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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dio tres días hábiles a la Fiscalía General para que aclare las inquietudes presentadas por la defensa de la excontralora General, Sandra Morelli Rico dentro de la acusación hecha en su contra por las irregularidades que se habrían presentado durante la celebración del contrato de arrendamiento para la nueva sede del ente de control fiscal en el occidente de la capital de la República.
El abogado de Morelli Rico, Álvaro Rolando Pérez manifestó que no hay claridad en varios puntos del descubrimiento probatorio hecho por el representante del ente investigador. “La Fiscalía entregó 65 gigas de material y cuando lo fuimos a abrir fue imposible leerlo porque no existía fiscalmente el material como tal, y en el descubrimiento probatorio la ley indica que el material tiene que estar completo”.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dio tres días hábiles a la Fiscalía General para que aclare las inquietudes presentadas por la defensa de la excontralora General, Sandra Morelli Rico dentro de la acusación hecha en su contra por las irregularidades que se habrían presentado durante la celebración del contrato de arrendamiento para la nueva sede del ente de control fiscal en el occidente de la capital de la República.
El abogado de Morelli Rico, Álvaro Rolando Pérez manifestó que no hay claridad en varios puntos del descubrimiento probatorio hecho por el representante del ente investigador. “La Fiscalía entregó 65 gigas de material y cuando lo fuimos a abrir fue imposible leerlo porque no existía fiscalmente el material como tal, y en el descubrimiento probatorio la ley indica que el material tiene que estar completo”.
La Fiscalía General acusó formalmente al excontralora General por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales agravado y peculado por apropiación a favor de terceros por la celebración irregular del convenio interadministrativo para trasladar las oficinas principales al edificio Gran Estación II, actuación que para la Fiscalía General fue injustificada y se debió más a un capricho de Morelli.
Se indica que la celebración dicho convenio llevó a un detrimento patrimonial al ente. Este hecho presenta un agravante si se tiene en cuenta que era la encargada de vigilar el gasto público en el país. Para la Fiscalía Morelli presentó una actuación “dolosa e irreflexiva” cuando tomó la decisión de firmar este contrato de arrendamiento.
Sin una justificación clara se buscó la manera de firmar un contrato con un plazo de 10 años para las nuevas oficinas con un costo en el primer año de 28.548 millones de pesos. Para la Fiscalía General incurrió en una “indolencia” causando “daños patrimoniales y presupuestales” para dicho ente.
“La Contralora desocupó las sedes en el edificio Torre Colseguros y el edificio Cardenal Crisanto Luque” en el centro de Bogotá para realizar el trasteo casi que de manera inmediata. En la investigación se indica que nunca se presentaron estudios técnicos o económicos para ordenar dicho trasteo.
El delegado del ente acusador señaló que no se ponderaron otras propuestas para “materializar su estrategia ilícita” mediante una actitud que iba en contravía de los principios de contratación pública afectandoasí el interés colectivo logrando así una “oscura operación administrativa”.
“Impulsó, dirigió y definió una caótica estrategia administrativa que a cualquier costo le permitiera contar con los recursos públicos para acceder a una nueva sede, con total indolencia por las consecuencias por las consecuencias presupuestales y patrimoniales que ello conlleva”, precisó.
En la celebración de contratos 233 y 244 de 2012 se presentó una afectación al patrimonio, advirtiendo que no se tuvieron en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Hacienda para arreglar el edificio Cardenal Crisanto Luque y en la torre Colseguros en el centro de la capital de la República.
“Se le censura que pagara un canon mensual de 2.515 millones de pesos para oficinas funcionales por un mueble que durante dicho periodo no podía ocupar ni usar, y durante este tiempo se realizarían las obras para convertirlo en funcional”, precisó el fiscal.
En repetidas oportunidades la excontralora manifestó que era necesario el traslado de la sede debido a las fallas en la infraestructura. Morelli ha calificado su proceso como una persecución por parte del fiscal General, Eduardo Montealegre Lynnet.