Interrogantes no resueltos en el caso Jorge Pizano

Antes de llegar a la concesionaria Ruta del Sol, Pizano fue gerente del Acueducto de Bogotá. / Archivo El Espectador

Pasadas las 7 de la noche de este jueves, el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, citó a todos los medios de comunicación en el búnker de la Fiscalía. El llamado lo hizo unas cuantas horas después de que W Radio revelara que la mancha de sangre contenida en una toalla que se encontró en el baño de Jorge Pizano no correspondía a la de un ser humano. Así quedó plasmado en un informe que la misma entidad envió a la Fiscalía, lo cual contradecía declaraciones que Valdés había dado al respecto.

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La renuncia de Valdés, quien había hecho una tarea impecable en el Instituto de Medicina Legal durante los últimos ocho años, sacudió de nuevo este caso, de por sí ya lleno de preguntas y suspicacias. Pizano murió el pasado 8 de noviembre en su finca en Subachoque (Cundinamarca) y, aunque Medicina Legal certificó que su deceso fue la consecuencia de un infarto, no hay hasta ahora información suficiente de parte de las autoridades para considerar que este es un tema cerrado.

Pizano murió pidiendo a las autoridades que llamaran “al estrado” a Néstor Humberto Martínez. Él mismo grabó conversaciones que sostuvo tanto con el hoy fiscal general como con directivos del Grupo Aval, en las que les informó de posibles irregularidades que estaba cometiendo la multinacional Odebrecht a través de la concesionaria Ruta del Sol. Es decir, gracias a Pizano, Martínez supo desde antes de llegar a la Fiscalía de, por lo menos, fuertes indicios de anomalías que podían comprometer a una sociedad de la que hacían parte su cliente, el Grupo Aval.

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El fiscal, por su parte, aseguró en público que se comprometió con la familia de Jorge Pizano, de quien era amigo desde hacía varios años, a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre su muerte y la de su hijo Alejandro, la cual se dio tres días después de que Pizano papá falleciera. Pero el manejo de este caso ha sufrido tantos reveses ya que esa transparencia está ahora, más que nunca, cuestionada.

Estos son algunos de los interrogantes que permanecen en el aire tras la salida de Valdés de Medicina Legal.

1. ¿Cómo cayó Valdés en ese error?

Carlos Eduardo Valdés es uno de los médicos especializados en antropología forense con más experiencia en el país. Por eso, sus declaraciones ayer resultaron sorpresivas. Valdés  aseguró que su error había sido asumir que la mancha en la toalla que estaba en la casa de Pizano era de sangre humana, pues esa sangre fue analizada y la conclusión era que allí no había rastros de cianuro, lo que descartaba que Pizano hubiera muerto envenenado.

“Cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios”, expresó Valdés, lo cual, cuando menos, genera una gran duda: ¿el director de Medicina Legal, en el caso que más ha comprometido a su superior –el fiscal general–, no se preocupó por establecer desde un inicio si la mancha de sangre en la toalla correspondía o no a Jorge Pizano?  

2. ¿Bajo qué circunstancias murió realmente Jorge Pizano?

Valdés afirmó que su error no alteraba el resultado de los laboratorios, pues también se había analizado una muestra de saliva de Pizano y allí no se encontraron rastros de cianuro. El trabajo de Medicina Legal en este caso, sin embargo, ya había sido refutado por el sindicato de esa entidad, Sindimedilegal. Javier Oviedo, su presidente, había declarado que como los tejidos de Pizano se conservaron en formol, científicamente no era posible establecer si allí había cianuro o no.

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En ese momento, Valdés afirmó que lo que Oviedo decía era equívoco, y explicó que “la causa de la muerte del señor Jorge Pizano fue determinada a través de estudio de necropsia clínica realizada por el personal de patología del Hospital San Rafael de Facatativá, diagnosticada como muerte natural”. Aun así, fue inevitable que las palabras de Oviedo pusieran un manto de duda sobre el trabajo de Medicina Legal.

Dado que la muerte de Pizano se estableció como “natural”, su familia optó por cremarlo. Legalmente, podía hacerlo. El problema ahora es que, por esa razón, las autoridades ya no pueden recoger más muestras para analizar y descartar el envenenamiento. “Medicina Legal no da fe de la causa de muerte”, dijo Valdés hace un par de días en los micrófonos de La FM, pues no fue esa entidad la que practicó la autopsia del exdirector del Acueducto de Bogotá.

3. ¿Tuvo que ver la muerte de Pizano con el caso Odebrecht?

Esta pregunta es la razón de por qué es tan importante esclarecer si Pizano murió envenenado o no, pues, de haber sido así, una de las hipótesis que debería considerar la Fiscalía es el asesinato. Sin embargo, no tener información suficiente –por la cremación del cuerpo, porque Medicina Legal no fue la que realizó la necropsia– es hoy un obstáculo enorme para confirmar o descartar la idea del homicidio. A estas alturas, lo más probable es que este interrogante nunca sea resuelto con certeza.

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Con un elemento adicional: la Fiscalía no puede usar en la investigación los elementos que recogió en la casa de Subachoque (Cundinamarca) donde murió Pizano. Esta semana un juez de Funza (mismo departamento) confirmó la decisión que hace unas semanas tomó un juez de El Rosal, en el sentido en que todo lo que la Fiscalía recopiló en la casa de Pizano, incluido el tarro de cianuro que el organismo afirmó haber encontrado allí e información del computador y el celular del ingeniero, no son pruebas válidas.

El motivo de esa decisión es que la Fiscalía mantuvo en su poder todos los elementos durante cinco días, a pesar de que la ley indica que las evidencias deben legalizarse en un plazo máximo de 36 horas. Así lo señaló la Procuraduría ante el juez de El Rosal, quien le dio la razón. La Fiscalía, por su parte, alegó que lo que se hizo en la casa de Pizano era una inspección, no un allanamiento, y que por eso el plazo de las 36 horas no aplicaba. El segundo juez que analizó el tema indicó que, más allá del tipo de diligencia, el tema es que la cadena de custodia debe respetarse.

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Ahora, la Fiscalía va a presentar una tutela para tratar de reversar esta determinación, insistiendo además en que los elementos los recibió de forma voluntaria de parte de la familia Pizano. “Con esta decisión se busca que el importante tema tenga una unificación de jurisprudencial y de ser posible llegue hasta la Corte Constitucional”, expresó el organismo en un breve comunicado. Una vez más, el debate está en manos de los jueces.