A juicio investigados por irregularidades en manejo de recursos para la paz

Se trata de Bibiana Marleny Arias Garzón, María Elvira Valencia Gómez y el exdiputado José Domingo Ardila Neira quienes, según la Fiscalía, habrían garantizado entregas de contratos del posconflicto a cambio de sobornos.

Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, exjefe negociador de las Farc en los diálogos de paz, es investigado por estos hechos. Cortesía.

Por el delito de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía llamó a juicio a tres personas quienes habrían participado en una organización encargada de entregar irregularmente proyectos (agrícolas y de construcción de las vías terciarias), definidos en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, a empresarios.

Se trata de María Elvira Valencia Gómez, abogada y experta en contratación estatal; José Domingo Ardila Neira, exdiputado de Santander y exconcejal de Socorro (Santander); y Bibiana Marleny Arias Garzón.

Estas personas se habrían reunido entre enero de 2017 y marzo de 2018 para ejecutar proyectos en varios departamentos del país. Según la investigación, los investigados se habrían concertado con Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, exjefe negociador de las Farc en los diálogos de paz, con el fin de garantizar la supuesta entrega de contratos del posconflicto a cambio de sobornos.

(Le puede interesar: Las pruebas contra la red que buscaba quedarse con recursos del posconflicto)

En el curso de las investigaciones, la Fiscalía resaltó que Marín (hoy en Estados Unidos) habría aprovechado su vínculo familiar para “generar relaciones de negocios” y asistir a conversaciones que se desarrollaron en La Habana (Cuba), como parte del Proceso de Paz. “Marlon estuvo presente en las conversaciones (…) siendo delegado de Iván Márquez para el acompañamiento en la estructuración de los proyectos productivos a desarrollarse”, explicó el ente investigador.

La Fiscalía manifestó que el sobrino de Márquez se habría reunido con Yésica Carolina Gómez Builes, quien aceptó su responsabilidad, para entregar coimas a funcionarios del Ministerio de Agricultura con el fin de conseguir la viabilidad financiera de varios proyectos que fueron radicados tiempo atrás. Asimismo, los demás investigados habrían participado en otras actividades en cabeza del exdiputado José Domingo Ardila Neira, quien supuestamente intermedió en otros proyectos ante entidades del Estado.

El ente investigador además detalló esta red giraba alrededor de Marín y que las actividades desplegadas por estas personas vulneraron los principios de la administración pública, así como al orden económico y social. Y que, además, pretendieron apropiarse y beneficiarse con dineros que correspondían a la construcción de carreteras terciarias para facilitar el comercio de productos agrícolas en zonas de mayor impacto social en municipios de Antioquia, Boyacá y Santander.

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Redacción Judicial

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