Juez avaló principio de oportunidad para ocho pilotos que obtuvieron licencias falsas

Se convertirán en testigos en los procesos que se adelantan contra funcionarios de la Aeronáutica Civil por estas irregularidades.

Un juez de control de garantías le dio validez al principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General y ocho pilotos investigados por presuntamente obtener sus licencias de manera fraudulenta. Con esta decisión cesa de manera indefinida la acción penal en contra de los procesados.

En su determinación, el juez 11 consideró que el acuerdo alcanzado con el ente investigados cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley, puesto que no cuentan con antecedentes penales, no ser proclives al delito, tener un arraigo tanto laboral como domiciliario y no ser considerados como un peligro para la recta administración de justicia.

El principio de oportunidad permitirá a los beneficiados, servir como testigos de cargo a favor de la Fiscalía General de la Nación, en el proceso que se adelanta contra funcionarios de la Aeronáutica Civil, que presuntamente participaron en la entrega de las licencias para pilotos, sin que los beneficiados cumplieran con todos los requisitos de ley. Estos pilotos fueron acusados formalmente por los delitos de falsedad material en documento público agravado por el uso, falsedad en documento privado, fraude procesal y cohecho propio. Sin embargo, a cambio de su colaboración con la justicia cesa la acción penal en su contra.

Los hechos materia de investigación tienen relación con la denuncia del Director de la Aeronáutica Civil, donde se daba cuenta de que algunos funcionarios de esa entidad se prestaron para facilitar los trámites al no pedir todos los requisitos necesarios para que una persona que obtuvo el título de piloto en el exterior, ejerciera en Colombia.

Según la Fiscalía, para poder ejercer dicha profesión en el país, es necesario una homologación del título obtenido. Sin embargo, cuatro exfuncionarios de la Aeronáutica realizaron esos trámites irregulares. Se estableció que los investigados habrían cobrado entre siete y ocho millones de pesos por cada licencia que expidieron, a por lo menos 85 pilotos en varias ciudades de todo el país, entre ellas Barranquilla, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cali y Villavicencio.