“Jueces deberían enviar un mensaje”: defensor de víctimas del Fondo Premium

Sergio Rodríguez Azuero, abogado de más de 200 inversores del Fondo Premium, pide que los abogados de investigados como Víctor Maldonado o Tomás Jaramillo sean investigados por, supuestamente, dilatar el proceso innecesariamente.

Víctor Maldonado, investigado en el caso Interbolsa, fue capturado en España en marzo de 2015 y extraditado a Colombia en noviembre. / Gustavo Torrijos
Víctor Maldonado, investigado en el caso Interbolsa, fue capturado en España en marzo de 2015 y extraditado a Colombia en noviembre. / Gustavo Torrijos

Desde Pereira, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sostuvo su denuncia: en los casos de Interbolsa y el Fondo Premium, los abogados defensores de los investigados han recurrido a maniobras dilatorias con el fin de entorpecer el proceso y, por esa vía, lograr que sus defendidos enfrenten el juicio en libertad. Por eso le pidió al Consejo de la Judicatura, entidad encargada de investigar a los abogados del país, que revise al menos 14 acciones de esos litigantes emprendidas entre mayo de 2015 y diciembre de 2016. Hay que ir a juicio ya, dijo el fiscal.

Así, el mayor desfalco financiero de los años recientes, en el cual se derrumbó la comisionista de bolsa más grande del país —manejaba el 30 % del mercado— en 2012, comenzó con una pelea entre el organismo investigativo y los acusados. “Al fiscal lo han informado mal, pues nosotros hemos cumplido con todas las diligencias”, señaló en respuesta el abogado Iván Cancino, defensor de Víctor Maldonado, uno de los que, se supone, ha recurrido a las maniobras dilatorias. “No me voy a dejar presionar por quejas infundadas de la Fiscalía”, agregó.

Sergio Rodríguez Azuero, abogado de más de 200 víctimas del Fondo Premium (el cual se fundó en Curazao y se manejó desde Interbolsa, con Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz a la cabeza), le da la razón al fiscal Martínez, a quien, además, le insiste en que pida un juez de exclusiva dedicación a estos procesos. De ese y otros temas habló Azuero con este diario.

La Fiscalía habla de al menos 14 maniobras dilatorias entre mayo de 2015 y diciembre de 2016. Abogados como Jaime Lombana e Iván Cancino lo niegan. ¿Qué evaluación hacen ustedes?

Estamos totalmente de acuerdo con el fiscal. Si él dice que ha encontrado 14 casos, pues no creo que vaya a hacer esa afirmación para que lo desmientan al día siguiente. Se llega a una audiencia y resulta que cualquier argumento baladí lleva a que el juez vuelva a señalar otra fecha. ¿A qué juegan los apoderados? A ir dilatando y dilatando, a que se cumplan unos términos legales que dicen que nadie puede estar detenido más de cierto tiempo sin que se produzca una decisión de fondo, y pedir libertad. Además, los jueces no les pueden hacer el juego, deberían enviar un mensaje. Si el abogado no aparece, que hagan la audiencia. Esto es una burla a la justicia, al país, que termina resintiéndose precisamente por eso: por la falta de confianza en la justicia.

En medio de esta discusión, Jaime Lombana, abogado de Tomás Jaramillo, insistió en que el liquidador (Alejandro Revollo) indemnice ya a las víctimas, que hay con qué. ¿Ustedes piensan igual?

No por la colaboración de los responsables, logramos establecer ante la Superintendencia de Sociedades que en el caso del Fondo Premium se había producido una captación masiva. Eso hizo posible que la Supersociedades embargara unos bienes, la mayoría del señor Víctor Maldonado y unos pocos de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo.

Queda la sensación de que es injusto que quien más responda sea Maldonado, ¿no?

Creo que es algo temporal. Cuando la Supersociedades decidió embargar, se encontró con los bienes de Maldonado a su nombre, perseguibles, mientras los señores Jaramillo y Ortiz se habían insolventado y no tenían muchos bienes. El liquidador y terceras personas han denunciado cómo Tomás Jaramillo transfirió bienes de su propiedad, en el edificio en el que vivía, a personas cercanas a él. La convicción moral que tienen los acreedores es que tanto Jaramillo como Ortiz tienen más bienes, pero están en manos de terceros.

Y entonces, ¿sólo Maldonado va a responder?

Por eso para ellos ha sido muy cómodo esperar y pedir que reparen a las víctimas con los bienes de Maldonado. O sea, ellos van “en coche”. En ese sentido, es bastante injusto que Maldonado responda por el daño causado sin que sus copartícipes pongan de su propio dinero.

¿Qué representó para los inversores estafados del Fondo Premium que al final no se les otorgaran los principios de oportunidad a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz a cambio de beneficios?

Vimos con la más absoluta simpatía que el vicefiscal hubiese suspendido, por decirlo así, la posición de la Fiscalía para que no se realizara la audiencia en la que se iba a pedir al juez que validara el principio de oportunidad. Luego se posesionó el doctor Martínez Neira y la primera gran decisión que tomó como fiscal fue revocar ese principio de oportunidad. Los señores involucrados van a ser imputados también por el delito de captación masiva. Eso puede conducir a sanciones penales de muchos años. Y si quieren evitar esa sanción tienen que resarcir a las víctimas, lo que no ha ocurrido hasta ahora.

Han pasado más de cuatro años desde que Interbolsa fue intervenida. ¿Qué balance hace usted de este tiempo?

Un balance tremendamente positivo. Logramos que este debate se hiciera en Colombia, porque la primera reacción de algunas autoridades fue decir que los inversionistas de Fondo Premium debían reclamar en Curazao, donde nuestros clientes no habrían recibido absolutamente nada. Segundo, los responsables están privados de la libertad. Eso hace que las víctimas y el país entero tengan la sensación de que los ladrones de cuello blanco no siempre se salen con la suya. Tercero, logramos comprobar la captación masiva de recursos, lo que permitió la intervención de la Superintendencia de Sociedades. Nuestra percepción es que con los bienes embargados, si se pueden vender con los precios que se espera a partir de los avalúos, pueda llegarse a cubrir un monto muy importante del capital invertido por las víctimas. O pagan hasta los intereses o se van a la cárcel.