:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/UoJ8UvFQ24tY3ZAPbw6jZBqyy9U=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/TYCOFUFDENHHNAYNUUADXJFS7A.jpg)
Crímenes de Garzón y Umaña son de lesa humanidad
A finales de septiembre, la Fiscalía reconoció dos asesinatos como crímenes de lesa humanidad: el del periodista Jaime Garzón, que murió el 13 de agosto de 1999, y el del abogado Eduardo Umaña, quien falleció el 18 de abril de 1998. De acuerdo con la resolución del ente investigador, tanto Garzón como Umaña eran considerados por las Fuerzas Militares como “enemigos internos”. Decían, además, que personas de ese perfil, “inconformes”, debían tratarse como guerrilleros en potencia. Con la “excusa” de estar luchando contra la insurgencia, señaló la Fiscalía, la Fuerza Pública, con ayuda de grupos paramilitares, declaró como objetivo legítimo a defensores de derechos humanos por su trabajo o por tener alguna postura crítica frente al Estado.
Maza Márquez, condenado
Treinta años de prisión tendrá que pagar el general (r) Miguel Maza Márquez por su participación en los hechos que rodearon la planeación y ejecución del crimen de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989. La decisión la tomó Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que, por unanimidad, dijo que el general (r) era culpable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas. Además del crimen de Galán Sarmiento, Maza fue sentenciado por las muertes del concejal de Soacha Julio César Peñaloza Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez, que murieron ese mismo día.
En el fallo del alto tribunal se menciona que el general (r) hizo parte de un elaborado plan para asesinar a Galán debilitando su esquema de seguridad, para así facilitar la ejecución del plan ordenado por el jefe paramiltiar Henry de Jesús Pérez, quien tenía estrechos vínculos con el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.
La caída de dos grandes
Primero fue Jorge Pretelt, el 24 de agosto, y 14 días después fue el turno de Alejandro Ordóñez. Estas dos grandes figuras de la vida política del país perdieron sus puestos este año. El Senado, por una parte, declaró indigno al exmagistrado de la Corte Constitucional y abrió la puerta para que la Corte Suprema de Justicia comenzara un juicio en su contra. Pretelt, supuestamente, pidió un millonario soborno para fallar una tutela en favor de la empresa Fidupetrol. Por otra parte, el Consejo de Estado, el 7 de septiembre, tumbó la reelección del exprocurador Ordóñez, pues consideró que se presentaron fallas en la postulación y posterior votación para elegirlo como jefe del Ministerio Público.
Renuncia Palomino
El general Rodolfo Palomino presentó su renuncia el 17 de febrero al presidente Juan Manuel Santos, luego de casi 40 años dentro de la Policía y de que la Procuraduría le abriera tres investigaciones. La salida del general llegó en un momento delicado para la institución por los escándalos de supuestos seguimientos ilegales a periodistas y por una presunta red de prostitución dentro de la Policía, conocida como la Comunidad del Anillo. Además de investigar estos dos hechos, el Ministerio Público tiene un expediente aparte para indagar sobre el incremento de su patrimonio, que Palomino asegura es justificado. El reemplazo de Palomino llegó rápido: el general Jorge Nieto.
La muerte de Yuliana Samboní
La aparición del cuerpo de la niña caucana en un apartamento al nororiente de Bogotá, el pasado 4 de diciembre, estremeció al país. El confeso asesino, Rafael Uribe Noguera, miembro de una reconocida familia capitalina dueña de una empresa constructora, secuestró a Yuliana Samboní cerca de su casa en un barrio de invasión. Uribe llevó a la niña a dos apartamentos de su propiedad, la violó y la asesinó; como más tarde reconoció. Rafael Uribe está en la cárcel La Picota y el 11 de enero será llamado a juicio por delitos como secuestro, abuso sexual y feminicidio. En este caso también están siendo investigados sus hermanos, Francisco y Catalina Uribe Noguera.
