Fue inhabilitado por la Procuraduría en 2010 y en 2012

Juan Carlos Abadía: ¿otro cliente de la red de corrupción en la justicia?

La imputación de cargos al exmagistrado Francisco Ricaurte dejó al descubierto que el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, podría haber hecho pagos a Gustavo Moreno para evitar investigaciones en su contra.

Juan Carlos Abadía fue gobernador del Valle entre 2008 y 2010. / Revista “Semana”

El escándalo de corrupción en la justicia incluye dos nuevos nombres: Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, y Alfredo Betín, exfiscal delegado ante la Corte Suprema. De esa manera quedó en evidencia este jueves 21 de septiembre, cuando la Fiscalía le imputó cargos al exmagistrado Francisco Ricaurte. De paso, el organismo puso sobre la mesa otra arista de este asunto: que los tentáculos de la red de corrupción que habrían forjado Ricaurte, el exmagistrado José Leonidas Bustos y el abogado Luis Gustavo Moreno habrían alcanzado también la Fiscalía.

Estos dos nuevos nombres se entrelazan en el mismo episodio. Según la Fiscalía, entre 2015 y 2016, Betín quedó a cargo de varios procesos en contra de Abadía, quien llegó a la Gobernación del Valle en 2008 y en mayo de 2010 fue destituido e inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos. La sanción de la Procuraduría tuvo su origen en una indebida participación en política por parte de Abadía. Según el organismo, “abusó de su investidura” al reunirse con 21 alcaldes del Valle y el entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias, quien tiene audiencia por su solicitud de extradición en Estados Unidos la otra semana.

Abadía llegó a la Gobernación tras ganar las elecciones con el movimiento Por Un Valle Seguro. Con apenas 28 años, obtuvo más de 670.000 votos. Para ese momento, su nombre ya era conocido en la política por cuenta, especialmente, del padrinazgo de dos barones electorales del Valle: su padre, Carlos Herney Abadía, excongresista condenado por el Proceso 8.000, y Juan Carlos Martínez, exsenador condenado en 2011 por parapolítica y en 2016 por fraude electoral. Por otra parte, Abadía ya había sido concejal de Cali y diputado de la Asamblea del Valle.

Después de su salida forzosa de la Gobernación, el presidente Santos nombró en ese cargo al ingeniero Francisco Lourido. Lo que encontraron sus funcionarios con respecto a la administración anterior no fue alentador. Fuentes de ese equipo le contaron a este diario que, por ejemplo, se conformó un grupo con seis abogados para revisar específicamente contratos de salud. Escogieron 100 aleatoriamente y, según esas fuentes, “más de 80 estaban podridos, expelían el olor de la corrupción. Por ejemplo, había uno para trasladar pacientes del hospital psiquiátrico a Pasto; eran pacientes fantasmas”.

A Abadía lo rodeaban las denuncias por irregularidades en contratación. Fue inhabilitado nuevamente por la Procuraduría en 2012, durante 17 años, por anomalías en un contrato de cirugías bariátricas. La gente de Lourido dice que en la Fiscalía se presentaron múltiples denuncias, incluida una por haber gastado más de $3.400 millones en remodelar la Casa del Valle, sede de la Gobernación en Bogotá, para dejarla como una sede inteligente, cuando el resultado final fue una casa sin energía, sin teléfonos y sin televisores. “Esas denuncias fueron en 2011 y no pasó nada. A esos casos les metieron mano desde que empezó la Fiscalía de Viviane Morales”, señalan. 

En ese año, el organismo investigativo creó una comisión de alto nivel “para impulsar las investigaciones que se adelantan por presuntas irregularidades cometidas en contra de la administración pública de ese departamento (...) para establecer la comisión de posibles anomalías cometidas durante la administración del entonces gobernador Juan Carlos Abadía Campo”, indicó entonces el organismo. Sin embargo, los resultados no se vieron y Morales salió de su cargo en 2012. La sucedió Eduardo Montealegre. (Puede interesarle este reportaje de 2010: Abadía en su Valle)

Abadía ha estado en el radar de las autoridades desde su destitución, hace siete años. En 2012, por ejemplo, la Contraloría le impuso una sanción por haber causado un detrimento de más de $40.000 millones en la Industria de Licores del Valle, que tenía que ver —de nuevo— con una contratación anómala. Y por un asunto de contratación terminó finalmente con una investigación formal en su contra: se trata de las posibles irregularidades en un convenio de cooperación que firmó cuatro meses antes de salir de la Gobernación, para distribuir textos escolares en 40 bibliotecas del departamento.

La hipótesis que expuso la Fiscalía en la audiencia del exmagistrado Francisco Ricaurte es que el caso de las bibliotecas tardó siete años en volverse formal, no por la lentitud usual de la justicia, sino por una parsimonia a propósito, pactada con dinero de por medio. De acuerdo con el organismo investigativo, el fiscal delegado ante la Corte que tenía el proceso, Alfredo Betín, y Francisco Ricaurte “acordaron, por una parte, orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir. Y por otro lado, evitar hacer imputaciones en contra del investigado”.

Así, lo que la Fiscalía cree es que Abadía pagó a la red de corrupción que habría liderado Ricaurte para librarse de la estela de posibles actos corruptos que dejó tras su paso por la Gobernación del Valle. “Luis Gustavo Moreno toma el poder como defensor en las investigaciones de Abadía y el primer compromiso, en lo posible, fue evitar la imputación de cargos”, dijo la Fiscalía en la audiencia. Sólo que, reseñó el funcionario, un factor no previsto apareció en el camino: la Fiscalía cambió de liderazgo, salió Eduardo Montealegre y llegó Néstor Humberto Martínez, junto con Moreno como fiscal anticorrupción. (Le puede interesar: El embajador de la India, de la justicia)

Esa transición significó dos cosas, señaló el fiscal del caso. La primera, que Moreno tuvo que renunciar a su cargo como defensor de Abadía, “vacante” que habrían ocupado abogados designados por el también exmagistrado José Leonidas Bustos. Y la segunda, que “ante las presiones de la nueva administración”, al entonces fiscal Betín no le quedó de otra que imputar cargos al exgobernador. Ocurrió el 6 de marzo de este año. En el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía señaló que Abadía era responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

El peculado, que habría sido en favor de terceros, fue por una suma mayor a los $800.000 millones, manifestó en ese momento la Fiscalía. Abadía se declaró inocente y no aceptó cargos. Ahora, la Fiscalía asegura que Abadía también fue “cliente” de esta red de corrupción, aunque no divulgó cuánto dinero habría pagado por esquivar el peso de la justicia, como sí lo reveló en el caso del senador Álvaro Ashton, quien habría pagado $1.200 millones por evitar que avanzara la investigación en su contra dentro de la Corte Suprema por parapolítica. Ashton ha manifestado que nunca hizo tal pago.

Justo un día antes de que el fiscal Jaime Camacho expusiera estos hechos en la audiencia de imputación de Francisco Ricaurte, Alfredo Betín, fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema, presentó su renuncia.