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Manifestaciones públicas. Abuso policial. Encubrimiento institucional. Amenazas contra un padre perseverante. Esos son todos los elementos que reúne el caso de Nicolás Neira, quien el primero de mayo de 2005 murió en medio de protestas en el Día del Trabajo, luego de que el agente del Esmad Néstor Rodríguez Rúa disparara con su truflay (arma que lanza latas de gas), contra la humanidad del adolescente de 15 años de edad. Pasaron quince años de dilaciones y cambios de rumbo en la investigación, pero finalmente una juez anunció que condenará por homicidio al miembro del Escuadrón Antidisturbios de la Policía.
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La Juez 18 penal de conocimiento, en audiencia de sentido fallo, determinó que el agente Néstor Rodríguez Rúa es responsable por la muerte Nicolás Neira, pues las pruebas documentales y testimoniales evidencian que tras accionar el truflay, en medio de las manifestaciones en el centro de Bogotá, Nicolás Neira sufrió un trauma craneoencefálico tan severo y demostrable, que no cabe otra teoría del caso dentro del expediente. Del manifestante se dijo, en su momento, que se había tropezado y había caído en un bolardo en plena vía pública. Se trató de un plan elaborado para encubrir las verdaderas causas de la muerte del joven.
“El perito de Medicina Legal concluyó que la manera de muerte era violenta y, como causa, determinó edema cerebral difuso, más contención hemorrágica cerebrosa por trauma cráneo encefálico contundente severo, por impacto de una capsula contenedora de gas de las que actualmente se disparan por los truflay usados por el Esmad. La cabeza estaba en reposo, no estaba en movimiento. No le asiste razón a la defensa técnica en cuanto a que pudieron ser otros elementos con los cuales se produjo el deceso de la víctima”, explicó la Juez 18 penal de conocimiento este lunes.
Luego de eso, la togada citó jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha indicado que la conducta de un homicida es dolosa, sobre todo en casos que involucran la respuesta de miembros de la Fuerza Pública, “cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la conducta penal. El dolo es la exposición de ánimo hacia la realización de una conducta típica que genera un daño o una puesta en peligro”, explicó en audiencia virtual. Finalmente, la próxima audiencia, donde se definirá el monto de la condena que pagará Rodríguez Rúa, fue fijada para el próximo 5 de marzo.
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La abogada de las víctimas, Alejandra Garzón, dijo en diálogo con El Espectador: “La juez le dio cabida a la teoría del caso de la Fiscalía. La impunidad reina en los crímenes cometidos por el Esmad. El caso de Nicolás Neira tuvo bastante prueba para condenar al responsable hace mucho tiempo. El escuadrón, por decisión de altos mandos, decidió encubrir el crimen. Este es un caso emblemático, porque se descubren varias teorías contra la institución, de que buscan lesionar a los manifestantes y que luego de eso hay encubrimiento total. Esto se ve reflejado en las amenazas que sufren los testigos del abuso policial, incluso contra Yuri Neira, su padre, que se tuvo que exiliar”.
Así mismo, este diario se comunicó con Yuri Neira, padre de Nicolás Naira, quien desde España responde con alegría. Sin embargo, asegura que se trata de una victoria agridulce, pues el expediente se demoró 15 años en desenredarse. “Eso tiene más aristas ¿Por qué no se hizo mucho antes? La historia nos ha demostrado que ese tiempo se utiliza para que el policía haga maletas y se vaya. Eso pasó en el caso de Diego Felipe Becerra -grafitero que perdió la vida en 2011 presuntamente a manos de miembros de la Policía-, donde el autor del disparo se voló y los otros que han sido encausados también se han volado”.
El expediente de Nicolás Neira
El 1° de mayo de 2005, día en el cual se conmemora el Día del Trabajo, Nicolás Neira fue a una protesta por primera vez en Bogotá. La víctima tenía 15 años entonces y estaba cursando noveno grado en el Liceo Hermano Miguel de la Salle. Durante el desarrollo de las manifestaciones, Neira se unió a una de las rutas que iba hacia la Plaza de Toros, a la altura de la Calle 26, y siguió el recorrido hasta la Calle 19, donde empezaron los desmanes con el Esmad. Investigaciones de la Fiscalía, reveladas durante las audiencias, indicaron que miembros de la Policía cercaron “en una especie de herradura” a un grupo significativo de manifestantes.
