Lo vieron en ese país con Emilio Otero, exsecretario del Senado

José Bayron Piedrahíta y los socios con los que quiso triunfar en Argentina

José Bayron Piedrahíta, dice la justicia gaucha, estructuró un entramado de sociedades en ese país para lavar sus activos, con la ayuda de dos “prósperos empresarios” de los bienes raíces y el espectáculo.

José Bayron Piedrahita fue capturado el pasado 29 de septiembre en Caucasia, Antioquia, y está solicitado en extradición por Estados Unidos.Foto: El Colombiano

Con proyectos inmobiliarios y shows de tango, José Bayron Piedrahíta Ceballos estaba decidido —sostiene la justicia gaucha— a lavar dinero del narcotráfico para forjar un imperio y refugio en Argentina. Fue así como resultó socio de dos prósperos hombres de negocios de ese país, Mateo Corvo Dolcet y Antonio Pedro Ruiz, quienes se convirtieron también en sus amigos personales, al punto de haber sido invitados a Colombia para el matrimonio de su hija. Las relaciones comerciales con él, a quien autoridades de Estados Unidos quería capturar desde 1997, son las que tienen a estos dos empresarios tras las rejas, con una investigación abierta por lavado de activos de la cual, indica el expediente, no será tan sencillo zafarse.

Se trata de un escándalo que agita hoy al país austral, que ha enlodado el nombre del exfutbolista Mauricio el Chicho Serna y en el cual, a la sombra, figuran dos viejos conocidos del mundo del narcotráfico: Victoria Henao y Juan Pablo Escobar, la viuda y el hijo mayor del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Ellos recibieron en Argentina las identidades de María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, y como bien lo reveló la periodista Virginia Messi en el diario Clarín esta semana, en los allanamientos de las últimas semanas se descubrió un documento que probaría que fueron ellos quienes relacionaron a Piedrahíta con Corvo Dolcet a cambio de una comisión del 4,5 % por sus inversiones en Argentina.

La génesis de esta investigación, cuyos soportes han sido todos registrados en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón (Argentina), es una nota que remitió la DEA a las autoridades argentinas el 1° de septiembre de 2016. En ella, la agencia estadounidense pedía “recursos judiciales y de inteligencia para investigar a una organización criminal de corte internacional, que estaría utilizando el sistema financiero local para lavar activos dinerarios provenientes de hechos de narcotráfico que se habrían desplegado en la República de Colombia, y posiblemente en Estados Unidos”. Los nombres de Piedrahíta y Corvo Dolcet figuraban también.

(Vea: El narco que sedujo al agente federal)

Para entonces, Estados Unidos llevaba 20 años siguiéndole la pista a Piedrahíta. Según los documentos de la investigación en Argentina, conocidos por El Espectador, contra él existía una orden de captura desde 1997 expedida por la Corte Federal del Distrito Oeste de Virginia, “por su presunta participación en maniobras de lavado de dinero proveniente de conductas narcocriminales cometidas por los integrantes del cartel de Cali”. Pero ese no era el único tribunal que lo quería. En 1996, en la Corte del Distrito Sur de Florida se emitió el indictment (acusación) 93-470, por el cual se pedía su captura y de otras personas por sus supuestos nexos con el cartel de Cali.

Piedrahíta logró evadir su detención hasta 2011, cuando la justicia estadounidense renunció a seguirlo buscando. Hoy, EE. UU. asegura que Piedrahíta sobornó con dinero, trago, cenas y prostitutas al agente federal Christopher Ciccione, para conseguir que la orden de captura desapareciera. Ese supuesto soborno le generó una circular roja de la Interpol con base en la cual fue detenido finalmente el pasado 29 de septiembre en una hacienda suya en Caucasia (Antioquia). Piedrahíta, indican los documentos del proceso en Argentina, no desaprovechó su tiempo como prófugo: desde 2008 empezó a viajar constantemente a ese país y pronto ya tenía negocios establecidos.

El plan: Argentina

La hipótesis de la investigación, que incluye interceptaciones telefónicas, operativos encubiertos de la Agencia Federal de Inteligencia de la Presidencia y análisis de la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Hacienda de Argentina, es que José Bayron Piedrahíta recurrió a “maniobras” como el traspaso de inmuebles o la simulación de operaciones de compra y venta de acciones con Mateo Corvo Dolcet y Antonio Pedro Ruiz para así “poner en circulación en el sistema financiero argentino bienes provenientes de maniobras relacionadas con el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, que llevara a cabo en la República de Colombia y posiblemente en Estados Unidos”.

