Juez avaló preacuerdo entre Fiscalía y exjefe de licitaciones de Typsa por caso Juegos Nacionales

Se avala el preacuerdo hecho entre Orlando Navarrete, ex jefe de licitaciones de Typsa y la Fiscalía. / Coldeportes

Después del gran fraude de los Juegos Nacionales en Ibagué en el año 2015, en el que Orlando Navarrete se vio involucrado, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima) aceptó el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y el exjefe de licitaciones y exsubgerente de la empresa española Typsa.

Los Juegos Nacionales son el evento deportivo que se realiza cada cuatro años en Colombia, que se vio afectado por la corrupción cuando ciertos funcionarios de la Alcaldía de Ibagué o asesores externos y empleados de Typsa decidieron "tomar una tajada" de la inversión de $110.000 millones para la construcción de escenarios deportivos en la capital del Tolima, de los cuales sólo un 37% fueron edificados.

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Además del exjefe de licitaciones de Typsa, también se encuentran involucrados el exsecretario de Infraestructura de la Alcaldía de Ibagué, exasesores jurídicos de la oficina de contratación de la Alcaldía, el exasesor del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri) y el exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué, entre otros.

La empresa Typsa, que era la encargada que de los estudios y la construcción de los escenarios, recibió un contrato por $11.499 millones, de los cuales se presentó un desfalco de $ 6.187 millones, según la Contraloría. Es decir, una sustracción de más del 50% de los recursos públicos.

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Navarrete, quien encaminó los procesos pre y contractuales, al igual que los diseños de los escenarios, aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

La Fiscalía y el entonces directivo acordaron un preacuerdo que ya fue avalado por un Juzgado de Ibagué. El ente acusador solicitó una sentencia de 7 años y 2 meses de cárcel, al igual que una multa de $707.000.000 y la inhabilitación de 87 meses para otros derechos políticos.