El exjefe paramilitar “Jorge 40” fue trasladado a la cárcel de Picaleña, en Ibagué

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Rodrigo Tovar Pupo llegó a esta prisión de la capital del Tolima tras cumplir una cuarentena en los calabozos del búnker de la Fiscalía en Bogotá. En el penal no hay agua y tiene graves deficiencias de infraestructura.

El excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, o Jorge 40, fue enviado a la cárcel de Picaleña, a las afueras de la ciudad de Ibagué (Tolima). El exjefe paramilitar, que está siendo investigado por casi 1.500 crímenes, llegó a Colombia a finales de septiembre luego de pagar una condena por narcotráfico en Estados Unidos y, tras cumplir en Bogotá el aislamiento decretado por el COVID-19 para todas las personas que llegaran del exterior, fue enviado a la cárcel.

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Los primeros días después de su llegada a Colombia se rumoraba que Jorge 40 quedaría recluido en La Picota, en Bogotá, una de las cárceles más grandes del país. Allí, en el pabellón de máxima seguridad hay varios exjefes paramilitares, entre ellos uno de los más temidos en la guerra: Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, excomandante del Bloque Oriental de las Autodefensas. Sin embargo, antes de que ocurriera un encuentro entre estos dos exparas el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) decidió enviar a Tovar Pupo al Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué (Coiba).

En el Inpec no especificaron a qué se debió el traslado. Sin embargo, según La FM, el exjefe paramilitar habría manifestado sentirse inseguro en los calabozos del búnker de la Fiscalía, donde venía cumpliendo su cuarentena para prevenir contagios de coronavirus. Si bien está vinculado a 1.486 investigaciones penales por crímenes que cometió el Bloque Norte de los paramilitares, el excomandante también tiene, por lo menos, cuatro condenas encima por asesinatos de sindicalistas, funcionarios y por el del profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla, Alfredo Correa de Andréis.

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Las sentencias se han dado en la justicia ordinaria, pues en 2015 Jorge 40 fue expulsado del sistema de Justicia y Paz, la jurisdicción transicional creada tras la desmovilización de los paramilitares. Mientras compareció allí, la Fiscalía lo llamó a responder por delitos como: de desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, tortura, desaparición forzada y reclutamiento ilícito, destrucción y apropiación de bienes protegidos, entre otros. El año pasado, además, intentó entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada con el Acuerdo de Paz con las Farc.

En ese momento señaló que fue “ideólogo, propulsor e integrante del proyecto de las Autodefensas”, que desarrolló estrategias “para enfrentar a la guerrilla fuera de los cánones institucionales” y que financió y auspició organizaciones paramilitares desde 1996. Además, que desde 1998 decidió formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), extendiéndose a otras zonas, hasta llegar al mando del Bloque Norte, el cual operó en Magdalena, Cesar y La Guajira, principalmente. Pero la JEP lo rechazó por su calidad de combatiente de las Autodefensas.

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En Picaleña, la cárcel donde ahora está Jorge 40 no hay acceso constante a agua y la grave situación humanitaria que se vive allí hace año llevó a la Corte Constitucional a declarar en 2013 un estado de cosas inconstitucional. Es decir, que existe una violación permanente de derechos fundamentales que requiere las acciones de diferentes actores del Estado. A pesar de tutelas y demandas de reclusos, aún en medio de la pandemia no tienen agua, como corroboró el Consejo de Estado en abril de este año.

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