Piedrahíta llegó primero a Mateo Corvo Dolcet y se hizo socio de la empresa en que éste era accionista mayoritario, Ínsula Urbana. Para adquirir esas acciones, Piedrahíta ofreció como pago una casa en el country San Diego y un apartamento sobre la Avenida Libertador que, según la promesa de compraventa firmada en 2008, valían en total US$930.000. Ambos bienes se los entregó a Piedrahíta el exfutbolista Mauricio el Chicho Serna, se supone, a cambio de propiedades de Piedrahíta en Colombia. Hacia 2012, Corvo Dolcet le ofreció a Piedrahíta recomprar sus acciones, pero por un precio mucho mayor al recibido cuatro años atrás: US$3’300.000.

Corvo Dolcet, a su vez, presentó a Piedrahíta con un viejo amigo, Antonio Pedro Ruiz, quien manejaba shows de tango para turistas. Piedrahíta se volvió entonces socio de Tango Suite y Club Monserrat, cuyo accionista principal es Ruiz. Para junio de 2012 se repitió lo ocurrido con Ínsula Urbana: Ruiz le ofreció a Piedrahíta recomprarle las acciones que él había adquirido entre 2010 y 2011 por US$330.000. Ruiz le dijo que le pagaba US$650.000. Para la justicia argentina, no sólo los precios exagerados de la recompra de acciones encendieron las alarmas. Se constató que Piedrahíta nunca recibió dividendos por sus inversiones y que tampoco ha emprendido acciones para cobrar el dinero que, supuestamente, le deben.

Para rematar, en los allanamientos que se hicieron, las autoridades argentinas encontraron un “contra-documento”: se trata de un contrato firmado entre Mateo Corvo Dolcet y Piedrahíta, en el cual se señala que Piedrahíta debía dejar de figurar como accionista en Ínsula Urbana. Se estableció que Piedrahíta sería un “socio oculto”; que Corvo le ofrecería la recompra de sus acciones, pero ésta no ocurriría en realidad; que Corvo se comprometía a no vender las acciones de Piedrahíta sin su “autorización expresa y por escrito”, y que la suscripción de ese documento era absolutamente confidencial. El contrato secreto fue firmado en Buenos Aires en agosto de 2012.

Esa fecha no sólo coincidía con la época en que Corvo Dolcet y Ruiz le ofrecieron a Piedrahíta recomprar sus acciones: concordaba también con una auditoría realizada por Price Waterhouse, la cual le advirtió a Ínsula Urbana que existía información pública de que Piedrahíta, posiblemente, tenían vínculos con el narcotráfico. La versión que Corvo Dolcet entregó en su indagatoria es que, al conocer la auditoría, se puso en la tarea de disolver sus vínculos comerciales con Piedrahíta. Lo que el “contra-documento” prueba es exactamente lo contrario. Por eso, para la Fiscalía argentina es inviable la versión que han sostenido tanto Corvo Dolcet como Ruiz, quienes dicen que no sabían nada del pasado de Piedrahíta.

Un nombre más es, para las autoridades argentinas, la confirmación de los nexos entre el negocio de Ínsula Urbana con el narcotráfico: Gabriel Rojas Jaramillo, quien, según el proceso, “tendría antecedentes por tráfico de cocaína a España y estaría vinculado al cartel de Medellín”. A Rojas lo representaba en la sociedad una mujer llamada Agustina Spangenberg, quien resultó ser la esposa de John Alberto Arroyave Arias. Éste fue condenado a 13 años de prisión en 1996 por “contrabando de drogas agravado” a raíz de la operación Langostino, la cual llevó a un decomiso —sin precedentes en Buenos Aires— de 600 kilogramos de cocaína.

