La Fiscalía General llamará a interrogatorio al gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Diego Bravo y al exgerente de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Henry Romero por la modificación del sistema de aseo en la capital de la República.
El ente de investigación busca esclarecer todo el tema de contratación que rodeó el cambio de esquemas para la recolección de basuras en Bogotá que se ejecutó desde el pasado 18 de diciembre y que provocó un gran número de quejas y denuncias por parte de los ciudadanos.
En el interrogatorio se busca establecer si se presentaron irregularidades en las decisiones administrativas con las que se modificó el sistema de aseo y que habría ocasionado un daño ambiental y un detrimento a las finanzas públicas del Distrito.
Por estos mismos hechos la Fiscalía General fue llamado a interrogatorio el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Vale recordar que la Procuraduría General le abrió el pasado 16 de enero indagación preliminar e contra de Bravo y Romero. (Ver Petro y Bravo, bajo todas las lupas)
Proceso contra Petro se adelantará por escrito
La Procuraduría General determinó que el proceso disciplinario que se inició la semana pasada en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro se adelantará de manera escrita y no oral.Ante esto el mandatario distrital tendrá que presentar de esta forma sus explicaciones sobre la modificación del sistema de aseo en la capital de la capital de la República ejecutado el pasado 18 de diciembre.
Hasta la fecha el alcalde de la capital de la República no se ha presentado a rendir versión libre en este proceso ni ha presentado las solicitudes necesarias para que se le expida un cuestionario.
Se espera que en los próximos días un asesor adscrito a la sala Disciplinaria de la Procuraduría General adelante las pruebas ordenadas en la apertura de la investigación formal contra Petro.
El Ministerio Público tuvo en cuenta la queja presentada por Jorge Miranda, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores quien solicitó que se investigue al alcalde “por sugerir y ordenar que la prestación del servicio de aseo estuviera a cargo de la Empresa de Acueducto de Bogotá”.
Igualmente se validó la acción jurídica presentada por el concejal distrital Orlando Parada quien consideró que en la modificación del esquema se presentaron irregularidades. (Ver Los planes secretos de Petro para 'sacarle' los trabajadores a las empresas de basura)
La Procuraduría también recoge la denuncia de Ricardo Cañón, personero distrital, quien acusó al alcalde por faltar, presuntamente, “al deber de constatar algunos requerimientos relacionados con este tema (la prestación del servicio de aseo)” y ocultar o no diseñar “un plan de acción de la administración distrital para garantizar la continuidad de inmediata prestación del servicio de aseo”.
Finalmente, el auto incluye la queja disciplinaria del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien supone el “incumplimiento de los deberes que le asisten al alcalde de la ciudad como primera autoridad administrativa y que podrían constituir faltas disciplinarias relacionadas, entre otras, con los riesgos y deterioros de la salud humana y del medio ambiente”.