que operaba el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El presidente Juan Manuel Santos, consciente de las implicaciones que puede tener en el ámbito nacional e internacional un escándalo de interceptaciones a los negociadores del proceso de paz, le bajó el tono al debate señalando que “las fachadas de inteligencia, como la que se allanó (registró), son totalmente lícitas. Son operaciones de inteligencia que están contempladas dentro de la Ley de Inteligencia, y eso no tiene nada de irregular”.

Pero si estas interceptaciones fueron realizadas al equipo negociador del Gobierno y no existe una orden judicial son, sin duda, ilegales. Así lo deja claro la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que advierte que hay dos tipos de interceptaciones: las de comunicaciones personales y el barrido del espectro electromagnético. En esta ocasión se trata del primer caso y para que se puedan llevar a cabo se requiere una orden judicial, que sólo puede darse luego de una debida valoración en la que se demuestre que los sujetos objeto de seguimiento tienen vínculos con grupos ilegales.

Así lo explica el senador Juan Manuel Galán, quien advierte que “las chuzadas al equipo negociador del Gobierno son desde todo punto de vista ilegales y debe aclararse quién las ordenó, porque de fondo puede haber un interés de enrarecer el ambiente de las negociaciones. Resulta evidente que el presidente no estaba al tanto de estas actividades”. Sin embargo, Galán aclara que de tratarse de interceptaciones a las Farc no se violaría la norma, porque este es un grupo relacionado con el narcotráfico y el terrorismo.

Situación que es corroborada por el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Álvaro Echandía Durán, quien sostiene que “toda actividad de inteligencia exige el cumplimiento de los controles propios, donde previamente se deben expedir las misiones de trabajo que justifiquen su desarrollo, dentro de las cuales no se han proferido órdenes que impliquen actividades de interceptación de comunicaciones”.

Frente a los equipos para interceptaciones también hay preocupación. En un debate realizado en la Comisión Segunda del Senado, citado por el senador Juan Lozano, dejó en evidencia que no existe control sobre éstos. “La información que habíamos conocido concluía que no se habían cumplido los protocolos de adecuada custodia, del material de inteligencia del antiguo DAS ni de los equipos de interceptaciones”, afirmó Lozano. Situación que fue reconocida entonces por la Procuraduría General de la Nación.

Además, Echandía Durán reconoció que “en cuanto a información de otras agencias o dependencias que disponen de equipos para adelantar interceptaciones, esta entidad no tiene ningún control sobre ellas ni existe dependencia jerárquica, por lo que cualquier información es de su exclusivo conocimiento”. En síntesis, no es claro qué pasa con estas unidades de inteligencia.

Un ejemplo son los siete equipos que fueron adquiridos por el DAS a la Firma Colvista en 2007, que fueron traídos a Colombia, tuvieron serias irregularidades contractuales y, finalmente, no llegaron al organismo investigativo. Sin embargo, cuando una comisión del Senado, encabezada por el parlamentario Juan Manuel Galán, trató de establecer la ubicación de estas unidades nunca fue posible y hasta el momento se desconoce su paradero.

Una encrucijada en la que resulta necesario definir la delgada línea de la legalidad de las acciones de inteligencia y el control sobre los equipos de inteligencia. Asunto necesario de resolver, sobre todo cuando se trata de presuntas interceptaciones a miembros del equipo negociador del Gobierno en el tema al cual el presidente Juan Manuel Santos ha hecho su máxima apuesta: firmar la paz con las Farc.

A responder en el Congreso

El escándalo de los presuntos seguimientos al equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc en La Habana generó ecos en el Congreso, que a través de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia citó a una sesión reservada al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; al comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Berrero; a Juan Pablo Rodríguez; al fiscal general, Eduardo Montealegre, y al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Álvaro Echandía Durán, para que expliquen el trasfondo de las presuntas interceptaciones, el cambio de postura del Gobiernos frente a las denuncias de la revista Semana, cuáles son los protocolos a la hora de adelantar labores de inteligencia y si éstas se cumplen en el marco de la legalidad.

Los equipos perdidos

Los cuestionamientos que han surgido frente a este nuevo escándalo de las llamadas chuzadas son la falta de claridad sobre las políticas de inteligencia del país, si el Ejército tiene facultad para realizar estas operaciones y de dónde provienen los equipos que son empleados para estas labores.

En este último tema hay un desbarajuste institucional, porque la Agencia Nacional de Inteligencia no sabe sobre la ubicación y el manejo de estos equipos, así lo reconoció en una respuesta que envió a la Comisión Segunda del Senado el director Álvaro Echandía, en la que manifestó que esta entidad no tiene control sobre estos dispositivos.

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