El caso Jineth Bedoya, una esperanza para la prensa de América Latina

Un año después de que llegara a revisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Jineth Bedoya se vuelve emblemático para la prensa latinoamericana.

En 1999, los periodistas Jaime Garzón y Jineth Bedoya se cruzaron en La Modelo mientras cubrían el campo de guerra en el que se había convertido la cárcel bogotana. Debido a los enfrentamientos armados recurrentes en el lugar, Garzón le advirtió a Bedoya: “No se meta en más problemas, esta gente es muy peligrosa.” Estas palabras sirvieron como augurio del futuro que pronto enfrentarían ambos.

Algunas semanas tras el encuentro, Garzón fue asesinado a quemarropa. A Bedoya, seguir informando sobre esta guerra para El Espectador casi le cuesta la vida. El 25 de mayo de 2000, a menos de un año de la muerte de Garzón, la periodista fue secuestrada en la misma cárcel donde su colega le había hecho la advertencia, y posteriormente violada y torturada.

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Estos dos casos emblemáticos del sinfín de riesgos que corren los periodistas en Colombia han sido también arenas en donde se han dado largas batallas legales en búsqueda de justicia. Si bien se estima que más de 25 personas estuvieron involucradas en el atentado contra Bedoya, tras 20 años del crimen, éste sigue en la impunidad, resultando en solo tres paramilitares condenados hasta el momento.

De ahí la importancia del primer aniversario que en julio cumplió el sometimiento del caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principal órgano judicial del continente. Formalmente conocido como Jineth Bedoya et al. v. Colombia, este proceso constituye la primera oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre el deber de prevención y protección del Estado colombiano hacia las mujeres periodistas. Será también la primera vez que la Corte tratará el tema de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, sentando un importante precedente para otros crímenes similares en América Latina.

Dos décadas de impunidad

La inacción de la justicia colombiana fue lo que llevó a Jineth Bedoya a elevar su caso a la escena internacional en 2011. Junto a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la periodista presentó una petición frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. Después de casi ocho años analizando el caso, la CIDH decidió someterlo a la Corte por una “serie de violaciones de derechos humanos derivadas del secuestro, tortura y violación sexual de la periodista Jineth Bedoya Lima por motivos vinculados a su profesión”.

El caso fue aceptado en un momento paradójico de la agenda de derechos humanos en Colombia. Por un lado, desde la firma del acuerdo de paz y la adopción de la justicia transicional por parte del Estado y los actores armados, indicadores internacionales han revelado que las instituciones colombianas han mejorado en independencia y efectividad. Según datos del Banco Mundial, desde el 2016, cifras como estabilidad política y voz y responsabilidad (que mide derechos políticos, civiles y humanos) han ido en ascenso. A fin de que esta tendencia continúe en un país marcado por el miedo y la polarización, es de interés del Estado garantizar el ejercicio de una prensa libre.

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Sin embargo, ataques contra la prensa siguen siendo recurrentes en el país. De acuerdo con la FLIP, desde que se firmaron los acuerdos de paz, casi 600 periodistas han sido amenazados. Solo en 2019 fueron registrados 519 ataques contra la prensa. Cuando se habla de mujeres periodistas, éstas han enfrentado aún más peligros. En el 2019, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recordó que “si bien las mujeres periodistas enfrentan los mismos riesgos que sus pares varones cuando investigan y reportan sobre corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos, también enfrentan riesgos específicos por el hecho de ser mujeres”.

La elevación del caso de Bedoya al tribunal internacional crea la ocasión para que Colombia finalmente implemente mecanismos congruentes con los principios del derecho internacional humanitario y la libertad de prensa. Al adoptar la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016, el Estado colombiano se comprometió a prevenir, proteger y procesar en casos de violencia contra periodistas, y a hacerlo de manera efectiva y a largo plazo.

Aunque las decisiones de la Corte Interamericana no son vinculantes, pues solo sirven como recomendaciones, la Constitución colombiana establece su validez en el territorio nacional. Según la carta magna, asuntos domésticos “se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. De hecho, en 2008, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Luis Quintero Milanés se pronunció acerca de la jurisdicción del tribunal en Colombia, asegurando que la ley “reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte”.

