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En la madrugada del 2 de octubre de 2014, María Camila Velandia, con apenas 17 años, fue encontrada sin signos vitales a cien metros de una embarcación que transportaba a 25 jóvenes del Colegio de Inglaterra (más conocido como The English School), y que naufragó al haber chocado con otra de origen peruano en uno de los ríos más caudalosos del mundo: el Amazonas. Casi tres años después, la Fiscalía presentará, el próximo 11 de mayo, el escrito de acusación contra tres personas señaladas de haber cometido graves irregularidades en el transporte de los estudiantes ese día a la Reserva Natural Marasha, en Perú.
Se trata de Manuel Andrés López Sánchez y Mateo Franco Arango, gerente e instructor de Bluefields, respectivamente. Esa fue la empresa contratada por el colegio para organizar la excursión entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2014 al Amazonas. El organismo investigativo también responsabiliza a Segundo Antonio Solarte Cahuasa, representante de la empresa Amazon Discovery, que a su vez fue contratada por Bluefields para proveer el transporte, hospedaje y la alimentación de los estudiantes en Leticia.
Y es que para la Fiscalía, hubo una secuencia de errores en las decisiones de las tres personas que ahora los tienen a punto de enfrentar un juicio. La excursión, que estaba programada como la última actividad de los alumnos dentro de la materia CAS (Creatividad, Acción y Servicio), del grado décimo y de obligatorio cumplimiento, tenía dispuesta una actividad de cierre que consistía en visitar la Reserva Natural Marasha, ubicada a una hora y media de la ribera del municipio de Puerto Nariño.
Cuando los 113 estudiantes llegaron a Leticia, el 27 de septiembre, fueron divididos en cuatro grupos y en cuatro sitios distintos para realizar actividades pedagógicas. Para el 1° de octubre, dice la Fiscalía, dos grupos se encontraban en Puerto Nariño mientras que los otros dos, en el que se encontraba María Camila Velandia, pasaron la noche en Leticia. El escrito de acusación, conocido por El Espectador, argumenta que con el propósito de reunirse los cuatro grupos de estudiantes y poder iniciar las actividades en la reserva el 2 de octubre, Manuel Andrés López Sánchez “dispuso que estos dos grupos saldrían a las tres de la mañana, para lo cual consultó en las horas de la tarde del día primero de octubre con el señor Segundo Olarte, quien le manifestó que no había problema”.
Acto seguido, dice la Fiscalía, Mateo Franco Arango le informó telefónicamente a Ever Sinaragua, el conductor de la embarcación, que al día siguiente salían. No obstante, Sinaragua le comunicó a Manuel López que estaba prohibido zarpar a esa hora, “pero Franco procedió a llamar telefónicamente a Manuel López (…) quien, luego de consultar, le dijo que sí podían salir (y) que Segundo Olarte facilitaría los botes”.
Posteriormente sucedería el trágico accidente. Sobre las 4:10 de la mañana del 2 de octubre de 2014, al pasar por el sitio conocido como Isla Corea, la embarcación chocó con otra identificada con matrícula peruana y transportada por autoridades de ese país que cumplía labores de vigilancia. Al iniciar la búsqueda en la madrugada y luego de hacer un llamado a lista de los estudiantes, el guía José Prudencio García “localizó el cuerpo de María Camila (…) inmóvil flotando boca abajo con el chaleco salvavidas puesto y dos morrales que le flotaban en cada brazo”.
El escrito de acusación es claro: a Manuel Andrés López Sánchez, Mateo Franco Arango y Segundo Antonio Solarte Cahuasa “se les reprocha la desatención del deber de precaución porque, estando en capacidad de prever el resultado, no lo hicieron y ejecutaron de todas maneras la acción imprudente”. Esta acusación se suma a otro proceso judicial que enfrenta Martha Elena Quintero, directora del programa CAS del Colegio de Inglaterra, y a Ever Sinaragua, el lanchero que conducía la embarcación. Las cinco personas investigadas por el organismo deberán responder por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales.
Para la Fiscalía es evidente que López y Franco incumplieron el acta de compromiso firmada entre Bluefields y la institución educativa, al indicar que esta empresa cumpliría con la reglamentación de las salidas pedagógicas expedidas por la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación. Por su parte, a Segundo Antonio Solarte se le endilga la violación de las normas que restringen el horario de navegación para las embarcaciones menores entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana. En efecto, la Fiscalía responsabiliza a los tres acusados por “violar normas fluviales básicas como la hora de salida, la omisión del permiso del zarpe, el sobrepeso que generan maletas en el techo de la embarcación sin la tripulación adecuada”.
“Pagamos por irresponsabilidades del colegio”
Mónica Prieto, madre de María Camila Velandia, le dijo a este diario que lo sucedido con su hija tiene que sentar un precedente sobre la confianza que los padres les están dando a las instituciones educativas en las salidas pedagógicas. “Tuvimos que pagar las consecuencias por una irresponsabilidad tan grande del colegio, actuaron con total desconocimineto del valor que tiene la vida de todos los que iban en la embarcación".
Respecto al proceso que adelanta la Fiscalía, Mónica expresa que los errores del colegio y las empresas que subcontrató son evidentes, pide, entre otras cosas, que se haga justicia así como a los demás estudiantes que sufrieron diferentes lesiones y que lograron salvarse.
Asimismo, reconoce que desde aquel día su familia ha vivido momentos dificiles. “Esto es un sube y baja, todos los días luchamos contra una pérdida tan enorme como la muerte de nuestra hija. Tenemos que hacer todo lo posible para sentar un precedente porque no queremos que a otra familia pase por lo que nosotros vivimos”.