En medio de la respuesta policial, el agente del Esmad Néstor Rodríguez Rúa -como lo acaba de sentenciar la juez- disparó su lanzadora de gases truflay contra la multitud, sin la orden de sus superiores, y de frente contra quienes estaban protestando, cuando los manuales indican que los proyectiles de esa arma solo deben accionarse de forma parabólica y nunca de forma horizontal. Luego de que Rodríguez Rúa tomara esa decisión, a 20 metros, Nicolás Neira cayó tendido en el suelo producto del impacto, donde testigos durante las audiencias, tanto civiles como policías, explicaron que miembros del Esmad lo siguieron golpeando, a pesar de la prominente herida en su cabeza.
Quienes estaban en el lugar intentaron auxiliar al estudiante de 15 años y lo llevaron al Centro de Atención Medica Inmediata del barrio la Perseverancia, donde el médico que lo atendió lo remitió a la Clínica Saludcoop de la calle 104 con Autopista Norte. Sin embargo, Nicolás Neira no resistió las heridas causadas por el proyectil, el cual produjo una fractura de 26 centímetros que le atravesó desde la nunca hasta la sien, como se reveló en su necropsia. Medicina Legal dictaminó que la muerte del manifestante se puede configurar como violenta-homicidio.
A partir de ahí, cuenta Yuri Neira, padre de Nicolás Neira, hubo toda una odisea por lograr que la justicia actuara en este caso. “Tal como ha pasado en el caso de Dilan Cruz, se pidió en principio que el expediente fuera a la Justicia Penal Militar. Pero eso es una burla porque ahí no hay investigación y sin eso no hay condena. Después de dos años en esa justicia, un alto tribunal indicó que quien tenía que juzgar era la justicia ordinaria. Después se perdió el expediente y eso que pesaba como 20 kilos. Nos tocó pelear con la institución para que respondieran donde estaba. Les dijimos que les íbamos a llevar la prensa y al otro día apareció. Luego de eso pasó por varios fiscales, todos ellos nefastos”, aseguró el diálogo con El Espectador.
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Tal como lo cuenta Yuri Neira, el expediente por la muerte de su hijo ha tenido serios tropiezos y dilaciones, lo que conllevó a un desenlace que se demoró 15 años. Una de las pruebas claves para desenredar el asunto se presentó en 2017, cuando el comandante de la operación del Esmad de ese 1° de mayo, el mayor (r) Julio César Torrijos, pidió un interrogatorio ante la Fiscalía: “Yo encubrí lo sucedido (…) ese fue mi error y esa fue la única participación que yo tuve en este hecho”, confesó. Por testificar el encubrimiento de la institución en el caso, Torrijos fue condenado a 51 meses de prisión.
De acuerdo con su testimonio, durante el desarrollo de las manifestaciones, el mayor (r) escuchó un fuerte estruendo y vio cómo el cuerpo de Nicolás Neira estaba en el suelo. Entonces, vio al agente Néstor Rodríguez Rúa correr con el lanzador de gas truflay en la mano. “Inmediatamente le llamo la atención fuertemente de por qué dispara si eso se dispara a orden del comandante y que por qué tiene esa arma si él no está designado como gaseador”, explicó ante la Fiscalía. A los pocos días, Torrijos se enteró de que el joven de 15 años había muerto y se dirigió ante su superior, el mayor Fabián Mauricio Infante, quien le habría encomendado “organizar la gente” y “no dar declaraciones, ni decir que fue el Esmad”. Ahí se configuró la coartada.
En 2018, el agente del Esmad Néstor Rodríguez Rúa pactó un preacuerdo con la Fiscalía con el objetivo de aceptar su responsabilidad en los hechos, a cambio de recibir beneficios en su condena. En el documento presentado en su momento, el policía se declaraba culpable por la muerte de Nicolás Neira, siempre y cuando el hecho se calificara como un “homicidio culposo”, es decir, que se declare judicialmente que fue un accidente. Sin embargo, la defensa de Yuri Neira elevó una acción de tutela ante la maniobra, y logró frenar esa negociación.
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“El peor de todos los fiscales fue Juan Carlos Molina, que terminó siendo prácticamente el abogado ad hoc del policía investigado. Incluso trató, con todos sus medios, hacer preacuerdos para que saliera libre. Eso lo tumbamos con el Consejo Superior de la Judicatura, tribunal que también pidió que nos ofrecieran perdón. Antes de eso tuvimos otro fiscal, Orduz, que se reunía a puerta cerrada con los sindicados y cuando lo denunciamos dijo que ‘tenía mucho trabajo y se le había olvidado’. Hubo un fiscal que duró un mes, quien nos dijo que era un problema político, en el cual había tentáculos que no querían que la Policía perdiera”, concluyó Yuri Neira en entrevista con este diario.