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La Fiscalía adelanta una investigación contra Aleyda Saavedra Londoño, quien, en el marco de sus funciones como jueza primera penal municipal de Sevilla (Valle del Cauca), reconoció que ayudó con el beneficio de libertad transitoria, contemplada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a tres exmilitares investigados por ejecuciones extrajudiciales.
La decisión de la exfuncionaria, según la Fiscalía, favoreció al teniente Antonio Rozo Valbuena, al subintendente Elkin Leonardo Burgos Suarez y al soldado profesional Dalbelto Rincón, quienes se encontraban detenidos en un centro penitenciario por varios casos de ejecuciones extrajudiciales. La decisión de la jueza fue tomada 25 de julio de 2017.
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La Fiscalía le imputó los delitos de prevaricato y abuso de función pública, cargos que la exfuncionaria aceptó. El ente investigador señaló, además, que Saavedra Londoño no tendría la competencia territorial para decidir las peticiones de los militares procesados y privados de la libertad en el Centro Militar Penitenciario de Bello (Antioquia).
De igual forma, la investigación dice que la juez concedió los habeas corpus, pero desconoció que dichos recursos ya habían sido negados anteriormente por otros despachos de Medellín.
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La jueza se encuentra actualmente detenida en la cárcel de Jamundí (Valle del Cauca) pues, al parecer, en septiembre de 2017 dejó en libertad a Francisco Pineda Paredes, un señalado narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos y excluido de la lista de desmovilizados de las Farc por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, tras comprobar que no se trataba de un desmovilizado.
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