Justicia ordinaria llevará casos de violencia intrafamiliar en comunidades indígenas

Esto debido a la trascendencia del tema.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le asignó a la Jurisdicción Ordinaria la competencia para procesar a un indígena de la comunidad de Guachacal que maltrató físicamente a su compañera sentimental en un resguardo del departamento de Nariño.

Según la determinación, pese a que tanto el procesado como su víctima pertenecen a la misma comunidad indígena, los hechos se describen como un caso de violencia intrafamiliar por lo que “no le es inherente a la cultura indígena”.

En este sentido se indica que dicho delito debe ser estudiado por la justicia ordinaria debido a la “trascendencia social que genera”, puesto que la ley busca la protección de la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

“Si bien las comunidades indígenas legalmente establecidas tienen el derecho de juzgar a sus congéneres, tal prerrogativa se pierde cuando se trata de proteger un valor constitucional superior, como lo es, por ejemplo y para el caso en particular, el de la dignidad humana”, precisa uno de los apartes de la sentencia.

En el fallo señala que la dignidad humana es base fundamental del actual ordenamiento jurídico, a la que debe dársele la importancia para que permanezca inalterada ante cualquier situación, sin distingo de raza, religión, sexo, creencias y color, derecho que está asociado indisolublemente con el de la vida.

“De asignarse el conocimiento de la investigación del delito de violencia intrafamiliar del cual se acusa al comunero Cuaces Tutalcha, a la comunidad a la cual pertenece, sería tanto como patrocinar la impunidad, pues nótese que la ofendida, según lo afirmó, lleva 42 años siendo objeto de maltratos físicos, sin que las autoridades indígenas hayan tomado cartas en el asunto, y es claro que es un derecho de la víctima que se juzgue a su agresor, y es deber del Estado protegerla”, se aclara.

Para la Judicatura en Colombia las autoridades indígenas no tienen facultades absolutas, puesto que se debe proteger y privilegiar la defensa de la dignidad humana de las minorías.