'Kiko' Gómez, en Bogotá

El mandatario, investigado por presuntos vínculos con el paramilitarismo, las bandas criminales y participación en tres homicidios, fue trasladado ayer a la capital.

El investigado gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, a su llegada al Puente Aéreo, en Bogotá. / Andrés Torres - El Espectador

Hoy rinde indagatoria el gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, mejor conocido como Kiko Gómez, como parte de los procesos que se le llevan por sus supuestos vínculos con los paramilitares de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y con la banda criminal de Marcos Figueroa, alias Marquitos, y por su presunta participación en los homicidios del concejal Luis López Peralta, ocurrido en Barrancas —cuna y fortín político de Gómez— en 1997, y de los ciudadanos Luis Alejandro Rojas Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, perpetrados el 7 de julio de 2000 en Mamonal, zona rural de Fonseca (La Guajira).

Ayer, el gobernador fue trasladado de un centro hospitalario de Valledupar —donde se encontraba por supuestas dolencias— a Santa Marta. Y allí, cerca de las 8:30 de la mañana, abordó un avión que lo trajo a Bogotá. El mandatario fue recibido a las 11 de la mañana en el Puente Aéreo por cuatro agentes de la Policía y siete miembros del CTI que luego lo trasladaron al búnker de la Fiscalía, donde permanecerá recluido hasta que se defina su situación.

En un comunicado, el gabinete del gobernador Gómez aseguró que “en este crucial momento le brinda absoluto respaldo y solidaridad” a Gómez y su familia. Mientras tanto, su secretario privado, Róger Mario Romero, funge como gobernador encargado de La Guajira. De hecho, Romero presidió el consejo de seguridad realizado ayer debido a tres atentados perpetrados este fin de semana en ese departamento, uno de ellos contra el tren carbonero, que produjo la pérdida de 4.730 toneladas de este mineral.

Por otro lado, sigue la controversia por supuestas agresiones cometidas por parte del esquema de seguridad del gobernador en contra de los agentes del CTI que intentaron capturarlo el pasado 12 de octubre en su casa en Barrancas (La Guajira).

De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, el gobernador les dijo a los agentes que entraran a la residencia y cuando éstos lo hicieron, los escoltas de Gómez los golpearon e impidieron que el mandatario fuera detenido. El CTI anunció una investigación para esclarecer estos hechos y si hubo agentes de la Policía involucrados en ellos.

Por medio de un comunicado, la Policía indicó que “jamás obstaculizó el procedimiento adelantado por la Fiscalía. De hecho, el propio director de la Policía, general Rodolfo Palomino, ordenó el desplazamiento a Barrancas de los comandantes de Policía de Cesar y La Guajira, con el fin de apoyar y garantizar el procedimiento”.

Y agregó: “La malinterpretación difundida por algunos moradores de la región, se funda en la eventual actuación de escoltas personales y varios simpatizantes del gobernador, quienes departían con el mandatario en el marco de las fiestas municipales de Barrancas. Es necesario hacer énfasis en que los escoltas que estarían involucrados en el suceso no pertenecen a la Policía”.

Ya con el gobernador en Bogotá, la fiscal Martha Lucía Zamora —quien lleva el proceso contra el mandatario— se apresta a escucharlo en indagatoria dentro del proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir y homicidio.

Paralelamente, se investiga al mandatario regional por la muerte del dirigente Henry Ustáriz Guerra, perpetrada el 2 de abril de 2008; la de su esposa, la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito Carrillo, cometida el 28 de agosto de 2012, en Valledupar, y la de Dinora Hernández Sierra, mejor conocida como La Chachi Hernández, el 20 de noviembre pasado.

Y, además, se investiga a Gómez por supuestas amenazas contra los periodistas Gonzalo Guillén, Claudia López y León Valencia, quienes revelaron los presuntos vínculos del gobernador de La Guajira con el criminal Marcos Figueroa García, alias Marquitos, señalado de ser quien controla el negocio del narcotráfico y el del contrabando de gasolina.

El ente investigador define si hay evidencias suficientes para llamar a Gómez —calificado por muchos como un gobernador de miedo— a imputación de cargos por estos hechos y si pide la medida de aseguramiento en su contra.