Juez dice no a principio de oportunidad en favor de exdirectivos de Odebrecht

Con este mecanismo judicial, la Fiscalía se comprometía a no adelantar un proceso penal contra tres exdirectivos de la multinacional a cambio de que fueran testigos en otros casos y devolvieran alrededor de $18.000 millones.

Un juez de control de garantías de Bogotá negó este lunes el principio de oportunidad que presentó la Fiscalía General a favor de tres altos directivos de Odebrecht, investigados por dar sobornos a funcionarios de Colombia a cambio de hacerse a contratos viales de la Ruta del Sol II. Se trata de Luis Antonio Bueno, Luis Eduardo Arocha Suárez y Luis Antonio Mamelli.

Bajo el principio de oportunidad, la Fiscalía se comprometía a no adelantar el proceso penal contra los tres exdirectivos a cambio de que colaboraran con la justicia, fueran testigos en otros casos judiciales y devolvieran alrededor de $18.000 millones.

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En opinión del juez 41, son varias las razones para negar el acuerdo. Por un lado, que en el pleito no se reconoce a la Contraloría como víctima y que los recursos que devolverían los tres exdirectivos se configuran como devoluciones al Estado, mas no como dineros para reparar a las víctimas.

Adicionalmente, el juez consideró que el acuerdo no podía abarcar al viceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien recibió parte del soborno, teniendo en cuenta que el funcionario ya se declaró culpable y está colaborando con la justicia.

El origen de todo este proceso judicial es el contrato del sector II de la Ruta del Sol, la construcción o rehabilitación de 528 kilómetros de carretera entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), un negocio estimado en $5 billones. La multinacional tenía el 65% de la Concesionaria Ruta del Sol, una sociedad integrada, además, por Episol (una filial de Corficolombiana) y CSS Constructores, del grupo Solarte.

Desde hace justo un año, en diciembre de 2016, la multinacional brasileña se vio envuelta en un escándalo mundial por haber entregado millonarios sobornos en varios países, incluido Colombia, a cambio de contratos de infraestructura.