:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/8YcDtFnw-0_WtqUFVR9X0d_GUwk=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/US2W56DKFRCOBLN4L64TWQJ4NM.jpg)
El juez quinto de conocimiento de Bogotá condenó a 40 meses de pena (tres años y tres meses) al exconcejal distrital, Andrés Camacho Casado por su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias en servidor púbico con cohecho propio por el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
El funcionario judicial le aplicó la figura de condena de ejecución condicionada lo que indica que el excabildante seguirá en libertad pagando su pena, cumpliendo así una serie de compromisos con el ente investigador como el pago de la multa interpuesta y atender el llamado de las autoridades cuando sea requerido.
En su decisión se tuvo en cuenta el hecho de que Camacho Casado aceptó su responsabilidad en los delitos en la audiencia de imputación de cargos. Igualmente el hecho de que no tiene antecedentes judiciales, su compromiso para reparar a las víctimas y devolviera el dinero que presuntamente se había apropiado de manera irregular como parte de unas comisiones entregadas por un grupo de contratistas para que los beneficiara en la entrega de contratos viales.
Además se le aplicaron los beneficios establecidos en el Nuevo Código Penitenciario que establece que los delitos cuyas penas sean menores a los cuatro años de prisión son excarcelables. El juez le aplicó una multa de 76.66 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad de 55 meses para ocupar cargos públicos.
En su decisión, el funcionario judicial aseguró que la actuación en la que incurrió en una conducta “merecedora de reproche porque debió beneficiar a la comunidad y no a sus intereses particulares y a los contratistas”. En este sentido aseguró que omitió sus funciones de control y vigilancia para resguardar la transparencia y la legalidad de estos contratos.
Además Camacho Casado firmó con la Fiscalía General un principio de oportunidad el pasado 11 de diciembre por el delito de tráfico de influencias en servidor público. En la negociación, que fue avalada por un juez, se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales para desenmarañar el denominado mayor escándalo de corrupción administrativa.
El exconcejal es procesado por haber recibido 300 millones de pesos para beneficiar a un grupo de contratistas con los contratos viales que manejaba la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) en el año 2009.
Esta colaboración tiene relación con las irregularidades en el contrato para la prestación del servicio de ambulancias en la capital de la República en el año 2009. Convenio que le fue adjudicado a una de las empresas del contratista Emilio Tapia Aldana que no cumplía con los requisitos y tuvo un costo de 67 mil millones de pesos.