"Judicatura garantizará transparencia en conflictos entre justicia penal militar y ordinaria"

Así lo manifestó el presidente de la Sala Disciplinaria del alto tribunal al hacer referencia a la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el fuero penal militar.

El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz Orejuela aseguró que el alto tribunal seguirá siendo el encargado de conocer y resolver los conflictos de competencias que se presenten entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria.

Esto haciendo referencia a la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de tumbar la modificación del Fuero Penal Militar (acto legislativo 02 de 2012), por lo que indicó que la Judicatura seguirá conociendo los conflictos suscitados para procesar a militares y policías que estén siendo investigados por hechos presuntamente cometidos en el servicio activo.

En este punto, el magistrado aseguró que el alto tribunal seguirá brindando todas “las garantías procesales a los miembros de la Fuerza Pública y a la ciudadanía en general” en el marco de los conflictos que se presenten.

Con la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2012 por parte de la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

El presidente de la Sala Disciplinaria indicó que durante el presente año, de los conflictos puestos a consideración de la Judicatura, entre la Justicia Penal Militar y la Justicia Ordinaria, el 50 por ciento de esos casos han sido remitidos para que sea la Justicia Ordinaria la que conozca de los asuntos, mientras que el 43 por ciento fueron enviados a la Justicia Penal militar, en los otros asuntos la Sala Disciplinaria se abstuvo de dirimirlos.

Para el magistrado Ruiz Orejuela, "la determinación de la Corte Constitucional frente a la reforma al fuero militar no cambia en nada la labor que ha venido desempeñando el Consejo Superior de la Judicatura, la cual se ha hecho con apego a los preceptos legales y respetando el debido proceso que es una garantía establecida por la Constitución Política".