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En el Tribunal Superior de Bogotá se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el exgobernador de Boyacá y actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados por presuntamente haber recibido sobornos por parte de la multinacional Odebrecht a cambio de asegurarle contratos de infraestructura vial en este departamento. Sin embargo, el exmandatario departamental no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
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De acuerdo con las investigaciones del caso, en 2011 se realizó una reunión entre Granados, que para entonces era candidato a la gobernación, el representante de Odebrecht en Colombia, Luiz Antonio Bueno, el exsenador Plinio Olano Becerra, quien para entonces todavía tenía su curul, y el empresario Federico Gaviria. Allí, Granados expuso “su Plan de Gobierno haciendo énfasis en lo relacionado con el proyecto de la vía Duitama-Charalá-San Gil, acordándose a además del apoyo de Odebrecht a su campaña a la Gobernación de Boyacá con la suma de $200 millones los cuales fueron entregados al exsenador Olano Becerra en reunión posterior realizada en el mismo lugar”, aseguró la Fiscalía en la imputación al contralor.
Este dinero, según la fiscal del caso, fue recibido por el excongresista Plinio Olano de manera personal y en efectivo. Tal suma sería producto de coimas acordadas entre Olano y la multinacional correspondientes a $500 millones. “Estos $500 millones ya le habían sido entregados al senador a partir de un subcontrato entre Consol y el Consorcio Ruta del Sol San Alberto: $200 millones. Este consorcio estaba integrado por el amigo y persona de confianza del señor Olano Becerra, el señor Luis Orlando Mesa Ballesteros, de quien el senador exigió su participación en el subcontrato para garantizar el compromiso acordado. $10 millones adicionales y un desembolso como pago al abogado Luis Enrique Rojas”, añadió la fiscal.
En este punto sería clave la participación de Bernardo Umbarila Suárez, exsecretario de Planeación de Boyacá y persona de confianza de Granados, quien al parecer, habría sido el intermediario entre el exgobernador y los directivos de la firma Odebrecht. De acuerdo con el ente investigador, Umbarila y los directivos sostuvieron varias reuniones en las ciudades de Tunja y Bogotá, en las que también habría participado Federico Gaviria logrando que Odebrecht realizara estudios de prefactibilidad, prediseño y presupuestoen la vía Duitama-Charalá-San Gil. Sin embargo, la multinacional declinó de su participación en el proyecto debido a que no era viable financieramente.
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“Se tiene entonces que en su condición de gobernador de Boyacá para esa época, el doctor Granados Becerra, cumpliendo con los compromisos ilícitos establecidos en campaña con la firma Odebrecht, abandonando sus deberes de imparcialidad y transparencia en la gestión contractual, se interesó indebidamente en el contrato vial Duitama-Charalá-San Gil (...) con el fin de favorecer ilícitamente a la constructora Odebrecht y/o al senador Plinio Olano Becerra y pese a que este no le fue adjudicado a la firma en razón a sus desistimiento tras resultar inviable financieramente, lo cierto es que terminó siendo adjudicado al Consorcio Muisca Duitama, quien presentó una oferta por el valor de $72.833 millones”, aseguró la Fiscalía.
La adjudicación del Proyecto de Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre
Otro de los “compromisos ilegales” en los que habría incurrido Granados habría sido en la influencia con el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, para que se calificara de manera positiva a Odebrecht y que así pudiese participar en la adjudicación de este contrato. Para ello, según la Fiscalía, se llevó a cabo una reunión en el primer semestre de 2013 con directivos de la empresa Odebrecht, el exsenador Plinio Olano, Federico Gaviria y el director Alfred Ignacio Ballesteros.“(La) reunión tuvo por finalidad que usted, doctor Granados Becerra, en su condición de gobernador y por lo tanto miembro del consejo de la CAR, interviniera ante al director de la Corporación para que Odebrecht, o una de sus empresas filiales o afines, fuera calificada para participar en el proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre a cargo de la CAR, lo que en efecto sucedió, he incluso le sirvió a la constructora para estar como finalista en el proyecto de adjudicación de proyecto, sin que le hubiera sido adjudicado debido al escándalo de corrupción que internacionalmente empezó a surgirle”, aseguró la fiscal.
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Por esta ayuda se habría pactado una comisión de 3% correspondiente al total de proyecto en caso de ser adjudicado a la firma Odebrecht o a una de sus empresas afines para ser distribuido entre Plinio Olano, el gobernador Juan Carlos Granados, y el director de la CAR Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón