Justo antes de comenzar el juicio, caso de Nicolás Neira terminaría en preacuerdo

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El patrullero del Esmad de la Policía Néstor Rodríguez Rúa aceptó haber matado al joven de 15 años en 2005 con una bala de gas lacrimógeno, pero sin intención. Familia Neira pide que se recuerde lo que ha dicho la Corte Constitucional: los preacuerdos no aplican cuando las víctimas son menores de edad.

El próximo 5 de junio, Néstor Rodríguez Rúa, patrullero del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía), se verá de nuevo cara a cara con los abogados de Yury Neira, padre de Nicolás Neira, un joven de 15 años que murió en una manifestación del Día Internacional de los Trabajadores en 2005. Neira, comprobaría luego Medicina Legal, murió como consecuencia del golpe de una bala de gas lacrimógeno en su cabeza, disparada por Rodríguez Rúa. Ese 5 de junio, se espera, el uniformado pedirá perdón a Neira, quien está exiliado desde hace varios años por su seguridad.

De ello depende que la jueza del caso dé luz verde al preacuerdo. Pero el pacto al que llegaron Rodríguez Rúa y la Fiscalía casi tres lustros después del fallecimiento del menor de edad, cuando todas las pruebas y testimonios estaban sobre la mesa listos para ir a juicio, tiene indignados a Neira y a sus defensores. El preacuerdo indica que el homicidio no fue doloso (con intención), sino culposo (involuntario). "Es absurdo: ¿14 años de investigación para un preacuerdo? ¿Cuando ya teníamos todo para el juicio?", reclama Germán Romero, abogado de Nury Neira.

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La esperanza de la familia Neira reside en la tutela que presentaron sus abogados ante la Corte Suprema de Justicia para tumbar el preacuerdo. En ella, le recuerdan al alto tribunal que la Corte Constitucional, ya sentó un precedente sobre este tema, al revisar un caso de abuso sexual contra dos hermanas menores de edad. Su madre, una mujer de escasos recursos, reclamó porque la Fiscalía llegó a un preacuerdo con los abusadores. "La intención de [la Ley de Infancia es] no permitir este tipo de negociaciones en delitos que involucran a menores de edad".

El pasado 23 de abril, la Sala Penal de la Corte declaró improcedente la tutela, pues consideró que el proceso aún no está culminado. En teoría, el preacuerdo está aprobado: así lo decidió el Tribunal Superior de Bogotá el 10 de diciembre de 2018, tras la negativa de la jueza 18 Penal del Circuito. El lío es que esta semana, cuando debía quedar ya claro que el preacuerdo iba y se esperaba que el patrullero Rodríguez Rúa pidiera perdón, el fiscal del caso señaló que, ante la ausencia de Nury Neira, el uniformado pediría perdón allí mismo, sería grabado y el CD sería enviado al padre de la víctima.

Esa petición colmó la paciencia de los abogados de Neira, quienes exclamaron que lo mínimo que debía hacer el patrullero era pedir perdón directamente a la familia a la que causó tanto daño. La jueza estuvo de acuerdo. Ese acto de perdón, se supone, tendrá lugar el próximo 5 de junio. La familia Neira, no obstante, espera que la impugnación de la tutela en contra del preacuerdo salga a su favor, o que, cuando el proceso llegue a la Corte Constitucional, esta recuerde su propia jurisprudencia y deje sin piso el pacto entre Rodríguez Rúa y la Fiscalía.

Esta es la historia de una muerte violenta, ocasionada por un agente del Estado, que ante los primeros visos de cierre tras 14 años en la impunidad, parece dar un paso atrás.

La muerte de Nicolás

Nicolás Neira tenía 15 años cuando fue a una protesta por primera vez. El 1° de mayo de 2005 salió a marchar a las calles de Bogotá por el Día del Trabajo. La ruta, una de las más usuales en este tipo de movilizaciones, iba desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de Bolívar. Neira y sus amigos se unieron a la manifestación en la Calle 26 y se quedaron en la parte de atrás. Cuando llegaron a la Calle 19, empezaron los desmanes.

“Personas lanzaban latas de pintura a los del Esmad, la gente empezó a correr, a dispersarse, los del Esmad hicieron una especie de herradura como encerrando a los últimos integrantes de la marcha”, dijo la Fiscalía. El agente del Esmad Néstor Rodríguez Rúa disparó su lanzadora de gases hacia la multitud “sin la orden de su superior” y “de frente contra quienes estaban aglutinados en la marcha”. A 20 metros, Nicolás Neira cayó tendido sobre su cabeza sangrante.

