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“Esta es la historia de un niño que, como en una ruleta, pasó de un agresor a otro y a otro, hasta sumar cuatro sacerdotes, un seminarista y un coordinador de acólitos que abusaron sexualmente de él. Sucedió en San Rafael, en el oriente antioqueño, en los años en que la guerra del país caminaba por las calles del pueblo y el parque principal. La parroquia de San Rafael Arcángel, que parecía un refugio, se convirtió en el lugar de las desgracias de Sergio”.
Haber escrito la historia de Sergio (nombre ficticio para proteger a la víctima), consignada en su libro Dejad que los niños vengan a mí, se volvió para el periodista Juan Pablo Barrientos una lucha campal con la justicia, en la que acaba de perder un round muy importante. El pasado 25 de octubre, el juez Rafael Vásquez Gómez, titular del Juzgado Promiscuo Municipal de San Rafael (Antioquia), ordenó la suspensión de la “reproducción, comercialización y venta del libro”.
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Es un libro, se sabía desde el inicio, controversial, pues aborda el tema de la pederastia en la iglesia católica colombiana. Un asunto que, a pesar del cubrimiento y la atención que ha recibido en todo el mundo, en el país ha sido auscultado por los medios de comunicación con timidez. Y ahora que Barrientos -quien lleva años trabajando este espinoso tema- lanza su libro, los jueces han llegado a exigirle hasta el nombre y ubicación de al menos una de sus fuentes.
“No lo voy a hacer”, responde él. Con tres tutelas en su contra andando, todas presentadas por hombres que dicen que el libro los perjudica, Barrientos le dijo a este diario que está dispuesto a poner en contacto a esos tutelantes con los abogados de la víctima cuya identidad quieren algunos jueces que él revele. Pero hasta ahí. “Por vía judicial no voy a entregar ninguna información que no estoy obligado a entregar”, anota.
En esta travesía, a Barrientos -quien el año pasado ganó un premio Simón Bolívar por un trabajo investigativo sobre este tema, publicado en W Radio- lo acompañan Dejusticia y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). “La Constitución del 91 dice claramente que en Colombia no hay censura, es la regla de oro en la libertad de expresión en el país, especialmente no hay censura previa”, asegura Alejandro Jiménez, litigante de Dejusticia, en entrevista con El Espectador.
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Tanto él como el abogado Daniel Ospina están asesorando a Barrientos para que pueda lidiar con este monstruo de mil cabezas. “Yo soy libre de decir y, después de que diga, soy responsable de mis palabras”, explica Jiménez. “Suspender la reproducción del libro es censura previa clarísima, hay otras vías para manejar esto. Hoy vamos a radicar la contestación de esa tutela, pero esta orden de medida provisional no nos da buena espina”, agrega el abogado Ospina.
La FLIP, por su parte, no oculta su preocupación ante este panorama. “La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los casos de censura y acoso judicial de los que ha sido víctima el periodista Juan Pablo Barrientos debido a la publicación de su investigación sobre casos de pederastia en la iglesia Católica en Colombia, Dejad que los niños vengan a mí”, señaló el organismo, tras conocer el estado de las tutelas que se han presentado últimamente.
Esta entidad privada, que trabaja por la defensa de la libertad de expresión y de información, rechaza también las solicitudes que le han hecho al periodista para que entregue los dato de ubicación de Sergio. La última orden judicial en ese sentido es de hoy, 29 de octubre: la jueza Olga Marina Ballesteros, de La Ceja (Antioquia), le dio a Barrientos “cuatro horas contadas a partir de la notificación de este auto” para que suministre los datos requeridos.
“La Corte Constitucional ha señalado que la facultad de negarse a entregar la información que obtuvieron durante la reportería es un derecho fundamental de los periodistas (sentencia T-594 de 2017). Este derecho es catalogado como inviolable por el artículo 74 de la Constitución”, recordó la FLIP, la cual agregó que suspender la publicación o pedirle al autor que revele sus fuentes “configuran una estrategia de acoso judicial contra la prensa”.
