JEP no revisará condena de general (r) Jaime Uscátegui por masacre de Mapiripán

La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud del general en retiro del Ejército, Jaime Uscátegui, de reexaminar la condena que reposa sobre él a 37 años de prisión por su rol en la masacre de Mapiripán (Meta). Según esa instancia de la justicia especial, los testimonios presentados por la defensa del alto oficial —entre los que está, por ejemplo, el de Salvatore Mancuso, quien también pidió pista en la JEP— no constituyen nuevas pruebas que puedan llevarlos revisar la sentencia.

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Uscátegui, quien se encuentra en libertad por haberse sometido a la JEP, interpondrá contra el fallo un recurso de reposición. En él, le pedirá a la justicia especial que escuche a quien, asegura, es uno de los testigos que puede ayudar a demostrar su inocencia: Salvatore Mancuso. Según la defensa del militar, la recolección de pruebas en su contra finalizó en 2004, pero no fue sino hasta 2011 que en una versión libre ante Justicia y Paz —el sistema de justicia transicional creado tras la desmovilización de los paramilitares— Mancuso negó que el oficial tuviera algún nexo con la masacre ocurrida en el municipio del Meta en 1997.

En 2011, dice la defensa de Uscátegui, a Mancuso le preguntaron: “¿Hasta dónde tuvo que ver el General Uscátegui en esta masacre?”. El exjefe paramilitar, a quien todavía no le definen su entrada a la justicia especial, respondió: “Bueno, yo desconozco la participación del general Uscátegui, realmente nunca lo escuché nombrar dentro de las coordinaciones que hicieron los comandantes Castaño y los diferentes comandantes de autodefensas, había que preguntarle a Miguel, al Capitán Victoria que él hizo las coordinaciones hasta allá, pero yo jamás tuve conocimiento particularmente lo que yo conozco de la participación del general Uscátegui”.

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Por ende, ante esta nueva puerta que se le cierra a Uscátegui, el alto oficial le pedirá a la JEP que acoja el testimonio de Mancuso, para que los hechos que rodearon la masacre de Mapiripán puedan ser esclarecidos. En un comunicado, el oficial en retiro señaló: “Si se me condena sin escuchar a Mancuso y revisar al menos otras 10 pruebas nuevas que demuestran mi inocencia, y que jamás fueron consideradas por la justicia ordinaria por ser sobrevinientes, se me estaría negando el derecho fundamental a un debido proceso dentro de la JEP. Lo único que pido es que mis pruebas sean admitidas y valoradas con objetividad”.

Pero no será tarea fácil, pues de los cinco integrantes de la Sección de Revisión, cuatro estuvieron de acuerdo con la decisión y solo una, la magistrada Caterina Heyck se opuso. En su salvamento de voto, sin embargo, dejó claro: “Tampoco concuerdo con el razonamiento de que no hay prueba nueva cuando los testigos ‘habrían podido’ suministrar el conocimiento de los hechos en el proceso y que por esto se descarte la versión libre de Salvatore Mancuso de Justicia y Paz. No se entiende cómo este ex paramilitar ‘habría podido’ dar testimonio en el proceso contra el General (R) Uscátegui. Además, se insiste, su testimonio debe ser analizado en contexto y a la luz de una nueva normativa transicional, de rango constitucional”.

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Por ahora, la defensa de Uscátegui tiene cinco días para presentar la reposición. En el documento, deberán argumentar por qué el testimonio de Mancuso es clave en el proceso y por qué sí constituye una nueva prueba, más allá de la evidente diferencia en temporalidad. Una vez esto ocurra, la justicia especial emitirá un nuevo concepto y decidirá si revisa o no la sentencia.