Judicatura da utimátum para levantar paro en juzgados civiles y de familia

El Consejo Superior de la Judicatura hizo un último llamado para que se levante el paro judicial que se adelanta desde hace 50 días en los juzgados civiles y de familia en la capital de la República y otras ciudades del país. El alto tribunal indicó que el acuerdo 10445 de 2015, que motivó las asambleas permanentes, se encuentra suspendido.

Debido a esto consideran que no existe justificación o motivo alguno para continuar con el cese de actividades que ha afectado a los usuarios de la administración de justicia. “Se han presentado una represión de 65 mil procesos”, aseguró la presidenta La presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucía Zamora.

Por esto aseguró que a partir del próximo lunes 7 de marzo se tomarán las medidas para garantizar la prestación del servicio de justicia en todos los despachos judiciales que siguen en cese de actividades. “No existe ninguna razón jurídica para mantener el cese de actividades”. (Ver Tribunal Administrativo ordenó levantar el paro judicial en los juzgados civiles y de familia)

Indicó que pese a que en las últimas votaciones los empleados y trabajadores de la Rama Judicial han votado para reanudar sus labores, los líderes sindicales se han opuesto. “La Judicatura ha agotado todas las vías de diálogo con el sindicato ‘El Vocero Judicial’”.

Para este viernes 4 de marzo fue programada una reunión en las horas de la tarde para llegar a un acuerdo definitivo y los representantes de “El Vocero Judicial” no se hicieron presentes, demostrando su falta de interés frente a la situación de los usuarios que reclaman el servicio de Justicia.

“No solamente es una propuesta sin ningún fundamento jurídico, que extraña viniendo de personas con formación y experiencia, sino que es totalmente inocuo, más teniendo en cuenta que el diálogo con los demás interesados ha dado resultados”, señaló Zamora.

Los efectos generados por este paro en Bogotá son nefastos, toda vez que el cierre de los despachos y dependencias judiciales ha paralizado el trámite de los diferentes procesos en las especialidades civiles y de familia.

Además no ha sido posible la celebración de las audiencias respectivas y en general la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes encargadas del impulso de las actuaciones correspondientes.