Judicatura rechazó recusación presentada por fiscal Zamora contra magistrados

El magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga no aceptó la recusación presentada por la jefe de fiscales delegados ante la Corte, Martha Lucía Zamora en el marco del proceso que se le adelanta por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la investigación que se adelantó contra el exdiputado del Valle, Sigifredo López Tobón.

En su determinación, el magistrado ponente consideró que en el recurso presentado el pasado lunes por Zamora, no se evidenció un interés directo en la actuación disciplinaria que se adelantó en su contra y otros dos magistrados de la misma Sala Disciplinaria por el llamado ‘carrusel de las pensiones”.

“Debe probarse la existencia del interés directo en la actuación disciplinaria, y ocurre, que el mismo brilla por su ausencia en tanto que la doctora Zamora Ávila no ha fungido como parte dentro de investigación alguna donde se encuentren involucrados mis intereses procesales, tampoco estoy siendo investigado por el ente instructor al que ella pertenece y menos por la mencionada funcionaria”, indica uno de los apartes de la decisión. 

Igualmente el togado consideró que no se allegó prueba alguna que permitiera inferir que él ha hecho declaraciones en medios de comunicación en contra del trabajo y las investigaciones adelantadas por la fiscal, rechazando así otro de los puntos de la recusación esgrimida.

“(…) sencillamente por no corresponder a la realidad puesto que en ninguna parte se encuentran registros que evidencien que el Suscrito ha otorgado entrevistas o emitido su opinión sobre el asunto ante los medios de comunicación, radiales, televisivos o escritos”, precisa la decisión. 

Por último, indica el magistrado que el pliego de cargos formulado en contra de Zamora se ha hecho en derecho y “se ha ceñido a lo previsto en la Ley”, rechazando los argumentos planteados por la fiscal en su escrito, anunciando además que no se declarará impedido para adelantar este caso.

“En su defecto, ordenará tramitar el incidente de recusación disponiendo la suspensión del proceso y la circulación del mismo a los demás Magistrados recusados”, se resalta en la decisión conocida en su totalidad por ElEspectador.com.

Apartarse de la investigación

Sin embargo, en su decisión el magistrado Villarraga manifestó su interés de alejarse de la investigación disciplinaria, al considerar que desde que se conoció la decisión de formularle pliego de cargos a Zamora ha recibido una serie de presiones que han buscado “afectar gravemente el ejercicio autónomo de mis funciones jurisdiccionales como autoridad disciplinaria en el citado proceso”.

En este sentido manifestó que en diversas entrevistas y reportes de prensa, el fiscal General, Eduardo Montealegre y la fiscal Zamora han hecho acusaciones alejadas de la verdad sobre los motivos para adelantar el llamado a juicio verbal disciplinario afectando así el papel y la imagen de la Judicatura en este caso.

“A través de los medios de comunicación se han circulado versiones distorsionadas del trámite de dicha investigación, con el evidente ánimo de trasladar el debate a escenarios distintos al que constitucional y legalmente ha sido previsto para la determinación de la responsabilidad disciplinaria del funcionaria en casos de esta naturaleza. Esta perversa campaña pasa por alto que las decisiones de los jueces deben ser el resultado del ejercicio libre y autónomo de las facultades jurisdiccionales con las que han sido investidos”, indicó el magistrado.

Igualmente manifestó que dichas acusaciones en su contra lo han dejado estupefacto por lo que hizo un llamado de atención ante lo que consideró una actitud reprochable. “El tono amenazante de lo declarado y el alto grado de distorsión de su contenido, me hacen temer en futuras retaliaciones por quienes no estén conformes o se vean amenazados por el decurso del proceso en contra de la doctora Zamora Ávila lo cual constituye un factor de presión indebida a mis decisiones que hace nugatoria la garantía de autonomía como presupuesto básico del ejercicio de mis funciones jurisdiccionales”, afirmó.

El proceso contra Zamora

l pasado 18 de junio, el Consejo Superior de la Judicatura le formuló pliego de cargos a la jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, Martha Lucía Zamora por las presuntas irregularidades que rodearon la investigación que se adelantó en contra del exdiputado del Valle, Sigifredo López.

Con esta decisión, en la que Zamora sería llamada a audiencia verbal, se busca establecer si existieron fallas, omisiones o extralimitaciones en el proceso al dirigente político, señalado de haber participado y planeado junto a la guerrilla de las Farc del secuestro de sus 11 compañeros de Asamblea en hechos registrados el 11 de abril de 2002 en la ciudad de Cali. (Ver Fiscal del caso Sigifredo excusó a fiscal Zamora)

Esta investigación disciplinaria surgió de una solicitud presentada por la misma fiscal quien manifestó que era menester darle claridad a todos los hechos que rodearon la orden de detención, investigación y medida de aseguramiento para López Tobón.

El exdiputado del Valle estuvo privado de su libertad por cerca de tres meses, investigado por su presunta participación en los delitos de perfidia, toma de rehenes, rebelión y homicidio agravado.

Se ha podido establecer que la ponencia en este caso será presentada en las próximas semanas. (Ver Judicatura le abrió investigación a la fiscal Martha Lucía Zamora)

La jefe de fiscales delegadas ante la Corte Suprema fue citada para el próximo 25 de junio para que rinda versión en audiencia dentro del proceso disciplinario, que se seguirá mediante el procedimiento verbal.

López, de 45 años, fue el único sobreviviente de la masacre en junio de 2007 de los diputados, cuyos cuerpos fueron sepultados y posteriormente exhumados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en una fosa común en el cañón del río Patía, entre los municipios de Cumbitara y Policarpa, en el departamento de Nariño, suroeste.

El dirigente político fue liberado por la guerrilla el 5 de febrero de 2009 a una comisión formada por la exsenadora Piedad Córdoba y delegados del CICR en un lugar selvático del que fue trasladado entonces a Cali en un helicóptero del Gobierno de Brasil.