Teniendo en cuenta la delicada situación ambiental y el riesgo que representa para los pobladores de la vereda La Bonga, en el municipio de Malambo (Atlántico), la contaminación de agua debido a la presencia de plomo en uno de los pozos que surten del líquido a la región, la Procuraduría General de la Nación, en uso de sus facultades legales y constitucionales, desde el pasado 6 de junio presentó ante el juez quinto administrativo de Barranquilla una acción popular para solicitar que se tutelen los derechos colectivos de estos ciudadanos.
Según lo señalado por el Ministerio Público en su solicitud, los habitantes de dichos municipio, corregimiento y veredas tienen derecho a un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y las disposiciones reglamentarias; además de la necesidad de prevenir desastres técnicamente controlables.
Por otra parte, el ente de control, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, pidió que se le ordene al municipio de Malambo adelantar las acciones policivas y administrativas tendientes para que cese la exposición de sus habitantes a los efectos del plomo, por ser este altamente contaminante y nocivo para la salud de los mismos; al igual que a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) tomar las medidas pertinentes que garanticen la protección del ambiente afectado por las actividades de la fundición de plomo por parte de empresas del sector.
Finalmente, indica la Procuraduría que con este tipo de contaminación, altamente peligroso para la salud y vida de las personas y animales, también se están vulnerando los derechos a la seguridad, salubridad pública y el uso del suelo, dado que, según lo reportado por la administración municipal, las fundidoras no cuentan con uso de suelo de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial vigente del municipio.