:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/JXgyjo-vsKFwbeaEjwHmGatkHPU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/CCZYA35MGRE6RM52F5XXFTGF54.jpg)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la libertad inmediata del exsenador liberal Álvaro Ashton, admitido en esa corporación por tres de los expedientes que cursan en su contra: parapolítica, presuntas amenazas a un testigo en su contra, y cartel de la toga, pues habría pagado un soborno para evitar que la Corte Suprema de Justicia le emitiera una orden de captura. La justicia especial, a su vez, le limitó la salida del país al excongresista barranquillero y le advirtió que, de no comparecer ante el sistema de verdad, justicia y reparación creado por el Acuerdo de Paz, podría volver a la cárcel.
Aunque el tribunal especial le expidió la boleta de libertad por los casos en los que lo está investigando, esta orden podría quedar sin efecto si el excongresista tiene otros requerimientos judiciales. Sin embargo, este no tiene ninguna otra orden de captura en firme ya que los procesos en su contra en la Corte Suprema están en fase de instrucción. De esta forma, el excongresista del Partido Liberal, que todavía es investigado por el escándalo de Odebrecht y tiene una indagación por presuntos actos sexuales con menores de edad, quedaría libertad este viernes.
(Puede ver: La ventana que abrió la JEP para el cartel de la toga con el caso de Álvaro Ashton)
La entrada de Ashton a la JEP fue muy resistida, incluso para el mismo tribunal transicional. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le cerró la puerta al exsenador en mayo de 2018. Para los magistrados, aunque el político estaba siendo investigado por crímenes vinculados con grupos armados -los paramilitares-, estos no tenían relación con el conflicto armado.
En el caso de la parapolítica, el tribunal señaló que este fue investigado por el delito de concierto para delinquir, pues el presunto vínculo de Ashton con las Autodefensas buscaba “la obtención de un beneficio personal, que consistió en apoyo electoral para conquistar una curul en el Senado” a cambio de apoyar el trámite de la Ley de Justicia y Paz. Es decir, el exsenador habría sido electo con el apoyo de paramilitares, pero no para perpetuar las acciones violentas de las Auc, sino para “lograr su desmovilización en condiciones penales muy favorables”.
(Además: El cartel de la toga no tiene nada que ver con el conflicto: Procuraduría a la JEP)
Una opinión similar tuvo el tribunal sobre el cartel de la toga. Después de estudiar las pruebas del supuesto soborno de $600 millones pagado a Luis Gustavo Moreno para que se lo entregara a los magistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo, a JEP señaló que el cartel de la toga no tenía relación con el conflicto porque se trató de “un simple acto de corrupción dirigido a que un servidor público omitiera su deber de administrar pronta y cumplida justicia”.
Sin embargo, la defensa de Álvaro Ashton siguió intentando hasta que el caso fue conocido por la Sección de Apelación de la JEP. En esta instancia, los magistrados le dieron la razón al excongresista en agosto pasado. Aunque en un principio era solo por las investigaciones por parapolítica, la resolución incluyó las investigaciones por presuntamente amenazar a uno de los testigos en su contra en el caso por nexos con el paramilitarismo y el cartel de la toga.
(Lea también: Lo que contaría Álvaro Ashton en la JEP sobre el cartel de la toga)
La sección de apelación aseguró que sí hay conexidad con el conflicto armado “en la medida que se comprobara que la conducta delictiva endilgada al exsenador Ashton Giraldo se llevó a cabo con el fin de cubrir con impunidad conductas conectadas con el conflicto”. Queriendo decir la JEP que al presuntamente sobornar a los jueces por el proceso de parapolítica había una relación con el conflicto que podía ser estudiada por el tribunal transicional.
La decisión de que la JEP estudiara las investigaciones en contra de Ashton por el cartel de la toga fue rechazada con vehemencia por la Procuraduría. “Pero ¿acaso, puede hallarse algún nexo, aunque sea mínimo, entre el poderío de las AUC con la entrega de dinero que hiciera el señor (Álvaro) Ashton Giraldo a un abogado litigante y a magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia para amañar procesos judiciales?”, cuestionó el Ministerio Público.
(Le puede interesar: Los testimonios que tienen a Álvaro Ashton en la cárcel)
La Procuraduría también declaró que los señalamientos por cohecho en contra del exsenador “no se corresponde con lo pretendido en el Acuerdo Final de Paz”, además que “no es viable identificar un nexo de causalidad directo con el conflicto armado”. Para el Ministerio Público, no había forma de relacionar el intento de corromper a la justicia con las consecuencias que trajo el conflicto armado e Colombia.
“Este contexto particular –el de la corrupción– es un escenario de comisión delictiva que no puede ser confundido o mimetizado en la amplitud del conflicto armado, hacerlo, abriría automáticamente las puertas de la Jurisdicción para que conductas delictivas de toda índole encuentren en la existencia del conflicto per sé, un referente gratuito que las haría acreedoras del tratamiento transicional. Nada más alejado de la teleología del Sistema”, añadió el ente de control encabezado por Fernando Carrillo.
Para entrar al tribunal transicional, Ashton se comprometió a hablar sobre las dinámicas de parapolítica en los departamentos de Atlántico y Magdalena y sobre el rol que tuvo en la aprobación de la Ley de Justicia y Paz. Ashton, además, ampliará información sobre la reunión que sostuvo con Carlos Mario García Ávila, conocido como Gonzalo o El Médico, comandante del frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Revelará quiénes lo acompañaron, los resultados de dicho encuentro y la forma en la que obtuvo la votación cuando fue elegido senador en 2006.