"El joropo es la altanería del llanero": Cholo Valderrama

hace 0 sec

Justicia para cinco niños masacrados

El 30 de mayo de 2001 un grupo de paramilitares ingresó a este corregimiento y mataron a ocho personas, entre ellas, cinco menores. Ya van tres personas sentenciadas por estos hechos.

Esta zona fue víctima de grupos paramilitares/Archivo

El 30 de mayo de 2001 los paramilitares se ensañaron con los niños del corregimiento cesarense de Los Tupes. Cerca de la medianoche ingresaron a este pueblo –ubicado en zona rural del municipio de San Diego– e incineraron las casas de las familias Suárez Camargo, Reyes Pérez y Torres. En palabras de la Corte Suprema de justicia lo hicieron “en forma insensible, sin el menor escrúpulo, sin importar la suerte que corrían los moradores de dichas viviendas”.


Ocho personas murieron, entre ellas, cinco menores; cuatro de ellos –Deimer José, Dayanis Silellis, Fainer Antonio y Farlenis Zulaina Reyes Pérez, de 12, 11, 9 y 5 años de edad, respectivamente– eran hermanos. Sus cuerpos calcinados fueron encontrados al interior de su residencia.

Otro menor –Moisés Andrés Suárez Camargo, de 1 año de edad– fue trasladado al hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar debido a que una de las granadas lanzadas por los paramilitares le había destrozado el pie izquierdo. Al final las heridas acabaron con su vida. Ahora –casi 13 años después– la Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar la condena a 40 años de prisión impuesta a uno de los responsables de esta matanza: el soldado (r) Juan Carlos Amaya Becerra.

Amaya fue condenado el 23 de junio de 2004 por un juez de Valledupar tras ser señalado por uno de los sobrevivientes de la masacre y padre de uno de los menores asesinados como uno de los cerebros y perpetradores de esta matanza cometida –al parecer– por una presunta disputa entre la familia Amaya Torres y otras familias del pueblo.

Curiosamente, dos meses antes, el 21 de abril de 2004, la Procuraduría había archivado su investigación contra Amaya y contra el también soldado Juan Carlos Zapata Guerra por estos hechos al considerar que los testimonios en su contra no eran suficientes para iniciar un proceso disciplinario.

El uniformado fue condenado junto con los paramilitares Luis Bermúdez Torres –alias Pato– y Mauro Enrique Torres Bolaños. Amaya apeló la decisión debido a que, en su criterio, los testigos en su contra no habían hecho sino mentir movidos por las ya mencionadas rencillas familiares. No obstante la misma fue confirmada el 15 de agosto de 2006 por el Tribunal Superior de Valledupar.

Entonces el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. El 18 de abril de 2007 el alto tribunal le dijo no a las pretensiones de Amaya debido a que –en su criterio– no había podido demostrar error alguno por parte del Tribunal Superior de Valledupar. Y eso que a los pocos meses esa corporación decidió reducir la sanción disciplinaria de 20 años de inhabilidad que se le había impuesto ese mismo 23 de junio de 2004.

No obstante, la pena de 40 años de prisión se mantuvo incólume. A los pocos años el caso volvería a caer en manos de la Corte Suprema de Justicia. Esta vez, después de que la misma Procuraduría interpusiera un recurso para que esa corporación revisara una vez más la sentencia del Tribunal Superior de Valledupar.

En su solicitud el Ministerio Público sostuvo que había elementos nuevos que ameritaban que el proceso fuera revisado. Puntualmente: los testimonios rendidos por dos paramilitares: Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, alias El Paisa, uno de los perpetradores de esta masacre, y Giovany Alfredo Andrade Racines, alias El Guajiro. De la misma forma, se pidió tener en cuenta las declaraciones de los ya mencionados Luis Bermúdez y Mauro Torres. Pruebas que, según la Procuraduría, demostrarían que, al parecer, Amaya no estuvo en Los Tupes cuando se cometió la masacre.

Tras meses de estudio la Corte Suprema acaba de decirle que no a este recurso con el argumento de que los testimonios mencionados no eran suficiente “evidencia de la inocencia de Juan Carlos Becerra Amaya porque al contrastarlas con el fundamento valorativo de los elementos considerados por los juzgadores –específicamente– con las declaraciones del testigo no conducen a la formación de un criterio distinto al expuesto en las instancias, pues, sencillamente, no tocan los aspectos esenciales de la decisión condenatoria”.

De esta forma la Corte deja en firme una sentencia que es como un poco de justicia para las víctimas de esta masacre de la que los pobladores de Los Tupes apenas se reponen. En diciembre del año pasado las autoridades del Cesar iniciaron un proceso de embellecimiento del corregimiento que contempla, entre otras, la construcción de la plaza central de esta localidad, ubicada a escasos kilómetros de Valledupar.

“Esta obra es un reconocimiento a la resistencia y tenacidad de los habitantes de este golpeado corregimiento, y abre espacios para el reencuentro y la convivencia, que indudablemente, contribuyen a la construcción de la paz que los cesarenses tanto deseamos”, sostuvo en su momento el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. Un reconocimiento a una población que tuvo que sufrir un infanticidio tan atroz.

 

Temas relacionados