Intervienen una de las cooperativas más grandes de Colombia

Para preservar el patrimonio de más de 27 mil asociados, la superintendente Dunia de la Vega ordenó la toma de posesión de la entidad. Cerca de $69 mil millones, en riesgo.

La superintendente de Economía Solidaria, Dunia Soad de la Vega. / Cortesía

Al constatar los riesgos financieros y jurídicos por los que atraviesa, y luego de revisar las continuas quejas de sus asociados, la Superintendencia de Economía Solidaria ordenó la toma de posesión de la cooperativa más grande del país, Coopetrol, que asocia a más de 27.000 personas (la mayoría, empleadas de Ecopetrol) y que tiene activos que superan los $302.000 millones. La medida fue tomada por la superintendente Dunia Soad de la Vega, a través de una resolución de 21 páginas conocida por El Espectador. En esencia, el organismo de control halló una cadena de irregularidades en los procesos de otorgamiento de créditos y de cobranza que obligaron a la inmediata intervención del Estado.

Funcionarios de la Supersolidaria se tomaron las distintas sedes de Coopetrol, que funciona en los edificios de Ecopetrol en Bogotá, Cúcuta, Pasto, Villavicencio, Neiva, Cartagena, Cali, Medellín y otras ciudades más. Al parecer se incumplieron normas contables mínimas y se determinaron riesgos en la administración de los aportes, el otorgamiento de más de $19.000 millones con escasos requisitos de pago y un indicador de cartera vencida de más de $26.000 millones. Además se encontraron irregularidades en la reprogramación de 13.563 operaciones de crédito por un valor de $69.000 millones, correspondientes a 3.632 obligaciones de casi 3.100 asociados. Un escenario que para la Supersolidaria no permite conocer la situación financiera real de Coopetrol.

En esas circunstancias, la medida preventiva tomada por el Estado pretende proteger los intereses de los 27.000 socios de Coopetrol, evitar el deterioro patrimonial de la organización y reorientar los recursos vigentes para sanear las cuentas adentro. En principio, esta toma de posesión, que separó de sus cargos al representante legal y a los miembros del consejo de administración, no podrá extenderse por más de cuatro meses. Se trata de la intervención a la cooperativa con más trayectoria en Colombia, con una cartera total de $274.000 millones, un capital social que en aportes, con corte en noviembre de 2014, sumaba $85.000 millones, y que provee 273 empleos directos.

La Caja Cooperativa Petrolera, Coopetrol, fue autorizada para ejercer la función financiera desde el 29 de octubre de 2002. Sin embargo, las quejas sobre esta entidad solidaria comenzaron en 2008, luego de distintas evaluaciones de la Superintendencia en las que se encontraron serias deficiencias en los procesos de otorgamiento y seguimiento de los créditos “por falta de un procedimiento adecuado de evaluación y capacidad de pago”. Una situación que fue corroborada a través de visitas en septiembre de 2013 y noviembre de 2014. El organismo de control requirió la presentación de planes para el mejoramiento de la entidad, pero las continuas quejas de los asociados y un presunto “maltrato” por parte de las directivas de Coopetrol derivaron en la súbita intervención.

Con otras perlas bastante graves. Por ejemplo, se halló que, aparentemente sin justificación alguna, en los últimos años se cambió más de 39 veces el reglamento de servicios de crédito, lo cual “representa un riesgo para la cooperativa en la medida que dificulta su conocimiento y aplicación objetiva por parte de los funcionarios del área de crédito”. En otra visita se encontraron 133 obligaciones o préstamos aprobados directamente por el gerente general de Coopetrol, los cuales ascienden a $5.400 millones sin que, al parecer, se evaluaran los riesgos. Para la Supersolidaria, se trató de “casos especiales”, algo que “se convirtió en una práctica de aplicación general para aprobar créditos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los reglamentos de la cooperativa”, según se lee en la resolución conocida por este diario.

Por esta razón la superintendente Dunia Soad de la Vega concluyó que Coopetrol “experimenta problemas de gobernabilidad en cuanto los miembros del Consejo de Administración actúan como ejecutores de las decisiones de ese órgano y en tal virtud desconocen los reglamentos internos en materia crediticia y administrativa, puesto que el presidente se arroga facultades” que no le corresponden. En medio de ese aparente desorden o “favoritismo” para otorgar préstamos, se pusieron en riesgo las finanzas de la cooperativa y se desatendieron las peticiones de la Supersolidaria. Una de las irregularidades halladas fue que un miembro del Consejo de Administración avaló créditos por $8.044 millones, con corte a agosto de 2013, de los cuales casi el 30% estaban en mora.

Además se evidenció una concentración en la cartera en un reducido grupo de 20 asociados que adeudan más de $6.501 millones. Incluso se encontraron presuntas anomalías en la adquisición de un inmueble por $1.200 millones y un presunto desgreño en cuanto al número de empleados en Coopetrol, pues según sus normas internas, en proporción al número de asociados, no debería tener una planta superior a 88 trabajadores. En contraste, tiene 280. Esta cadena de irregularidades, en criterio del Estado, obligó a la toma de posesión de la más grande cooperativa del país. Según fuentes consultadas, hay más de $69.000 millones en riesgo. No se descarta que la Supersolidaria compulse copias a otros organismos de control para que los responsables de este presunto desorden respondan en materia disciplinaria o penal.

 

 

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