Interceptaciones de la Procuraduría en 2001 y 2009 fueron legales: Corte Constitucional

El alto tribunal negó una acción de tutela presentada por el exrepresentante a la Cámara, Miguel Ángel Durán Gelvis contra el fallo que profirió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en su contra por lo que fue condenado a cuatro años de prisión.

El organismo de control ordenó la práctica de varias pruebas en la Presidencia, la Cámara de Comercio de Cartagena y el Ministerio de Educación.El Espectador/ Archivo

La Corte Constitucional negó las pretensiones de una acción de tutela presentada por el exrepresentante a la Cámara, Miguel Ángel Durán Gelvis contra el fallo que profirió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la Corporación, las interceptaciones que se presentaron en su juicio fueron legales, ya que el Ministerio Público tenía “facultades para interceptar” las comunicaciones.

Los seguimientos que se dieron durante el periodo de Edgardo Maya Villazón como jefe del Ministerio Público en contra de 28 funcionarios del organismo de control, entre ellos Adriana Maribeth Fedullo, exfuncionaria del Ministerio Publico, a quien le escucharon las conversaciones con su esposo el entonces representante a la Cámara, Miguel Ángel Durán Gelvis.

(Lea aquí: Punto final para capítulo de chuzadas en la Procuraduría)

De acuerdo con el proceso, luego de analizar las llamadas, Maya Villazón  evidenció cómo el abogado Luis Antonio Zorro logró conseguir, al parecer una certificación laboral, gracias a la mediación de la exfuncionaria, para poder obtener la visa a Estados Unidos; en dicha certificación se indicó que el abogado trabajaba supuestamente como asesor de Durán Gelvis en el Congreso.

Tras la evidencia, el procurador Maya destituyó a ambos funcionarios, tanto a Adriana Maribeth Fedullo como al excongresista, compulsando copias además ante la Corte Suprema de Justicia, para que lo investigara. La Sala Penal condenó al excongresista a cuatro años de prision por el delito de falsedad ideológica en documento público.

Según la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, el Código Penal daba la potestad a organismos como el Ministerio Público de interceptar llamadas telefónicas con el fin de adelantar investigaciones disciplinarias.