Juez aceptó recusación presentada por la defensa de exdirector de la DNE

El abogado de Carlos Albornoz aseguró que la jueza 38 se debía declarar impedida puesto que la misma funcionaria judicial quien envío a la cárcel a su cliente.

El abogado Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien defiende los intereses del exdirector de la DNE, Carlos Albornoz le pidió a la jueza que 37 de conocimiento que se declare impedida para conocer el proceso que se adelanta en contra de su cliente por ocho delitos dentro por su presunta participación en el manejo irregulares en la entrega de bienes en la entidad.

En su argumentación el jurista manifestó que la funcionaria judicial fue la misma que resolvió favorablemente el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, cobijando con medida de aseguramiento en centro carcelario al exdirector del organismo en la audiencia celebrada el pasado 18 de septiembre.

Gómez Gallego aseguró que la ley es clara en indicar que la jueza incurrió en un prejuzgamiento en dicha decisión por lo que se presenta una imparcialidad ya que conoció el proceso materia de investigación e hizo juicios de valor sobre este caso.

“Fue calificado por su juzgador como un peligro para la sociedad, conociendo los elementos materiales presentados por la Fiscalía, los cuales fueron objetos de análisis y reproche a la hora de ordenar su detención”, precisó el abogado defensor.

Ante esto la administradora de justicia aceptó la solicitud y se declaró impedida, hecho por el cual ordenó el traslado del escrito de acusación que iba a ser presentado este viernes por la Fiscalía General en contra de Albornoz por ocho delitos.

Por esto, será el juzgado 38 de conocimiento el que conozca el proceso contra el exdirector de la DNE por los delitos de falsedad en documento privado, prevaricato por acción fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, obtención de documento público falso, concierto para delinquir, prevaricato por omisión, fraude procesal y peculado por apropiación a favor de terceros.

Albornoz es investigado por las irregularidades que rodearon el avalúo de cuatro bienes ubicados en Barranquilla ocasionado un detrimento patrimonial al Estado superior a los 27 mil millones de pesos.

En este sentido se indica que el centro comercial Villa Country avaluado en 35 mil millones de pesos y que fue vendido por18 mil millones; El edificio Centro Ejecutivo II avaluado en 13 mil millones y vendido pormaniobras 7.400 millones, la casa Bello Horizonte avaluada en mil 900 millones y vendida en 597 millones y un lote que tenía un avalúo de mil millones y que fue vendido por 467 millones de pesos.