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Los recursos judiciales contra el libro
Lo primero fue una tutela admitida el pasado 22 de octubre por el juez Antonio Betancourt Mesa, titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro (Antioquia). El recurso lo presentó Luis Carlos Salazar Jiménez, a quien Sergio señaló como uno de sus abusadores. El 19 de diciembre de 2018, el obispo de Sonsón (Antioquia), monseñor Fidel Cadavid, suspendió a Salazar como párroco de la basílica de La Ceja, tras conocer de primera mano las denuncias de Sergio.Sergio tenía unos 10 años cuando se unió a la parroquia de San Rafael como acólito, se lee en el libro de Juan Pablo Barrientos. Quería ser sacerdote, pero los abusos sexuales de los que se declara víctima lo alejaron de la iglesia para siempre. Salazar, quien en su tutela no oculta la molestia que le produjo saberse en tela de juicio, dice que le pidió a monseñor Cadavid la identidad de su acusador, quien no se la dio, “todo con el pretexto de que (a) la víctima hay que protegerla”.
En ese proceso, el juez Antonio Betancourt Mesa vinculó a la Diócesis de Sonsón-Rionegro “para que si a bien lo tienen ejerzan su derecho de defensa y contradicción”, y le pidió cualquier expediente o documento que allí repose en contra del sacerdote Salazar. Asimismo, el funcionario judicial pidió a la Fiscalía que le informara de cualquier sentencia en curso o ejecutoriada contra el religioso, y le dio a Barrientos un día para entregar los datos de ubicación de Sergio.
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Luego vinieron dos tutelas más, admitidas el mismo día (el pasado 25 de octubre) pero en diferentes juzgados. Una la radicó el sacerdote Ovier de Jesús Galvis Sánchez y otra, G. E. G. V.* El primero fue sacerdote de la parroquia San Rafael Arcángel de enero a julio de 2001, periodo en que, según Sergio, este abusó de él. El segundo, hoy abogado, era coordinador de acólitos de la misma parroquia y en la misma época de los abusos denunciados.
El sacerdote Galvis le contó a la jueza Olga Ballesteros en su tutela que, en diciembre del año pasado, monseñor Fidel Cadavid lo llamó para hablar con él del testimonio que había conocido de parte de Sergio, “nada por escrito y sin exhibir prueba alguna”. En el recurso, Galvis acusó a Barrientos de publicar “de manera irresponsable” su libro “sin investigar en el entorno de la feligresía y de la comunidad, que bien conoce la rectitud con que he desempeñado mi ministerio”.
Al admitir esa tutela hace cuatro días, la jueza Ballesteros divulgó el nombre de Sergio y lo notificó con el objeto de que le hiciera llegar “las pruebas y rendir los informes que considere pertinentes para su defensa”. Hoy 29 de octubre, esa misma funcionaria le dio cuatro horas al periodistas Barrientos para que “aporte los datos de notificación” de Sergio, con el fin de notificarlo de la tutela del sacerdote Galvis, quien fue suspendido de su cargo también por monseñor Cadavid.
“Toda la información relacionada u obtenida durante la reportaría, no solamente la identidad de quien entrega la información, está protegida la reserva de la fuente. Y como tal, es mi derecho fundamental negarme a entregar la misma. Siendo así, ninguna autoridad, incluida los jueces de tutela, puede emitir órdenes que vulneren mis derechos fundamentales”, respondió Barrientos a la jueza Ballesteros, citando precedentes de la Corte Suprema de Justicia.
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La tutela de G. E. G. V es a raíz de la cual el juez Rafael Vásquez Gómez, del juzgado promiscuo de San Rafael, ordenó que se suspendiera “la reproducción, comercialización y venta del libro ‘Dejad que los niños vengan a mí’, hasta tanto sea decidida la tutela”. Determinación judicial que tiene aterrados a los abogados del periodista Juan Pablo Barrientos, quienes insisten en que es “censura previa”.
El próximo jueves 31 de octubre, a las 7 de la noche, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia está programado un conversatorio entre Juan Pablo Barrientos y la también periodista Claudia Morales para hablar sobre el libro de la discordia, que verá ese día su lanzamiento oficial. Esta avalancha de decisiones judiciales tomadas en los últimos días, sin embargo, resulta una amenaza para que el lanzamiento pueda llevarse a cabo.
Nota de la editora: Pese a que en la primera versión del texto se publicó el nombre completo del coordinador de acólitos, quien interpuso una de las tutelas, el juez del caso aclaró en una decisión posterior que se debe ocultar la identidad del tutelante para proteger su derecho a la intimidad. Este diario modificó el nombre y lo cambió por sus iniciales.