El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Duarte Orjuela informó que será la fiscalía 61 de derechos humanos la encargada de adelantar las investigaciones en contra de un grupo de militares por las irregularidades que rodearon la muerte de un campesino en zona rural del municipio de San Juan de Arama, Meta en supuestos combates.
La decisión se tomó al resolver un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar para investigar los hechos registrados en septiembre de 2007 en los que el jornalero murió en el marco de un operativo adelantado por el grupo Gaula del Ejército.
En el informe los militares indicaron que la muerte se había presentado cuando se realizaba un operativo por una extorsión de la que era víctima un ganadero de la región por parte de la guerrilla de las Farc.
En este sentido indicaron que el campesino había muerto puesto que hacia parte de dicho grupo guerrillero, sin embargo, debido a las "dudas de la veracidad de los combates y las circunstancias de la muerte será la justicia ordinaria la encargada de investigar estos hechos".
En la misma decisión se presentó una compulsa de copias ante la demora de más de cinco años de la Fiscalía para surtir el trámite correspondiente, lo cual solo se hizo el 7 de noviembre de 2012 por lo que el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta adelantará las indagaciones disciplinarias pertinentes.