Quienes estaban cerca intentaron auxiliarlo y lo llevaron al Cami de La Perseverancia, a unas pocas cuadras. El médico que lo atendió vio la herida de dos centímetros que tenía al costado izquierdo de su cabeza y lo remitió a una clínica. Allí estuvo internado hasta el 6 de mayo, cuando falleció producto de una fractura de 26 centímetros que le atravesaba la cabeza desde la nuca hasta la sien, reveló su necropsia. El dictamen del médico legista señalaba, además, que esta herida “pudiera ser causada por el impacto de una cápsula contenedora de gas de las que usualmente se disparan con los trufly —lanzadoras de gas— usados por el Esmad”.

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El encubrimiento del Esmad

Cuando el comandante de la operación del Esmad de ese 1° de mayo, el mayor (r) Julio César Torrijos, se dio cuenta de que un joven había caído tras un fuerte estruendo, se dio la vuelta y vio a Rodríguez Rúa correr con el lanzador de gas en la mano. “Inmediatamente le llamo la atención fuertemente de por qué dispara si eso se dispara a orden del comandante y que por qué tiene esa arma si él no está designado como gaseador”, aseguró años después Torrijos. Rodríguez Rúa no le respondió y el mayor (r) se acercó para intentar auxiliar a Neira, pero no fue bien recibido por los manifestantes que ya lo ayudaban.

El disgusto se tornó en una discusión entre miembros del Esmad, en cabeza de Torrijos y su superior, el mayor Fabián Mauricio Infante, contra manifestantes que estaban cerca, por quién debería llevar a Neira a un centro médico. Un funcionario de la Defensoría del Pueblo que vigilaba la marcha se acercó y les ordenó a Torrijos e Infante que permitieran a los manifestantes llevarse al menor, pues así tendría más garantías. De esa forma sucedió y, según ha contado el mayor Torrijos, al manifestarle al mayor Infante que Rodríguez Rúa había herido a Neira, este le dijo: “Deje eso así”.

A los pocos días, Torrijos se enteró de que el joven protestante había muerto. Fue a las oficinas del comando del Esmad y le preguntó personalmente a su superior, Infante, “¿qué hacemos con esto?”, a lo que el mayor le dio una nueva orden: “Organice a su gente para que sepan cómo iban en la marcha y que no vayan a dar declaraciones diferentes y se vaya a decir que fue el Esmad el que ocasionó el hecho”.

Así las cosas, Torrijos reunió a sus hombres y les dio instrucciones de qué decir, quién estaba dónde y cómo fue la formación, para que entre lo dicho por cada uno no hubiera contradicciones. Cuando las autoridades comenzaron a investigar lo sucedido, lo dicho por los compañeros de Rodríguez Rúa lo salvó y pudo permanecer impune durante varios años.

En 2017, 12 años después de la muerte de Nicolás, Torrijos pidió un interrogatorio ante la Fiscalía y prendió el ventilador. “Yo encubrí lo sucedido”, confesó, “ese fue mi error y esa fue la única participación que yo tuve en este hecho”. El ente investigador le imputó el delito de homicidio por favorecimiento y desde septiembre de ese año se encuentra en la cárcel, pues el juez lo condenó a 51 meses privado de la libertad.

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El preacuerdo del agente que mató a Nicolás

La Fiscalía asegura que Rodríguez Rúa “sabía por su capacitación, entrenamiento y experiencia en el Esmad, el efecto de los gases que se disparaban y más aún el efecto de disparar en línea recta”. Por esto, al agente policial le imputaron el delito de homicidio con dolo eventual, cargo que no aceptó.

En 2018, el exagente del Esmad pactó un preacuerdo con el ente investigador para aceptar su responsabilidad en los hechos, a cambio de beneficios en la condena. Ese documento, conocido por El Espectador, asegura que Rodríguez Rúa se declara culpable de la muerte de Nicolás Neira, pero que el hecho deberá calificarse como un “homicidio culposo”. Es decir, a cambio de reconocer que sus acciones sí acabaron con la vida del joven de 15 años, el hombre pide que se declare judicialmente que se trató de un accidente. Además, Rodríguez Rúa se compromete a pedir perdón público a la familia de la víctima.

El próximo 5 de junio se sabrá, entonces, en qué condiciones es que el patrullero Rodríguez Rúa pedirá perdón a la familia Neira.

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