Este viernes la Fiscalía les imputará el delito de favorecimiento en homicidio, por su presunta participación o conocimiento de los hechos que rodearon la muerte de Yuliana Samboní. El último hecho de este caso se conoció ayer: la Embajada de Estados Unidos en Colombia le retiró la visa a los hermanos de Rafael Uribe. Catalina Uribe tenía un viaje programado para el 25 de diciembre.
El sí al matrimonio igualitario
La lucha de la comunidad LGBT para que en Colombia se avalara el matrimonio igualitario tuvo un final feliz el 7 de abril pasado. Tras dos años largos de demoras para su regulación en el Congreso, la Corte Constitucional dijo que nadie en Colombia, ni siquiera un juez o un notario, pueden negarse a celebrar un matrimonio entre parejas del mismo sexo.
El alto tribunal resaltó en su sentencia que cualquier ser humano, independientemente de su raza, religión u orientación sexual, está en las mismas condiciones de igualdad para unirse libremente con otro, para conformar una familia o para realizar un proyecto de vida en conjunto.
Con esta decisión, Colombia se convirtió en el país número 24 en respaldar los derechos de la comunidad LGBT a casarse y a conformar una familia, pese a los altos niveles de la discriminación y homofobia que todavía existen en el país.
Samuel Moreno, condenado por el carrusel
El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, recibió una condena a 18 años de prisión el pasado 29 de marzo por indebida celebración de contratos y cohecho, en relación con el servicio de ambulancias que se firmó en 2009. Asimismo, tendrá que pagar una multa de 299 salarios mínimos y, además, fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
En contra de Moreno Rojas hay otros dos procesos judiciales que todavía están andando por el sonado caso del carrusel de la contratación en Bogotá. Sobre Moreno también pesa una sanción de la Contraloría para que, de su propio dinero, pague $174.996 millones por los sobrecostos en la construcción de la troncal de Transmilenio por la calle 26, conocida como la Fase III.
Torres Escalante se entrega a la justicia
El 28 de marzo, el general Henry Torres Escalante se presentó voluntariamente a las autoridades, después de que la Fiscalía emitiera una medida de aseguramiento en su contra. Hasta ese momento se desempeñaba como el director de la Oficina de Memoria Histórica de las Fuerzas Militares, pero la noticia de que la Fiscalía lo investigaba por el asesinato de dos campesinos en marzo de 2007 en Aguazul (Casanare), quienes luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, lo obligó a salir de su puesto. En septiembre se ratificó su llamado a juicio y, por eso, Torres Escalante es el primer general que responderá ante jueces por ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con la Fiscalía, en Casanare se investigan unas 85 posibles ejecuciones extrajudiciales.
El respaldo de la Corte a la paz
Una de las decisiones más importantes que tomó el alto tribunal este año fue la del 18 de julio, cuando avaló el plebiscito como mecanismo de refrendación para el Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc. Se trataba en ese momento de una decisión fundamental para el desarrollo del proceso de paz con esta guerrilla, que ya cumplía cinco años en La Habana. De acuerdo con lo planteado por la Corte, se trató de un plebiscito especial con el objetivo de consultarle al pueblo si estaba de acuerdo o no con lo pactado para el fin del conflicto.
Tras la victoria del No el pasado 2 de octubre, el acuerdo tuvo que ser ajustado. Ante la urgencia del Gobierno de empezar a aplicarlo, la Corte Constitucional le dio luz verde a la figura del “fast track” el pasado 13 de diciembre. Este mecanismo permite tramitar de manera más ágil las leyes en el Congreso para arrancar con la implementación del acuerdo y, además, en esta decisión del alto tribunal se incluyó la aprobación de las facultades especiales que ahora tiene el presidente para emitir decretos con fuerza de ley. Gracias a esta postura, el Congreso trabajó en sesiones extendidas y aprobó la ley de amnistía la semana pasada.
Captura de Santiago Uribe
El 29 de febrero Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue capturado por la Fiscalía en Medellín dentro de la investigación por la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. El reconocido ganadero tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Aunque la defensa de Uribe ha señalado que este proceso no es otra cosa que un complot político que busca afectar la imagen del expresidente Uribe, la Fiscalía tiene otra hipótesis. Asegura que Santiago Uribe, junto con otros ganaderos del norte de Antioquia, se agruparon para patrocinar grupos armados ilegales que, en nombre de querer exterminar a la guerrilla, terminaron además asesinando a indigentes y drogadictos de la zona. En octubre pasado, Santiago Uribe fue llamado a juicio. Sus abogados defensores apelaron la decisión.
