Juez dejó en libertad al director de la Unidad de Víctimas de Antioquia

Jorge Mario Alzate es procesado por presuntamente cobrar comisiones por el ingreso al Registro Único de Víctimas (RUV).

Jorge Mario Alzate, director territorial en Antioquia. / El Colombiano

Una jueza de control de garantías dejó en libertad al director territorial de la Unidad de Víctimas en Antioquia, Jorge Mario Alzate y otros tres funcionarios quienes fueron capturados el pasado viernes en el desarrollo de una investigación por el cobro de comisiones para el ingreso al Registro Único de Víctimas (RUV). En la diligencia judicial que se adelantó en la madrugada de este miércoles la jueza no aceptó la petición de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía.

Los abogados de los procesados aseguraron que no se allegaron elementos para justificar la medida privativa de la libertad de los funcionarios quienes seguirán vinculados a la investigación por estos hechos de corrupción. Entre los capturados se encuentran un expersonero del municipio de Granada que trabaja en la Procuraduría de Sabaneta, un empleado del Banco Agrario y un contratista de la región.

La Fiscalía General les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho, acceso abusivo a sistema informativo, violación de datos, peculado y falsedad material en documento público los cuales no fueron aceptados por los procesados. El ente investigador presentará recurso de apelación en contra de esta decisión la cual deberá ser resuelta por el Tribunal Superior.

En la investigación –que contó con el apoyo de la Sijín- se señaló que estos funcionarios aprovecharon sus cargos para contactar a las personas en el departamento de Antioquia para cobrarles por tramitar el proceso de ingreso al RUV. Cobrando una comisión los procesados aseguraban que iban a recibir todos los beneficios establecidos en la ley de Víctimas.

Se logró establecer que se efectuaron once pagos a supuestas víctimas por un monto de $232 millones. Al parecer, el desfalco consistió en alterar los formatos y bases de datos de la entidad para ingresar la información de las supuestas víctimas y permitir que se desembolsaran los pagos a una serie de cuentas de ahorros que habían creado en el Banco Agrario. La mayoría de esos giros se hicieron en los municipios de Medellín y Santuario.

Las alarmas por este episodio no sólo se prendieron porque se trataba de un acto de corrupción en el interior de la Unidad de Víctimas y que ponía en riesgo los recursos destinados para ayudas humanitarias dirigidas a población vulnerable, sino que el 20 % del total de víctimas a nivel nacional se encuentran en Antioquia. Es decir, las autoridades precisaron que su objetivo fue evitar futuros desfalcos en una de las regiones que más recursos recibe para reparar a las víctimas.