Por faltar a su profesión como abogado y a la dignidad de la abogacía el Consejo Superior de la Judicatura le suspendió de por vida la tarjeta profesional al jurista Álvaro Dávila, considerado uno de los “cerebros” del denominado ‘carrusel de la contratación’ que desfalcó a la capital de la República.
El alto tribunal determinó que el exasesor del Grupo Nule fue el encargado de modificar los pliegos de condiciones para beneficiar a los contratistas con los convenios contractuales de multimillonarios obras viales en Bogotá entregados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) durante la administración de Samuel Moreno Rojas.
"Salta a la vista la gravedad de los hechos acusados y el querer doloso de defraudar los intereses del Distrito en contubernio con personas de la administración cuando los abogados deben actuar con absoluta transparencia en el ejercicio de la profesión sin propiciar conductas como la que se investiga, que van en desmedro de la imagen y dignidad de la profesión", precisa la decisión.
Igualmente Dávila habría sido el creador de las comisiones de éxito, que consistían en el compromiso para entregar un porcentaje entre el 6 y el 10 por ciento del valor total de los contratos a un grupo de funcionarios de la Alcaldía y otros contratistas para evitar controles fiscales o políticos de dichos contratos que fueron adjudicados de manera irregular.
Actualmente el abogado se encuentra privado de la libertad y enfrenta un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio dentro del proceso que se adelanta por el desarrollo irregular de obras en la malla vial de Bogotá.
Según la investigación de la Fiscalía General, utilizando su posición social y su cercanía con funcionarios de la Alcaldía de Bogotá para presionar el nombramiento de directivas del IDU con el fin de que se manipularan los pliegos de condiciones para favorecer al Grupo Nule.
Pruebas documentales y testimoniales pudieron verificar que el abogado de los fue participe activo en los contratos 071 y 072 de malla vial y 091 y 093 de contratación de la fase III de TransMilenio por la calle 26 para que le fueran otorgado a los empresarios, quienes ya fueron condenados por los delitos de peculado por apropiación, cohecho, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y fraude procesal.