El escándalo Odebrecht y sus coletazos en Colombia
El 21 de diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó que la gigante constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos para obtener millonarios contratos con gobiernos de por lo menos 12 países. En Colombia, por ejemplo, los pagos que habría recibido un funcionario del Gobierno Nacional se dieron entre 2009 y 2014 y sumarían unos US$6,5 millones.
La Fiscalía ya investiga el caso para establecer la identidad de la persona que habría recibido este dinero y lo que se sabe hasta ahora es que durante ese tiempo se celebraron dos contratos con esta cuestionada empresa. El primero es el de la Ruta del Sol sector 2, adjudicada en diciembre de 2009 por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), hoy ANI. Y el segundo es el contrato para la navegabilidad por el río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht.
Marcelo Bahía Odebrecht, propietario de la multinacional, fue condenado por la justicia brasileña a una pena de 19 años de prisión por corrupción. Bahía Odebrecht aceptó toda su responsabilidad y la empresa colaboró también con la justicia de Estados Unidos.
Renuncia del defensor del Pueblo
Tras las acusaciones de su exsecretaria, Astid Helena Cristancho, por acoso laboral y sexual, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, tuvo que abandonar su puesto el 27 de enero de este año. Cristancho lo señaló, con ayuda del columnista de la revista semana, Daniel Coronell, de haberla acosado durantedos años a través de chats, enviandole invitaciones y fotos sexualmente explíctas no pedidas.
Otálora argumentó que los hechos revelados por su exsecretaria ocurrieron durante una relación sentimental que sostuvo con ella, hecho que fue negado por Crsitancho. Además, ya desde septiembre de 2015 se escuchaban voces que lo señalaban como un jefe "tirano". La dimisión de Otálora se hizo efectiva cuando la Cámara de Representantes le aceptó su renuncia en marzo.
El desfalco a Reficar
La que sería una de las obras de infraestructura petrolera más importante, se convirtió en uno de los huecos fiscales más graves que ha experimentado el país. Según los cálculos hechos por la Contraloría, por los malos manejos de los recursos destinados para la modernización de la refinería de Cartagena (Reficar), El presupuesto inicial , que estaba calculado en US$3.993 millones, se trepó hasta los US$8.016 millones. La Contraloría también estimó que por los 27 meses de atraso para que entrara en funcionamiento la refinería se perdió en beneficios económicos un valor de US$1.106,9 millones.
Se elige nuevo fiscal general
Por un amplio margen la Corte Suprema eligió a Néstor Humberto Martínez como el nuevo fiscal general. El ex superministro de la presidencia, quien le ganó la puja en el alto tribunal a la exasesora de paz, Mónica Cifuentes y al exministro de Justicia, Yessid Reyes, obtuvo 17 de los 23 votos posibles. El nuevo fiscal también fue ministro de Justicia durante el gobierno de Ernesto Samper y jefe de la cartera del Interior durante el mandato de Andrés Pastrana. Desde que se posesionó, en sus manos han caído papas calientes como la investigación de los Carteles de la Salud en la Costa Caribe, el asesinato de Yuliana Samboní, y la investigación de las 116 muertes de líderes sociales que dejó el 2016.
Nuevo Procurador, contra el radicalismo
Tras la decisión del Consejo de Estado de tumbar la reelección del exprocurador Ordóñez, el Senado debió escoger a un nuevo jefe de ese ministerio público. Con 92 votos a su favor, el exembajador de Colombia en España, Fernando Carrillo Flórez, fue elegido por la corporación en pleno para reemplazar a Ordóñez. Sus primera palabras como procurador, prometieron una distancia con el período anterior, y aseguraron que bajo su mando, el organismo no se convertiría un "vocero del radicalismo".