Juez legalizó captura de 11 funcionarios judiciales investigados por "manipulación de procesos"

En las próximas horas la Fiscalía General les imputará siete delitos.

El juez 52 de garantías legalizó la captura de 11 funcionarios judiciales investigados por presuntamente cobrar altas sumas de dinero con el fin "alterar y modificar" los procesos que les eran asignados.

El funcionario judicial consideró que la detención de los dos jueces de garantías, ocho funcionarios judiciales y un particular señalados de manipular el sistema, direccionar los procesos con el fin de beneficiar a un grupo de procesados, es legal.

En su determinación se consideró que el juez tercero municipal de Tunja tenía la competencia de ordenar las capturas de estas personas, rechazando así los argumentos esgrimidos por los abogados defensores.

Indicó además que se le respetaron los derechos procesales llamando la atención sobre el hecho que pese a la complejidad del proceso, estas personas fueron presentadas ante un juez de garantías pocas horas después de su detención. Captura que se adelantó en la noche del pasado jueves y en la cual se adelantó el allanamiento de los elementos materiales probatorios. 

Al revisar los argumentos de la Fiscalía General, el administrador de justicia consideró que a estas 11 personas se les trató de una manera digna y en ningún momento los agentes de la Dijín no les vulneraron los derechos.

“No tiene ninguna injerencia en el procedimiento de captura que las detenciones se hubieran adelantado en el complejo judicial de Paloquemao”, precisó el juez haciendo referencia a que varias capturas se han presentado en lugares públicos.

Señaló además que a “cada uno de los capturados se le permitió la comunicación con sus abogados”, haciendo énfasis en el hecho de que todos los procesados cuentan con una defensa para enfrentar esta audiencia.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que la decisión de solicitarle a un juez de Tunja la orden de captura fue para proteger esta investigación y evitar filtraciones y entrega de información que afectara la misma. Igualmente señalaron que se están adelantando investigaciones por estos hechos en las principales ciudades del país.

Se espera que en las próximas horas, la fiscal 13 de la unidad de investigaciones contra funcionarios judiciales les imputará los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, concusión, cohecho, revelación de secreto y tráfico de influencias.

De ser hallados culpables, estas personas podrían pagar una pena que va entre los 15 y 20 años de prisión. Por estos hechos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura abrirá las investigaciones respectivas en el transcurso de la próxima semana.

Asonal Judicial pide no victimizar a la justicia

Comunicado

Aislados casos de corrupción no deben afectar honra y buen nombre de todos los trabajadores judiciales de Colombia

Consternados por la masiva difusión mediática de los operativos de la Fiscalía General y la Policía Nacional en contra de algunos servidores judiciales y particulares que, al parecer, estarían involucrados aisladamente en la aparente comisión de algunos delitos relacionados con el irregular manejo del reparto de algunos procesos penales en el Complejo Judicial de Paloquemao en la capital del país, Asonal Judicial manifiesta y solicita a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las propias autoridades judiciales, policiales y de los organismos de control que:

1. Los servidores judiciales del país apoyamos decididamente que se investiguen penal o disciplinariamente las eventuales infracciones penales o disciplinarias, que llegaren a derivarse de comportamientos personales y aislados que llegaren a censurarse de algunos específicos trabajadores judiciales, investigaciones que ineludiblemente deben realizarse siguiendo las reglas propias del debido proceso y asegurándole a los involucrados todos los derechos constitucionales fundamentales ligados a la defensa, la presunción de inocencia y el principio de contradicción, entre otros principios rectores;

2. Pero a la vez y congruente con lo anterior, Asonal Judicial como legítima agremiación vocera de los derechos de magistrados, jueces y empleados judiciales, rechaza con vehemencia los señalamientos generalizados que los medios de comunicación hacen en contra de todos los funcionarios judiciales, estigmatizándonos como si fuéramos una auténtica horda de delincuentes y no unos abnegados servidores públicos que sin recibir emolumentos por concepto de horas extras, tenemos que trabajar diariamente más de 10 o 12 horas en procura de garantizarles a los colombianos sus derechos fundamentales en la enorme cantidad de procesos que cotidianamente debemos tramitar y decidir en nuestros despachos; muestra de ello es la ya desbordada cantidad de Tutelas que a la par que la enorme cantidad de procesos ordinarios debemos tramitar y resolver cada día, muchas veces sin los suficientes y eficientes medios logísticos, operativos y humanos que mitiguen la desbordada carga laboral que afronta la Rama Judicial diariamente.

3. Por consiguiente y sin perjuicio de que se adelanten por las autoridades competentes los procedimientos penales o disciplinarios que sean del caso, hacemos un cordial pero vehemente llamado a la mesura y a la prudencia especialmente a los medios de comunicación, pues si bien en todas las entidades públicas y privadas se presentan infortunadamente aislados y específicos casos o focos de corrupción, no por ello se debe generalizar estigmatizando a todos los integrantes de esa determinada entidad como una pandilla de delincuentes, máxime que con ello sólo se obtiene la desinstitucionalización del país y de sus autoridades, se deslegitima la Rama Judicial como Poder Público que propende por materializar los derechos y garantías ciudadanas sin distinción y se vulnera gravemente la honra y el buen nombre de los ciudadanos servidores judiciales inexplicable e injustificadamente, pues las eventuales conductas irregulares de unos pocos terminan siendo endilgadas injustamente a todos sus pares, lo que es más grave si se atiende al hecho incontrovertible de que el proceso penal contra esos específicos trabajadores judiciales apenas se está iniciando, encontrándose en una fase muy preliminar como es la de legalización de allanamientos y capturas y formulación de imputación, que en manera alguna equivale a que las personas involucradas ya hubieren sido vencidas en Juicio y condenadas.