El expediente de este caso agrega otro detalle: una posible relación entre Piedrahíta y Emilio Otero, el exsecretario del Senado entre 2002 y 2012 que, según El Tiempo, hizo una transacción con una empresa del narcotraficante Bernardo Pinzón Rivera, a lo cual Otero respondió que desconocía tal vínculo. Antonio Pedro Ruiz declaró en su indagatoria que conoció a Piedrahíta como un ganadero “serio y respetable”, al cual vio “acompañado del secretario general del Congreso de Colombia de nombre Emilio, cuyo apellido no recuerdo, dos generales de ese país y el alcalde de Caucasia”. El Espectador llamó y le envió mensajes a Otero para obtener su versión, pero no hubo respuesta.

(En contexto: Los vínculos del empresario José Bayron Piedrahíta Ceballos con los Ochoa Vásquez)

El asunto de Distry Panamá

Según las autoridades migratorias argentinas, entre 2010 y 2016, José Bayron Piedrahíta ingresó a ese país por lo menos 14 veces. Dejó de viajar, justamente, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó a él, a su esposa, Claudia Castillo Londoño, y a sus hijos José (28 años) y Andrés Piedrahíta Castillo (26 años) en la Lista Clinton. Los relacionaban con la Oficina de Envigado. De paso, sancionaron 11 empresas, entre ellas Distry Panamá. La Fiscalía argentina cree que Piedrahíta usó esa compañía para ingresar y sacar recursos ilícitos de ese país. Sospecha lo mismo sobre la compañía Global Business S. A. S., fundada en Medellín, que no fue sancionada por el Departamento del Tesoro.

Veinte días después de que su nombre apareciera en la Lista Clinton, Piedrahíta recibió a dos visitantes en suelo colombiano: sus socios Mateo Corvo Dolcet y Antonio Pedro Ruiz. Antes de ese encuentro, los tres ya habían coincidido en al menos dos viajes de turismo a Cartagena con sus familias, o en un viaje a Panamá que duró sólo tres días. No obstante, el movimiento migratorio que más ha llamado la atención de los investigadores argentinos se dio el 25 de septiembre de 2011: ese día, Antonio Pedro Ruiz viajó a Montevideo, capital de Uruguay. Y no iba solo. Lo acompañaban Liliana Castillo Londoño, cuñada de Piedrahíta; Andrés Felipe Arango Cadavid y Esteban del Río, entre otros.

Ruiz, de hecho, realizó 14 viajes a Montevideo entre 2016 y 2017. Los investigadores argentinos indagan si esos traslados se relacionan con que Piedrahíta tenga una cuenta bancaria o una caja de seguridad en ese país. De Andrés Felipe Arango Cadavid, dice el expediente que “un sujeto con el mismo nombre prestó funciones como Encargado de Asuntos Culturales y Prensa de la Embajada de Colombia en la Argentina” y que, además, figuraba como secretario de Distry Panamá. Esteban del Río, quien fue capturado el pasado 29 de septiembre en el marco de esta investigación junto con los empresarios Ruiz y Corvo Dolcet, es un exfutbolista de equipos como All Boys.

(La mafia colombiana en el corazón de Argentina)

Del Río fue designado como representante legal de Distry Panamá para registrar la empresa en Argentina, lo cual ocurrió el 6 de octubre de 2014. En su indagatoria declaró que, además, viajó a Colombia en 1994 para ser pastor de la iglesia cristiana Casa sobre la Roca, fundada por el periodista Darío Silva en 1987; y que su vínculo con Piedrahíta era “desde el pastoral hacia el discipulado”. Este diario contactó a Silva para preguntarle sobre Del Río, y Silva respondió: “No lo recuerdo, tendría que preguntar por él. En esa época estábamos comenzando, vinieron muchas personas de varios países que quería hacer misiones. Llegaban de un lado y de otro, formaban grupos de oración. No recuerdo que en la iglesia hubiera estado alguien como él como pastor, tendría que averiguar”.

El futuro de todos los implicados en este embrollo es incierto. Piedrahíta está rumbo a ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará los cargos de fraude y obstrucción de la justicia en la Corte del Distrito Sur de Florida. Él, en entrevistas que ha dado a medios de comunicación, ha señalado que sus nexos con los hermanos Rodríguez Orejuela u otros jefes criminales como Macaco o Cuco Vanoy fueron estrictamente comerciales por sus frigoríficos y fincas. A sus socios capturados los espera un llamado a juicio. En el caso de Mauricio el Chicho Serna, cuyo teléfono no ha estado disponible desde que su nombre apareció en medios por este asunto, pronto se definirá si es vinculado a la investigación.