Interrogantes en caso 'Tasmania'

Sergio González tenía una finca que colindaba con un predio de Santiago Uribe y era vecino de oficina de Mario Uribe. / Archivo

El hombre que tenía línea directa con la Casa de Nariño de Álvaro Uribe Vélez, el mismo que oficiaba de mensajero entre jefes de las autodefensas detenidos en Itagüí y Presidencia, aquel que intentó mediar en la entrega de los capos del narcotráfico Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera (alias Los Mellizos), el superdateado abogado que llegó a conocer intimidades de las investigaciones de la Corte sobre la parapolítica, y uno de los gestores del contacto con el abogado de Don Berna que terminó en la famosa reunión de las autodefensas en la “Casa de Nari”, resultó condenado la semana pasada por el complot que pretendió enlodar al entonces magistrado Iván Velásquez.

Su sentencia apenas causó revuelo en medio de los escándalos del carrusel de la contratación de Bogotá. La agenda noticiosa pareció descuidar los cabos sueltos de un expediente que no termina de clarificarse y acerca del cual Iván Velásquez, coordinador de las investigaciones de la parapolítica en la Corte Suprema para la época del escándalo, ha sostenido que la Fiscalía se quedó a medio camino, sugiriendo que la conspiración que se tejió en su contra para sacarlo de las pesquisas que encabezaba tuvo que haber sido fraguada por muchas otras personas con mayor jerarquía y poder, distintas al abogado Sergio González Mejía.

Por ahora, la responsabilidad sobre el escándalo Tasmania recae sólo en González Mejía. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó su condena a 70 meses de prisión. Y a pesar de que el fallo de 88 páginas es generoso en el recuento de los hechos y las declaraciones entregadas por el expresidente Álvaro Uribe y otros protagonistas del expediente, para conocedores del proceso no es comprensible por qué no se ordenaron pesquisas paralelas en busca de establecer si, como lo advirtió el propio Tasmania, unos señores muy poderosos fueron los que le ofrecieron $400 millones y una casa para su mamá por declarar en contra de Iván Velásquez.

Según el fallo del Tribunal, para la justicia no cabe la menor duda de que la carta que en septiembre de 2007 envió el exparamilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, al presidente Álvaro Uribe, en la que denunciaba que Velásquez le había ofrecido prebendas a cambio de involucrarlo en un crimen, “fue elaborada por el abogado González Mejía (y) llevada hasta el pabellón donde se encontraba Moncada Zapata para que estampara su firma y huella”. No sólo eso. El Tribunal reconoció que la misiva se había enviado a la Presidencia “por fuera de los canales ordinarios de comunicación de los internos, para lo cual el hoy procesado se reunió con una importante funcionaria del Departamento Administrativo de Seguridad”.

Esa funcionaria, como ya se sabía, era Martha Leal, condenada en diciembre pasado por las chuzadas del DAS. Leal, con gastos reservados de ese organismo, viajó hasta Medellín y recibió allí una copia de la carta de Tasmania. El documento original, indicó el Tribunal de Bogotá, “fue conservado por Juan Carlos Sierra en el penal” de Itagüí. Leal había sido enviada por la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien a su vez había notificado de la situación al secretario de Uribe de la época, Bernardo Moreno. El Tribunal, sin embargo, no hizo ningún intento por exigir que la justicia esclareciera qué papel jugaron realmente Hurtado —hoy asilada en Panamá e investigada por las chuzadas— y Moreno en todo este episodio.

¿Cómo conoció el primo del expresidente Uribe, Mario Uribe Escobar, la denuncia de Tasmania? Según se consignó en el reciente fallo, González admitió que “fue él quien proporcionó información de su contenido a Mario Uribe Escobar y Santiago Uribe Vélez”. Para el Tribunal, se demostró que el 10 de septiembre de 2007, el mismo día en que Tasmania y Velásquez se vieron por primera y única vez, Sergio González “visitó al senador en su apartamento”. No obstante, Mario Uribe le había dicho anteriormente a la justicia que González lo había abordado en el barrio El Poblado de Medellín y, por su parte, González había sostenido que se encontró a Uribe Escobar “por casualidad” en la cafetería del edificio donde González y Uribe Escobar tenían ambos sus oficinas.

