'Kiko' Gómez, destituido y en la cárcel

La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 17 años. Mientras tanto, en la Fiscalía avanzan las investigaciones en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

‘Kiko’ Gómez se encuentra recluido en la cárcel La Picota desde octubre. No asistió a la audiencia en la que la Procuraduría dictó su fallo disciplinario. / Andrés Torres

El hasta ayer gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, mejor conocido como Kiko Gómez, no asistió a la audiencia en la que la Procuraduría le dio una estocada a su cuestionada carrera política al destituirlo por 17 años debido a irregularidades en tres contratos. Por ello, Gómez sólo supo de su muerte política cuando la noticia le llegó a su celda en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se encuentra recluido desde octubre pasado en virtud del proceso que se adelanta en su contra por sus supuestos nexos con el paramilitarismo y con la banda criminal de Marcos Figueroa García, alias Marquitos. A Gómez lo investigan, además, por su presunta participación en los homicidios de Luis López Peralta, exconcejal de Barrancas (La Guajira), Luis Alejandro Rodríguez y Rosa Mercedes Cabrera, asesinados en un atentado en el año 2000.

Quizás fue por la ausencia de Kiko Gómez que alrededor del edificio en el que se llevó a cabo la lectura del fallo no se presentaron los incidentes de otras audiencias. La diligencia estuvo presidida por la procuradora delegada Irma Trujillo, quien fue vehemente al decir que Gómez incumplió sus funciones como gobernador e incurrió por lo menos en tres fallas graves al no evitar serias irregularidades en tres contratos. “El gobernador fue gravísimamente negligente y violó principios que son pilares constitucionales”, sostuvo Trujillo. El primero de los tres contratos se refiere a la prestación de servicios de seguridad en el departamento de La Guajira, otro a la construcción de unas vías en Fonseca y el último a la realización de una serie de análisis para la prestación del servicio de salud en el departamento.

En el primero de ellos, el Ministerio Público encontró que Gómez favoreció de forma irregular a una empresa de seguridad, Covisegua, para que ésta se quedara con la prestación del servicio de seguridad para los funcionarios de la Gobernación. En el pliego de condiciones se estableció que la empresa, cuya sede estaba ubicada en Riohacha, iba a recibir una mejor calificación en la competencia por el contrato. Esto sólo beneficiaba a una empresa que fue la que al final se quedó con el contrato por $970 millones.

En el segundo de los casos, la Procuraduría encontró evidencias de que la licitación para la realización de unas obras en Fonseca no fue transparente, debido a que la Gobernación solicitó a los oferentes un documento que no era necesario presentar; puntualmente, el certificado de visita al lugar de la obra. Con la solicitud de este documento, el gobernador puso en riesgo la implementación del referido contrato y al no hacer nada por remediar la situación incumplió sus funciones de primer mandatario del departamento.

Y en el último caso, el gobernador fue encontrado responsable de contratar en forma directa a una empresa, Soluciones y Limitada, para que realizara una serie de análisis enfocados a la buena prestación del servicio de salud en La Guajira por un valor de $348 millones. Para este contrato, el gobernador tenía que convocar a un concurso y no lo hizo, irregularidad que fue considerada como una falla gravísima.

Aunque el gobernador fue absuelto en lo relacionado con un contrato para la construcción de vías en La Guajira, por valor de $49.000 millones, las tres fallas mencionadas fueron suficientes para sancionarlo con 17 años de inhabilidad. No obstante, la Procuraduría va a seguir investigando el contrato por el que Kiko Gómez fue absuelto para esclarecer si algunos funcionarios de su gabinete incurrieron en irregularidades durante la implementación del mismo. Esta decisión del Ministerio Público se constituye en un nuevo revés para Gómez, quien afronta un proceso penal que lo ha puesto en el ojo del huracán. Las autoridades señalan que desde 1997 ha estado vinculado a varios delitos y que tiene nexos muy cercanos con la criminalidad de La Guajira. Puntualmente, con Marcos Figueroa García, alias Marquitos. De hecho, la Fiscalía se apresta a procesar a Gómez por otros tres homicidios que habrían sido perpetrados por la banda de Marquitos y el destituido gobernador. Se trata de los asesinatos de Henry Ustáriz y su esposa, Yandra Brito, quien en su momento denunció que tras el homicidio de su pareja estaban las manos criminales de Kiko Gómez.

De la misma forma se investiga si el destituido gobernador o el mismo Marquitos estuvieron detrás del asesinato del médico Jorge Daza, perpetrado en Barranquilla el pasado 24 de enero. Daza era medio hermano del exrepresentante a la Cámara y excandidato a la Gobernación de La Guajira Vladimiro Cuello Daza, quien no dudó en señalar que las razones del homicidio de su familiar fueron políticas. Cabe recordar que Cuello fue, precisamente, el candidato perdedor en las elecciones en las que Kiko Gómez resultó ganador. El prontuario por el que se investiga a Gómez es tal que algunos medios de comunicación no han dudado en llamarlo un “gobernador de miedo”. Mientras tanto, La Guajira vive entre la interinidad y la constante amenaza de la banda de Marquitos, que al parecer controla el mundo criminal de esa región y se ha impuesto a punta de balas.

 

 

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