A juicio dos exdirectivos de Hidroituango por supuesto contrato “a dedo” de la megaobra

Casi dos años después de que se prendieran las alarmas por la crisis ambiental que se vive en la hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango), ubicada en el norte de Antioquia, la Fiscalía sigue avanzando en las investigaciones que habrían desencadenado en el inestable escenario que afronta la megaobra que se desarrolla en el río Cauca, el segundo más importante del país. Para el próximo 25 de agosto está programada una audiencia, en la cual el ente investigador llamará a juicio a dos exdirectivos que habrían sido claves en el rumbo que tomó la imponente construcción, que, se espera, en 2021 proporcionaría hasta el 17 % de la demanda energética del país.

Los dos llamados al banquillo de los acusados son dos “duros”: el ingeniero Luis Guillermo Gómez Atehortúa, exgerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, quien hasta agosto del año pasado fue el director del megaproyecto. Según las pesquisas del ente investigador, en marzo de 2011, Gómez Atehortúa y Vélez Duque, como gerentes de Hidroituango y Empresas Públicas de Medellín (EPM), respectivamente, firmaron un contrato en el que esta última, por medio de una sociedad vehículo (EPM Ituango S. A.), quedó a cargo de la financiación, construcción, operación y explotación comercial de la hidroeléctrica por los siguientes 50 años.

::Se mantiene la alerta en Hidroituango pese a que concluyó la construcción de la presa::

La suscripción de este contrato, de acuerdo con la Fiscalía, fue “a dedo” y no surtió el trámite de licitación pública que exige la ley colombiana, por lo cual Gómez Atehortúa y Vélez Duque habrían cometido el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales. En el escrito de acusación de 36 páginas, que conoció El Espectador, se evidencia que EPM era uno de los socios del proyecto hidroeléctrico desde el año 2000. Sin embargo, según el ente investigador, EPM Ituango —conformada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA (50,7 %), EPM (46,3 %) y la Gobernación (2,1 %)— no tenía experiencia alguna en la construcción de hidroeléctricas.

El proyecto de la hidroeléctrica, que comenzó en junio de 1998, casi 10 años después de su nacimiento decidió dejar en manos de terceros su ejecución. Incluso Hidroituango alcanzó a dar los primeros pasos para poner en concurso público la adjudicación de la megaobra. En noviembre de 2009, Hidroituango invitó a todas las empresas interesadas en participar. En enero del año siguiente se conocieron los nombres de las siete que presentaron propuestas: China Three Georges Corporation, el Consorcio Kepco, Electrobrás, Constructores Comercio Camargo Correa S. A., Constructora Andrade Gutiérrez S.A., EPM y Odebrecht.

Esta última empresa, la conocida multinacional brasileña, reconocida por haber repartido en toda América Latina una feria de sobornos para quedarse con varias obras públicas, fue la que denunció ante las autoridades colombianas las presuntas irregularidades que se dieron en la adjudicación de la controvertida hidroeléctrica. Según el escrito de acusación, en marzo de 2010, Hidroituango publicó las reglas para que los preseleccionados pudieran estructurar sus ofertas. Sin embargo, tres meses después, la junta directiva de Hidroituango suspendió el concurso de licitación pública.

::Información que ha dado Hidroituango no es ni veraz ni confiable: Procuraduría::

Entre junio y septiembre de 2010, EPM e Hidroituango empezaron a negociar las condiciones para que EPM se quedara con la hidroeléctrica. Durante estas conversaciones se pactó, por ejemplo, la creación de la sociedad EPM Ituango, la cual ha estado bajo el control de EPM. También, que esta empresa y el IDEA, de manera conjunta, representaran el 97 % de la participación accionaria de la megaobra. Y, finalmente, “que (fuera) EPM quien desarroll(ara) directamente la financiación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto hidroeléctrico”.

Según las pesquisas del ente investigador, para el 10 de septiembre de 2010 estaba claro que EPM iba a ser el destinatario del contrato, aunque para ese momento el proceso de subasta con las demás empresas no se había cancelado y seguía suspendido. La decisión oficial solo se vino a saber el 4 de noviembre de 2010, cuando Hidroituango les informó a los otros seis oferentes que la subasta había cerrado porque habían preferido trabajar con una empresa regional como lo es EPM. En marzo de 2011 se firmó el ahora famoso contrato que tiene bajo la lupa a Gómez Atehortúa y Vélez Duque.

Por estos hechos la Fiscalía también llamó a interrogatorio a Álvaro Villegas Moreno (fundador de la firma que construyó el edificio Space, que se derrumbó en 2013), Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque (en calidad de gerente de EPM Hidroituango) y Juan Estaban Calle Restrepo (gerente de EPM E. S. P.). En su momento, cuando se supo que la Fiscalía tenía en el radar a estos funcionarios y exfuncionarios que tuvieron que ver con la megaobra, EPM señaló que siempre han actuado dentro del marco de la ley y que están dispuestos a “colaborar con la Fiscalía en su proceso investigativo”.

::EPM sostiene que no ha ocultado información sobre Hidroituango::

La pista brasileña

Semanas después de que empezara la contingencia en Hidroituango, entre abril y mayo de 2018, la Fiscalía dio a conocer que le sigue la pista a la firma Camargo Correa —empresa brasileña que forma parte del consorcio encargado de las obras de Hidroituango e implicada en escándalos de corrupción— por presuntas irregularidades en contratación y daños ambientales. La empresa, que forma parte del consorcio CCC Ituango con un 55 %, y junto a Conconcreto (35 %) y Coninsa (15 %) habría presentado una propuesta para quedarse con la construcción de la obra por $1,89 billones, una cifra 13 % menor al presupuesto que había puesto como referencia EPM, que superaba los $2 billones.

La puja final se la ganó al consorcio OMS Ituango, conformado por las firmas Minciviles, Solarte y Odebrecht. Estas dos últimas empresas están implicadas en los sobornos que se entregaron en la Ruta del Sol II.