A pesar de que el Estado colombiano no ha implementado en su totalidad las decisiones de la Corte, en las últimas dos décadas el país ha mostrado un nivel relativamente alto de cumplimiento de dichas recomendaciones. Así lo confirmó una investigación de la Universidad de los Andes, que comparó a Colombia con otras naciones que forman parte del sistema interamericano.

Con un Estado que está obligado frente a su Constitución y a los tratados internacionales ratificados a implementar las recomendaciones de la Corte en materia de protección de los derechos humanos, el caso Bedoya está destinado a producir un impacto duradero en el país.

Más allá de las fronteras

Las repercusiones de este caso se sentirán en todo el continente. Debido a que el problema de la violencia contra las mujeres periodistas no es exclusivo de Colombia, la decisión de la Corte sentará un precedente contundente en América Latina, impulsando la creación de mecanismos de prevención, protección y debido proceso en los otros 34 países del hemisferio.

Para Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH y cuya gestión ha sido responsable de impulsar el sometimiento del caso Bedoya a la Corte Interamericana, éste tiene el potencial de volverse “referencia para los demás poderes judiciales y mecanismos de protección de la región”, no solo en Colombia. “Aspiramos a que sea este tipo de sentencia en que la Corte, además de resolver el caso concreto, aborde una problemática que está muy extendida,” dijo a El Espectador el periodista y abogado uruguayo. “Esperamos que ofrezca algunas reparaciones y recomendaciones de prevención y protección que sean aplicables al resto del continente”, agregó, “esto tiene mucha importancia en otros casos de la región.”

Basta ver las cifras para darse una idea. En los últimos años, países como México y Brasil han sido testigos de un rápido aumento del número de ataques contra la prensa. De las ocho periodistas mujeres asesinadas en la región desde el 2012, seis eran mexicanas. Las otras dos eran las colombianas María Efigenia Vásquez y Flor Alba Núñez. Según el índice mundial de la libertad de prensa compilado por Reporteros Sin Fronteras, México se ha consolidado como la democracia más peligrosa para periodistas en las Américas, seguido por Colombia.

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En Brasil, con el ascenso del gobierno populista de ultraderecha de Jair Bolsonaro, por lo menos un 75% de las periodistas han sido víctimas de acoso por su profesión. Ataques virtuales en contra de ellas se han vuelto norma, muchos proviniendo del presidente mismo, o de miembros de sus redes de apoyo. De acuerdo con un estudio de la Federación Nacional de Periodistas de Brasil, Bolsonaro fue responsable del 58% de todos los ataques contra la prensa registrados en el país en 2019. Con relación a los ataques contra mujeres periodistas, de las 20 agresiones registradas el año pasado, 16 fueron perpetradas por autoridades públicas.

En este contexto continental, el caso Bedoya cobra aún más importancia. Desde el año 2000, Colombia ha sido pionera en materia de legislaciones para la protección de los derechos humanos de los comunicadores al convertirse en el primer país de América Latina en implementar un programa de protección para periodistas. Pero la realidad ha demostrado que dichos protocolos han sido letra muerta. Dos décadas después, el país tiene la posibilidad de, una vez más, marcar la pauta y avanzar con la agenda de derechos humanos para una prensa libre en la región.

El sometimiento del caso Bedoya al tribunal de derechos humanos más importante del continente no solo obliga al país a cuestionar sus políticas públicas para la protección de las periodistas colombianas en el contexto del posconflicto, sino que también crea una esperanza en América Latina, pues su impacto va más allá de las fronteras del país. Bien lo sabe la misma Bedoya, quien al recibir el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO-Guillermo Cano 2020 indicó que el hecho de “que este premio haya quedado en América Latina es un reconocimiento a la valentía de periodistas que todos los días cuentan las historias tan terribles, pero también las historias valientes, que ocurren en sus países”.

Responsable de la campaña ‘No es hora de callar’, Bedoya ha batallado incansablemente a lo largo de su carrera por los derechos de las mujeres colombianas. En este primer aniversario de la elevación de su caso a la Corte Interamericana, su historia nos recuerda que, tras dos décadas de lucha, el merecido desenlace del crimen del que fue objeto está más cerca que nunca, pese a que el juicio, originalmente programado para el según semestre del 2020, ha sido postergado debido a la pandemia. Su resolución establecerá un modelo de protección para que nadie más se convierta en víctima de una pesadilla similar y sentará un precedente a favor de todas nosotras, las periodistas latinoamericanas.

* Periodista egresada de la Medill School of Journalism de Northwestern University.

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