La justicia tampoco ha establecido el rol del condenado exsenador en el capítulo Tasmania, lo cual sigue siendo relevante si se tiene en cuenta que cuando el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez se reunió con el exparamilitar José Orlando Moncada, el 10 de septiembre de 2007, el encuentro tenía como fin establecer si Moncada conocía de nexos entre Mario Uribe y los grupos de autodefensas de Antioquia, y que Moncada además sabía de antemano que lo estaban buscando para discutir ese tema, porque así se lo habían indicado dos agentes del CTI días atrás.

Esa reunión entre Tasmania y Velásquez resultó siendo la génesis del enmarañado asunto: en la carta que llegó a la Presidencia los primeros días de octubre de 2007, Tasmania denunció que en el encuentro del 10 de septiembre del mismo año Velásquez le había hecho el ilegal ofrecimiento de implicar a Uribe en un crimen. Ese mismo día se redactó la denuncia de Tasmania que horas más tarde estaría en poder de Mario Uribe.

En el documento del Tribunal también se lee que Sergio González estuvo acompañado por Álvaro Sierra, hermano de El Tuso Sierra, hasta que comenzó la diligencia judicial entre Tasmania y Velásquez ese 10 de septiembre, en el complejo judicial La Alpujarra de Medellín. González, él mismo lo admitió, había estudiado en la universidad con Sierra y desde entonces eran amigos. Según González, fue Álvaro Sierra quien lo puso en contacto con El Tuso Sierra, quien a su vez fue el que pagó todos sus honorarios por ejercer como defensor de Tasmania.

El Tribunal Superior de Bogotá consideró que de ninguna manera el episodio Tasmania podía ser catalogado como un delito menor, porque se habían podido evidenciar “consecuencias nefastas”: el exmagistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez y su colega Luz Adriana Camargo resultaron seriamente cuestionados y estigmatizados; las investigaciones de la Corte Suprema por parapolítica se vieron afectadas, pues algunos testigos dejaron de declarar alegando que no querían involucrarse en una “pugna entre poderes públicos” o que no confiaban en los mencionados funcionarios, y los enfrentamientos que a partir de la denuncia de Tasmania se generaron entre la Presidencia y la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los testimonios más contundentes que se hayan entregado sobre Sergio González fue el de la exsubdirectora de operaciones del DAS Martha Leal. Según ella, María del Pilar Hurtado, como directora del DAS, le asignó la tarea de ser el contacto permanente del abogado González, “lo que significó para mí el principio de mis inconvenientes de mi carrera profesional en el DAS”. De acuerdo con Leal, cuando ella se desplazó a Medellín para recibir la denuncia, ésta le fue proporcionada por el conductor del senador Mario Uribe en un sobre cerrado. Leal también relató a la justicia que de alguna manera González fue el puente para que el DAS grabara clandestinamente a Rafael García a través de Don Berna, entre enero y abril de 2008, con grabadoras adquiridas con dineros de gastos reservados del DAS.

Pero además, una vez estalló el escándalo de la yidispolítica, se supo que Sergio González apareció con información de que Yidis Medina tenía vínculos con el Eln. El DAS pagó $20 millones para tratar de acceder a mayores datos de la enemiga declarada del gobierno Uribe, pero para no dejar registros el dinero se legalizó como si se hubiera utilizado en un operativo contra las Farc. Lo curioso es que hoy Yidis Medina está condenada a 32 años de prisión por un secuestro ordenado por el Eln en el que, alega ella, no participó. González era conocido como el mensajero de los paramilitares en Itagüí con el alto gobierno de Uribe. Con todos estos puntos en común, Iván Velásquez sostiene que es imposible que González hubiera fraguado él solo el complot. El Tribunal pidió, además, que se investigara por qué no se había librado la orden de captura en su contra, tal como lo ordenó la jueza que en primera instancia lo condenó en enero de 2012.