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Juan Guillermo Arcila, uno de los promotores del descalabro financiero en que resultó el proyecto hotelero Quarzo Bal Harbour, aceptó pagar US$14,3 millones a los inversores a los que él, su socio Carlos Mahecha Díaz y la familia de este último embaucaron. Son unas 160 personas, la mayoría colombianas, que entregaron unos US$40 millones a Arcila y Mahecha bajo la promesa de una rentabilidad anual de hasta el 18 %. El dinero, explicaban ellos a sus inversionistas, cubriría la compra de un hotel y predios aledaños, en la zona más exclusiva de Miami, para convertirlos en un hotel boutique. (Quarzo Bal Harbour, ¿hotel de lujo en Miami que resultó pirámide de colombianos?)
El proyecto nació en 2007, pero, según la propia justicia de Estados Unidos, Arcila y sus socios sabían desde 2008 que no era rentable. Aun así, tanto él como Mahecha, que compartían la sociedad responsable del proyecto hotelero, siguieron recaudando fondos del público hasta 2016. Mahecha, su esposa Anastasia Casas y sus hijos Camilo y Felipe Mahecha Casas, según se ha documentado ante la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Florida, usaron del dinero de los inversores no para el hotel, sino para cubrir gastos personales como los relacionados con su condominio en Miami o el leasing de sus vehículos de alta gama.
Por este tipo de irregularidades, el pasado 11 de agosto, Arcila fue condenado a 51 meses en prisión y tres años de libertad bajo supervisión. “Estos casos son siempre muy difíciles”, señaló la jueza a la que le tocó conocer el proceso contra Arcila, Marcia Cooke. Ese mismo día, Cooke reconoció que debía fijarse un monto para indemnizar a las víctimas de Arcila, quien en la audiencia -virtual, por la pandemia del COVID-19- pidió perdón por sus errores y dijo estar muy arrepentido, mientras los inversores presentes lo acusaban de no tener “corazón ni decencia”.
La jueza Cooke, sin embargo, señaló que no podía ahí mismo determinar las indemnizaciones, pues la cantidad de información que tenía por revisar era enorme. Por eso, fijó una nueva audiencia para el 7 de octubre de este año. El pasado 2 de octubre, sin embargo, los abogados de Arcila y el propio fiscal del caso, Sean Cronin, pidieron a la jueza Cooke que cancelara la diligencia. Ya no era necesaria, explicaron. En un documento conocido por El Espectador, dejaron plasmado el acuerdo al que ambas partes llegaron: Arcila, quien oficialmente ofreció US$350.000, dijo que devolverá en total US$14,3 millones.
El dinero, dice el documento, no saldrá solo del bolsillo de Arcila, sino de “cualquier otro procesado” por este caso que reciba la orden de pagar indemnización a las víctimas de Quarzo Bal Harbour. Esos podrían ser Carlos Mahecha, su esposa y sus hijos, miembros de la élite bogotana que, como reveló este diario en junio pasado, fueron llamados a juicio civil ante la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Florida. Ese tribunal envió en abril de este año un expediente de 200 páginas a la Cancillería colombiana, vía correo certificado, con el fin de notificar a los Mahecha Casas del “llamamiento a juicio” que los involucra.
Los documentos judiciales señalan que Mahecha, Casas y sus hijos son requeridos para que comparezcan en el proceso, cuyo propósito es “la recuperación de activos distraídos [o sustraídos] de la entidad en quiebra (es decir, el proyecto Quarzo Bal Harbour) por montos superiores a US$40′000.000”. En ese momento, el dilema más grande para la justicia de Estados Unidos era ubicar a los Mahecha Casas, un requisito indispensable para realizar la audiencia de “pre-juicio”, que sería el equivalente a una audiencia preparatoria en el sistema penal acusatorio colombiano.
De hecho, en la audiencia en que Juan Arcila fue condenado, la jueza Cooke preguntó por el paradero de Mahecha, quien vive en Bogotá, en un pent-house cerca del Parque de la 93, con su esposa e hijos. La justicia estadounidense contrató a una reputada firma de abogados de la capital con el fin de que se hicieran las gestiones necesarias para notificar a los Mahecha Casas del juicio en el que se sentarán en el banquillo de los acusados. El COVID-19 y el cierre de juzgados fue un obstáculo inicial, pero, finalmente, fueron notificados. La audiencia de pre-juicio arrancó el 9 de septiembre y continuará el 1° de diciembre.
Drew Dillworth, el agente asignado por la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Florida para liquidar la sociedad de Carlos Mahecha y Juan Arcila, recomendó a la justicia de ese país llevar a juicio a los Mahecha Casas por 18 cargos, que se resumen en que ninguno de ellos fue responsable o leal con el dinero de sus inversionistas. El proceso contra Juan Arcila, en cambio, ha recorrido otro camino, pues este comenzó a cooperar con las autoridades de Estados Unidos en 2018. El 2 de diciembre de 2019 se radicó el indictment (acusación) en su contra y fue detenido un día más tarde en Miami. (Las preguntas que deja la inversión de cientos de miles de dólares del general (r) Montoya)
Quedó en libertad pronto, tras pagar una fianza de US$100.000. La justicia estadounidense dijo que él y sus socios cubrían con inversiones nuevas las promesas de rentabilidad de viejos inversores, lo que es, básicamente, una pirámide. En enero del próximo año se definirá para qué cárcel va Arcila, pues, por la pandemia del nuevo coronavirus tiene en jaque a las prisiones de ese país, la jueza Cooke le otorgó unos meses de prisión domiciliaria. Le recordó, de paso, que no puede trabajar en nada que implique recaudación de fondos del público. La justicia de EE.UU., dice el acuerdo con la Fiscalía, tiene los datos de las víctimas de Arcila (y Mahecha). Son ellos quienes darán cuenta de si Arcila honró o no el pacto que hizo para resarcir a las cientos de víctimas a las que, por años, les falló.