Juez envío a la cárcel a ‘hacker’ ecuatoriano procesado por interceptaciones ilegales

Daniel Bajaña Barragán no aceptó su responsabilidad en los cuatro delitos imputados por la Fiscalía General. Por razones de seguridad será recluido en el búnker.

La jueza 73 de garantías cobijó con medida de aseguramiento a Daniel Bajaña Barragán señalado por las autoridades de haber participado en las interceptaciones ilegales adelantadas a correos electrónicos a un grupo determinado de personas durante un lapso de tres semanas en la oficina de Andrés Sepúlveda Ardila.

La funcionaria judicial consideró que debido a la gravedad de los cuatro delitos imputados por la Fiscalía General el procesado representa un peligro para la sociedad. Igualmente se avaló la solicitud presentada por la fiscal 56 delegada ante el CTI al considerarla pertinente para garantizar la presencia de Bajaña en el juicio.

Por razones de seguridad fue trasladado al búnker de la Fiscalía General en el occidente de la capital de la República. A la salid de la diligencia judicial el ahora procesado solamente aseguró que eran “personas de muy alto poder actual” las que estuvieron detrás de su trabajo.

En la diligencia judicial, que se celebró a puerta cerrada, el procesado no aceptó su responsabilidad en los delitos de espionaje, concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos e interceptación ilegal de información. Bajaña Barragán fue capturado en la noche del pasado martes.

Se ha podido establecer que en la diligencia se presentó un informe de análisis hecho por el CTI frente a las actividades ilegales adelantadas por el ciudadano ecuatoriano en los últimos meses, así como los correos electrónicos que sostuvo con Sepúlveda, el español Rafael Revert y otras personas, entre ellos algunos supuestos militares, sobre la información obtenida y el trabajo en redes sociales.

Igualmente fue presentado el teléfono celular del ahora capturado en los que sostenía conversaciones vía Skype con Sepúlveda Ardila, procesado actualmente por infiltrar correos electrónicos de funcionarios del Gobierno, guerrilleros de las Farc y otros dirigentes políticos relacionados con el proceso de paz que se adelanta en La Habana.

Según la Fiscalía esta información podría comprometer la seguridad nacional e internacional hecho por el cual la audiencia se hizo en su totalidad a puerta cerrada.