Investigan millonario desvío de recursos en la Agencia Logística de las FF.MM.

La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía investigan las irregularidades en la Agencia Logística. / Archivo El Espectador

El Ministerio de Defensa quiere llegar hasta el fondo del asunto en un millonario faltante detectado en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la entidad que provee bienes y servicios a la Armada, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea de Colombia (FAC). Por eso, este viernes, en rueda de prensa, entregaron los primeros detalles de esta investigación que compromete recursos de por lo menos $15.000 millones. (Le podría interesar: Contraloría adelanta indagación preliminar a Agencia Logística de las FF.MM.)

Este ministerio hizo entrega de un documento que consigna 21 investigaciones penales que se han presentado desde 2011 hasta 2018 ante la Fiscalía General. Desde el 2015, cuando empezaron las pesquisas en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por este faltante, el capitán de Navío Rafael Antonio Llinás figuraba como subdirector de esa Agencia de Logística. Hoy, este oficial, y por lo menos otros dos de alto rango, están en el radar de las autoridades por el supuesto delito de peculado por apropiación.

Estos hechos, que fueron divulgados por el diario El Tiempo, motivaron a que el ente investigador citara a un interrogatorio al capitán Llinás cuando este se encontraba en Estados Unidos, por lo que tuvo que regresar de Washington. Al parecer, este faltante de los $15.000 millones fue detectado, según este medio, en falsas transacciones bancarias, irregularidades en contratos y en inventarios como combustibles y hasta una procesadora de café.

Este medio, igualmente, manifestó que el capitán Roberto Carlos Ruiz, subalterno de Llinás, también está siendo investigado por estos hechos. Otra de las aristas de esta investigación que hace la Contraloría se concentra en la Agencia Logística de la regional del Atlántico, en donde hay dos investigaciones vigentes. En uno de los casos se investiga a cuatro exfuncionarios y a un contratista por un desfalco de $4.307 millones. (Lea también: Capturan a nueve funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares)

Pero hay más. Otro descalco de $1.000 millones fue encontrado en una bancaria entre 2014 y 2016. En lo que respecta a las investigaciones disciplinarias, el Ministerio Público tiene su lupa en un fiscal de Cartagena que tiene el proceso desde hace varios meses para que tome una decisión. Según El Tiempo, por este proceso han capturado a cuatro personas, sin embargo, las dilaciones ocasionaron que dos personas quedaran en libertad.

Los organismos del Estado investigan un faltante en sus inventarios de por lo menos $380.000 millones. El capitán de Navío Rafael Antonio Llinás aparece vinculado en otras investigaciones por posibles irregularidades en procesos de contratación de la Agencia Logística. Al respecto, en la rueda de prensa, el general José Pérez Mejía; viceministro para el grupo social y empresaria de la defensa; el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, y el director de la agencia logística, coronel (r) Óscar Jaramillo, esperan que las investigaciones sigan su curso en los entes de control para identificar la responsabilidad que tendría Llinás.

Ante las irregularidades detectadas desde 2016, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ordenó a la Dirección General de la Agencia Logística estar al frente de cada una de las actuaciones que se desarrollan en las tres entidades mencionadas. A su vez, el Ministerio de Defensa ordenó una auditoría a la Agencia Logística para indagar aspectos administrativos, financieros, de tesorería y contractuales relacionados con la gestión de bienes y servicios para el abastecimiento durante la vigencia 2016- 2017. (Le sugerimos: Escándalo de corrupción sacude a las Fuerzas Militares)

Por último, la Oficina de Control Interno Sectorial del ministerio visitó las Oficinas principales de Bogotá, y las regionales de Cali, Tolemaida, Villavicencio, Barranquilla y Cartagena y presentó el informe 11 de diciembre de 2017, en el que evidenció 194 hallazgos y alertó la exposición de los recursos públicos a posibles riesgos de fraude y corrupción, por lo que solicitó ordenar las medidas necesarias para corregir las presuntas irregularidades.