Fue vicepresidente de la ANI y viceministro de Transporte

Javier Hernández, un factor común en caso Odebrecht y carrusel de la contratación

Además de entrar en el radar de la Fiscalía por el escándalo de corrupción de la gigante brasileña, tiene un proceso abierto por estructurar el SITP. Le dijo a El Espectador que está tranquilo y que nada tiene que ver con Odebrecht.

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Foto: AFPArchivo El Espectador

Nombre a nombre la Fiscalía revisa si alguna de las personas que participó en la adición de $676.000 millones al contrato de la Ruta del Sol en marzo de 2014 a la empresa brasileña Odebrecht tiene alguna responsabilidad en el escándalo de talla mundial. El Espectador hizo el trabajo de indagar por el pasado de directivos y gerentes de la Agencia Nacional Minera (ANI) que le dieron el visto bueno a la firma del otrosí No. 6 al contrato que Odebrecht se ganó en 2009 luego de pagarle US$6.5 millones al exviceministro de Transporte Gabriel García Morale. En la búsqueda de este diario apareció una persona que ya está en el radar de la Fiscalía: Javier Hernández, el expresidente de la ANI y exviceministro de Transporte, quien es  investigado por el carrusel de la contratación. (Lea: Nuevas líneas de investigación en caso Odebrecht)

Javier Alberto Hernández López, hijo de excontralor Antonio Hernández Gamarra, llegó a la ANI en octubre de 2013, seis meses antes de otorgar la adición al contrato de Odebrecht para la construcción de la vía Ocaña Gamarra. Javier Hernández venía de ser viceministro de Transporte de la ministra Cecilia Álvarez, quien fue citada a entrevista en la Fiscalía por el caso Odebrecht. Además, Hernández llegó por recomendación de la exministra Álvarez, quien públicamente, en esas fechas, dijo ante Yamid Amat que la ANI necesitaba más fuerza para la ejecución de contratos, pues supuestamente los contratistas tenían muchas quejas contra el presidente de la entidad Luis Fernando Andrade. La decisión de poner a su viceministro era “empujar la locomotora de la infraestructura”.

A Javier Hernandez lo nombraron entonces vicepresidente ejecutivo de la ANI. Sus funciones se centraron en representar legalmente a la entidad, coordinar la formulación de planes, programas y proyectos, y, la que lo vincula con la adición del contrato a la Ruta del Sol, la coordinación, evaluación y control del desarrollo de los contratos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a cargo de la entidad. Es decir, una de sus labores era participar en las discusiones de comités directivos sobre las adiciones que se entregaban a las concesiones, como la que tenía Odebrecht. Pero, a la vez que se acomodaba en su puesto en la ANI, en la Fiscalía ya empezaba a aparecer su nombre en denuncias por el carrusel de la contratación.

Al ser consultado por este diario, Javier Hernández sostuvo que nada tuvo que ver con el caso Odebrecht, pues a su llegada a la ANI sus labores se concentraron en la revisión de los contratos que se gestaron en los tramos I y III de la Ruta del Sol. Cabe recordar, que por irregularidades en la adjudicación de este último tramo la Fiscalía ya indaga si hubo repartición de coimas. En pocas palabras, Hernández sostiene que en ningún momento tuvo que ver con contratos o adiciones otorgadas a Odebrecht. Sin embargo, el exvicepresidente de la ANI sí está implicado en un delicado expediente de la Fiscalía: el carrusel de la contratación en Bogotá.  

Se trata de la investigación por las irregularidades en la estructuración del Proyecto del Sistema Integrado de Transporte (SITP). La Fiscalía empezó a indagar sobre el rol de Javier Hernández, quien desde la segunda administración de Antanas Mockus en Bogotá era muy cercano a los temas de movilidad. El 14 enero de 2011 el abogado de 41 años, que también trabajó como asesor de Luis Eduardo Garzón, firmó un contrato de $278 millones con la Alcaldía de Samuel Moreno, a través de la empresa Transmilenio, para convertirse en el gerente del SITP. Al respecto, Hernández le dijo a El Espectador que está tranquilo y que en varias oportunidades ha ido ante las autoridades a explicar lo sucedido. 

Además de estructurar lo que hoy se conoce como el SITP en Bogotá, Hernández estuvo a cargo de las negociaciones con el gremio de los transportadores. Asimismo, estuvo al frente del proceso de selección de los operadores que se encargarían de prestar el servicio de buses a los capitalinos durante las próximas dos décadas y del contratista que se encargaría de administrar el recaudo del sistema –es decir, de manejar el tema de las tarjetas inteligentes–. Por estos dos últimos temas, es que está enredado en la Fiscalía. 

Lo que se conoce de la investigación es que el grupo que participó de la estructuración del contrato de operación del SITP desconoció un informe de auditoría que entregó la firma KPMG, que, en pocas palabras, rajaba las 53 propuestas que se presentaron. Para KPMG solo dos de los operadores cumplían las expectativas y el resto no tenían músculo financiero ni garantías de seriedad. Sin embargo, los altos funcionarios de la alcaldía obviaron esas recomendaciones, las pasaron de agache y decidieron dar vía libre a la licitación, en la que, según testigos de la Fiscalía, se entregaron coimas de $50 millones para asegurar una de las 13 zonas de operación.

Hoy, el SITP está en la cuerda floja, en la ruina. De los nueve operadores, dos ya se reventaron económicamente y están a punto de ser liquidados. Los otros siete están al borde de la quiebra. Desde la Alcaldía se analizan salidas viables para no poner en jaque la movilización de millones de bogotanos que a diario utilizan los buses azules. A su vez, desde marzo de 2012 Javier Hernández dejó de trabajar para la administración Distrital. De ahí pasó al Ministerio de Transportes, luego a la ANI –donde, según él, nunca hizo parte del comité que evaluó el caso Odebrecht– y su último trabajo fue con la Gobernación de Cundinamarca para estructurar el proyecto que pretende unir al Transmilenio con Soacha. Es decir, siguió prestando asesorías en temas de movilidad y transporte público.

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