Judicatura abrió investigación contra el juez que dejó en libertad al alcalde de Yopal

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura busca establecer si el funcionario judicial incurrió en una falta.

Cristian Garavito / ElEspectador

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le abrió investigación al juez único especializado del circuito de Yopal que anuló el proceso que se adelantaba contra el alcalde de la capital de Casanare, John Torres Torres, más conocido como ‘John Calzones’ por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El alto tribunal busca establecer si el funcionario judicial incurrió en una irregularidad en el trámite y estudio del expediente del alcalde cuando declaró la nulidad de todo lo actuado. Decisión que fue apelada por la Fiscalía y la Procuraduría General. 

El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria explicó que la investigación está ddirigida a determinar si el juez de garantías incurrió en una falta disciplinaria. Esto porque presuntamente había adelantado un “trámite moroso y desvió de las investigaciones”.

La Judicatura recibió una petición de la Fiscalía General en la que se manifestaba la necesidad es establecer si se habían presentado irregularidades con el estudio del expediente de Torres Torres, la nulidad del caso y el otorgamiento de su libertad.

En el documento firmado por el fiscal Néstor Humberto Martínez se advierte que el 25 de enero de 2017 el Tribunal Superior de Yopal revocó la decisión de anular el caso y ordenó que se continuará con el desarrollo del juicio contra Torres.

Debido a esto el alcalde fue recapturado por el ente investigador. Sin embargo, advierte el Fiscal General, la audiencia preparatoria fue fijada para el 7 de abril de 2017 hecho por el cual "se perdieron 102 días" que favorecieron para que se presentará un vencimiento de términos.

Señala la petición de investigación que el juez de Yopal fue sentenciado por el delirio de prevaricatonpor favorecer con una petición de libertad al exalcalde de Aguachica (Casanare). Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

El ente investigador asegura que se han desconocido las maniobras que ha adelantado la defensa de Torres Torres para afectar el curso del proceso, entre las que se encuentran la renuncia al poder de representación. Situación que se presentó el pasado 9 de junio, tres días antes de solicitar formalmente la libertad. "Hubo representación para pedir la libertad pero no para arrancar el proceso". 

Torres Torres fue sentenciado el pasado 27 de abril a 24 meses de prisión por el delito de urbanización ilegal por el Tribunal Supeiror del Distrito Judicial de Yopal.

En el fallo de segunda instancia se le rebajó la condena al mandatario al considerar que no se tuvo en cuenta que el procesado se había acogido a los cargos en la audiencia de imputación de cargos, lo que implicaba una rebaja del 50 por ciento de la pena. 

En esa decisión también se le modificó la inhabilidad para ocupar cargos públicos. Pasó de 45 meses a solamente 24. Por estos hechos pudo volver a ocupar el cargo de Alcalde de Yopal. (Ver Condenan a 45 meses de prisión al alcalde de Yopal, John Torres)

El proceso contra Torres

Según la investigación de la Fiscalía General, el mandatario había incrementado su patrimonio en 50 mil millones de pesos entre los años 2012 y 2015 de manera injustificada. En este periodo de tiempo el empresario, conocido por tener varios almacenes de venta de ropa femenina, inició la construcción del proyecto de vivienda de interés social conocido como ‘La Bendición’.

Al estudiar los documentos el ente investigador estableció que los predios donde se inició la construcción eran de propiedad del extraditado narcotraficante Germán Sánchez, conocido con el alias de ‘Coletas’. El bien tenía medidas cautelares de la justicia hecho por el cual no podía ser comercializado. (Ver Las razones de la Fiscalía para quitarle bienes a “John Calzones”)

En este sentido se sostuvo que Torres Torres tenía conocimiento expreso de esta prohibición y sin embargo adelantó la construcción de dicho proyecto. El empresario vendió dichos lotes a un grupo de particulares con el fin de lavar el dinero producto del delito de urbanización ilegal, hechos por los que ya fue sentenciado.