Juzgado 28 de conocimiento de Bogotá decidirá el futuro judicial de Álvaro Uribe

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La Fiscalía confirmó que el Juzgado 28 con función de Conocimiento de Bogotá estudiará la solicitud de preclusión presentada por el fiscal Gabriel Jaimes, para archivar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El expediente por supuesto fraude procesal y soborno en actuación penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe, el cual ha sido toda una controversia durante los últimos meses, ya tiene despacho judicial para su desarrollo. El Juzgado 28 penal con función de Conocimiento de Bogotá, tras sorteo del centro de servicios judiciales de Paloquemao, será el encargado de estudiar la reciente petición del fiscal del caso, Gabriel Jaimes: precluir la investigación contra el líder natural del Centro Democrático.

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Para el fiscal Gabriel Jaimes, quien asumió la investigación de Uribe Vélez tras su renuncia al Congreso, en agosto de 2020, las conductas por las cuales se vinculó al exsenador a una investigación penal “no tienen características de delito, y otros que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”. Sin embargo, será el Juez 28 de Conocimiento quien tomé la próxima decisión, pues procesalmente se trata de una solicitud que puede ser debatida en una audiencia que cuente con todos los intervinientes del caso.

Eventualmente el Juez 28, en audiencia que aún no ha sido programada, podría validar los argumentos que Gabriel Jaimes le exponga, en medio del lío judicial más importante del último tiempo. Sin embargo, ante la intervención de los defensores de Iván Cepeda, quien funge como víctima en el expediente, el funcionario judicial podría concluir que sí hay méritos para llevar a juicio penal al expresidente Uribe Vélez. Jaimes tardó cuatro meses en tomar su decisión, luego de que el Juez Cuarto Penal de Circuito decidió, el pasado 6 de noviembre, que el exmandatario estaba formalmente imputado.

Claro está que, aunque la decisión próxima del Juez 28 es relevante en el proceso, su determinación no representa la última palabra. Haciendo un trazado de las posibilidades, será el Tribunal Superior de Bogotá el despacho judicial que defina si Álvaro Uribe puede ir a juicio penal, pues sea cual sea la orden del Juez 28, las partes pueden apelar la decisión y enviar los papeles a su superior inmediato. En el ajedrez judicial entre Uribe y Cepeda aún hay pasos por seguir y los defensores de cada protagonista ya están afilando sus argumentos.

En entrevista con RCN Radio, el penalista Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, explicó el trámite procesal que sigue, ahora que el centro de servicio de Paloquemao le pasó la pelota al Juzgado 28 de Bogotá: “La audiencia (para evaluar la preclusión) podría programarse por lo usual entre 15 días y 30 días. Yo creo que 60 sería lo máximo. Y luego el Tribunal Superior de Bogotá, en sede de apelación, podría tomarse desde un mes hasta tres meses según la carga de trabajo para concluir el proceso. Lo importante es que la Fiscalía se decantó por una tesis, que es un criterio independiente, que refleja la realidad de los elementos probatorios”, dijo en entrevista.

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El senador Iván Cepeda, por su parte, anunció que presentará una denuncia penal contra el fiscal Gabriel Jaimes por el delito de prevaricato por acción y omisión, es decir, según la víctima reconocida, el investigador del caso habría actuado en forma arbitraria al pedir la preclusión del expediente. Durante los últimos años, el senador del Polo ha denunciado que Álvaro Uribe habría sido crucial en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia. Entre ambos se acusan por utilizar falsos testigos durante el proceso investigativo.

“Algunas de las conductas contrarias al ordenamiento jurídico del fiscal Gabriel Jaimes son las siguientes. Primero, favorecer intereses del procesado al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto como protector, defensor y prácticamente abogado de Álvaro Uribe Vélez. Las posiciones de la Fiscalía son un espejo de las argumentaciones del imputado y su defensa”, explicó el senador Iván Cepeda. Además, el senador del Polo aseguró que Jaimes, en realidad, ha intentado durante su trabajo invalidar lo actuado por la Corte Suprema de Justicia.

La investigación contra Uribe, por supuesto fraude procesal y soborno en actuación penal, inició en 2018 ente la Corte Suprema. Luego de dos años, en los cuales el expresidente rindió indagatoria, la Sala de Instrucción de la alta corte tomó una decisión sin precedentes: ordenó, el 3 de agosto de 2020, la detención preventiva y domiciliaria del expresidente. Ante la determinación, el entonces senador renunció al Congreso y se armó todo un lío judicial por conocer si el caso seguía en la Corte Suprema o era tomado por la justicia ordinaria. Hoy las carpetas están en el segundo lugar, sin embargo, tras cuatro meses de estudio, la Fiscalía sustentará porqué el expresidente no debe afrontar el juicio.

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