Juez dictó orden de captura contra exdirectora del IDU, Liliana Pardo

La exfuncionaria enfrenta dos procesos penales por el 'carrusel de la contratación'.

El juzgado 71 oenal municipal de control de garantías de Bogotá dictó orden de captura en contra de la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona, cuyo paradero es desconocido desde septiembre de 2014 cuando la jueza 10 de conocimiento anuló la medida de aseguramiento que existía en su contra dentro del segundo proceso por el 'carrusel de la contratación'. 

Esta decisión será notificada ante la Interpol para que expida la circular azul para ubicar a Pardo Gaona, y posteriormente la circular roja para dar con su captura internacional. Fuentes de la Fiscalía General indicaron que se tiene información sobre la salida de la exdirectora del país hecho por el cual solicitaron formalmente la emisión de dicha orden.

"Me permito informar que en audiencia preliminar realizada en el día de hoy dentro de las diligencias de la referencia, se dispuso de la reactivación de la orden de captura No. 120, emitida por el juzgado 60 penal municipal con funciones de control de garantías, el 23 de diciembre de 2014, contra Liliana Pardo Gaona", precisa la decisión con copia a Migración Colombia, 

Pardo Gaona enfrenta dos procesos penales por las irregularidades que rodearon el proceso de licitación y ejecución de los contratos de la reparación de la malla vial y la fase III de TransMilenio entre los años 2007 y 2008, los cuales fueron recibidos por un grupo de contratistas después de pagar una millonaria comisión.

La entonces directora del IDU habría participado en la modificación del pliego de condiciones para que solamente el grupo de contratista que habrían pagado la suma de dinero exigida resultaran beneficiados con los multimillonarios contratos viales. (Ver Fiscalía acusó a exdirectora del IDU Liliana Pardo de cohecho)

Liliana Pardo Gaona supuestamente entregó y ejecutó información reservada y privilegiada de los contratos, antes de los procesos de adjudicación; por ejemplo a los Nule, y a los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, a fin de que resultaran favorecidos con la contratación.

Asimismo, entre otras violaciones a las normas establecidas, ella cambio de sitio donde se adelantaban las reuniones para los procesos de evaluación con el propósito de lograr el encuentro con el entonces contralor de Bogotá, el personero de la capital del país y los interesados en la selección de los contratos.

En la investigación también se estableció que entre abril de 2009 y diciembre de ese mismo año, la acusada antes de salir a vacaciones, aceptó promesas remuneratorias del mismo porcentaje que en los anteriores, de los contratos 018, 019, 020, 029, 037, 047, 068 y 079 del 2009, por valor cercano a los 400 mil millones de pesos por concepto de puentes, malla vial y valorización.